Históricamente República Dominicana ha sido un país con un mercado donde la especulación norma en muchos casos los precios de sus productos y donde con apenas una brisita, los negocios asumen tempestades y los incrementan de manera ligera y sin justificación.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ( PRO CONSUMIDOR), es el organismo estatal que se encarga de establecer y reglamentar las políticas, normas y procedimientos necesarios para la protección efectiva de los derechos de los consumidores en el país.
Pero los “intentos” de ese organismo siempre se quedan cortos y salvo escasas excepciones, sus ejecutorias no pasan de meras relaciones públicas, mientras la avalancha de un comercio despiadado sigue su curso, acostumbrado a actuar sin límites ni regulaciones y donde se fomenta la cultura del ganar a costilla de un pueblo callado, que perdió toda capacidad de asombro.
Es muy cierto que los precios de los materiales de construcción por diferentes factores han registrado alzas. La COVID-19 alteró el orden mundial, generó una crisis inesperada y para la que ningún país estaba preparado. No podía una hecatombe de esa magnitud pasar desapercibida. Todos nos preparamos para las previsibles consecuencias que un confinamiento general desataría.
La obligatoria paralización del transporte de carga desde China, país donde se originó el primer caso del virus, el incremento de los costos en los fletes; entre obvias razones empezaron a producir una escalada alcista en los productos a nivel general, y de la que el sector construcción se ha mantenido en primera fila.
Todos los materiales que se necesitan para levantar una edificación han subido a niveles alarmantes. Una cadena interminable de alzas se registra cada semana y entre comunicados, quejas y pronunciamientos el gobierno no ha tenido ninguna reacción al festival que amenaza con poner en riesgo el techo de muchas familias dominicanas.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha sido el escenario perfecto para que los incrementos continúen su curso de manera desmedida. El acero que podría estar medianamente justificado, dado que una parte proviene de Ucrania, se vende a 83 mil pesos el atado. Constructores consultados por este diario establecen que hace apenas un año costaba 55 mil pesos y que en plena pandemia subió sin ninguna justificación.
El cemento, principal material que interviene en el proceso de construcción sigue igualmente su escalada de alzas y se prevé que su precio experimente nuevamente incrementos entre 15 y 20%, si es que a estas alturas de la semana no se ha producido.
Cada sector buscará razones para sus alzas algunas justificadas, otras exageradas y hasta abusivas; y todos apelarán a sus intereses porque nadie querrá poner en riesgo su capital y sus ganancias; además los especuladores hacen fiesta y tienen que aprovechar las desgracias para lucrarse porque esa es su especialidad.
Como siempre, el que más pesado cargará es el adquiriente de la vivienda, ese que ha pospuesto planes y ha añadido horas extras para extender sus ingresos y asegurar un techo para su familia y su vejez y que tendrá que deshacer su sueño de alcanzar una cobija propia.
Las asociaciones que agrupan el sector construcción emitieron el pasado martes un comunicado, sometiendo una serie de propuesta al gobierno, para mitigar los efectos de la inminente alza de la vivienda.
El gobierno debe reaccionar en lo inmediato y buscar alternativas que pongan freno a las significativas alzas que semana tras semana se producen en los materiales de construcción y que sin dudas, afectarán el dinamismo, el crecimiento del sector durante este 2022 y, por supuesto, pondrá en jaque muchas familias dominicanas que verán truncados sus planes de compra de una vivienda, un bien básico y un derecho que le asiste a cada ser humano.
De nada vale haber creado un Ministerio de la Vivienda y anunciado con bombos y platillos programas de viviendas para contrarrestar el déficit habitacional en el país, si se mantiene el actual festival de incrementos, donde un alza arrastra varias y ante un país con un comercio actuando a sus anchas y sin control.
