SANTO DOMINGO.- Una posible modificación a la Ley de Residuos Sólidos vuelve a colocarse sobre la mesa, luego de que representantes del sector empresarial y legisladores sostuvieran una reunión la pasada semana, para analizar el impacto de las altas tarifas establecidas en la normativa vigente.
Según la información de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en el encuentro participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, junto a representantes del sector empresarial y funcionarios del área económica, con el objetivo de “buscar una solución a las altas tarifas de la contribución voluntaria obligatoria que establece la Ley 225-20, modificada por la Ley 98-25”.
De acuerdo con el comunicado remitido a sectores empresariales, durante la reunión se planteó que los montos actuales de esta contribución resultan elevados para diversas actividades económicas, lo que ha motivado la discusión de ajustes a la normativa.
Acuerdo mientras se discute una modificación
Según informó la institución, uno de los principales acuerdos alcanzados con la DGII establece que, mientras se logra una solución consensuada y el Congreso Nacional conoce una eventual modificación, las empresas deberán proceder con la presentación de sus declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025.
En ese sentido, el documento indica que “aun cuando se generen las autorizaciones de pago de los Residuos Sólidos, el valor generado no será pagado el 30 de abril, en lo que el Congreso aprueba la modificación de las tarifas”.
Asimismo, se precisa que otros compromisos fiscales, como el Impuesto sobre la Renta (IR-2), el 1 % de los activos productivos y los anticipos, deberán cumplirse de manera regular.
Medidas administrativas y créditos a contribuyentes
De acuerdo con la información suministrada, la DGII realizará ajustes en su sistema para evitar la aplicación de recargos durante este proceso.
“El valor generado no será pagado en lo que el Congreso aprueba la modificación de las tarifas”, señala el documento, al tiempo que agrega que la entidad “va a proceder en el sistema para que no se generen recargos”.
Además, se establece que aquellos contribuyentes que ya hayan realizado pagos bajo los montos actuales recibirán un ajuste. En ese sentido, se indica que “a quienes pagaron 675 mil pesos o el valor de la Ley 98-25, le será acreditado el valor resultante de la nueva tarifa de la modificación de la ley y el valor pagado”.
Contexto: una ley con aumentos significativos
El debate surge tras la entrada en vigencia de la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre gestión de residuos sólidos, y que introdujo significativos incrementos en la contribución especial que deben pagar las empresas.
Como reseñó previamente El Inmobiliario, la normativa establece montos que van desde RD$3,000 hasta RD$675,000 anuales, dependiendo del nivel de ingresos reportados por las entidades ante la DGII, con incrementos que sobrepasa hasta el 500 % de los montos anteriores.
Según lo dispuesto en la legislación, estos aportes están destinados a financiar la gestión integral de residuos, incluyendo estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y otros proyectos vinculados al manejo de desechos.
Proceso en manos del Congreso
De acuerdo con lo informado, la eventual modificación de las tarifas dependerá del consenso que se logre en el Congreso Nacional, donde deberán discutirse los ajustes planteados por los sectores involucrados.
Mientras tanto, las autoridades fiscales y los representantes empresariales mantienen abierto el proceso de diálogo, en busca de una solución que permita revisar los montos establecidos sin afectar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
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