“No pedimos pagos sin control. Pedimos depuración seria, validación documental y pago justo de obras reales ejecutadas para el Estado”, expresó Emiliano Familia
SANTO DOMINGO.- El vocero del Comité Institucional Codiano (CIC), Emiliano Familia, afirmó ayer que el proyecto de ley de pago a contratistas aprobado por el Congreso Nacional no busca legalizar irregularidades, sino dar respuesta a deudas acumuladas por obras ejecutadas por el Estado.
Tras los cambios aplicados por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó el pasado miércoles en única discusión el proyecto de ley que pagaría las deudas viejas por obras ejecutadas con o sin contrato, a un grupo de contratistas que mantienen reclamos desde hace más de 30 años exigiendo el pago de la misma.
“No es una ley para pagos ilegales. Son obras construidas, entregadas y en uso por el pueblo. Lo ilegal es que el Estado no pague lo que debe. Lo injusto es que ingenieros envejezcan esperando y mueran como es el caso de 18 contratistas del CIC”, dijo en declaraciones para El Inmobiliario.
Familia explicó que la iniciativa tiene como objetivo reconocer, depurar, sanear y pagar deudas contractuales, al tiempo que rechazó los cuestionamientos sobre posibles violaciones al régimen legal vigente.
“No pedimos pagos sin control. Pedimos depuración seria, validación documental y pago justo de obras reales ejecutadas para el Estado”, indicó.
El vocero también expresó confianza en que el Poder Ejecutivo promulgará la ley, al recordar que el pago de estas deudas fue una promesa del presidente Luis Abinader antes de asumir el cargo.
Precisó que en el año 2020 el Comité Institucional Codiano fue convocado para tratar el tema; sin embargo, la pérdida de documentos en distintas instituciones limitó los desembolsos por parte del entonces Ministerio de Hacienda.
Nueva versión incorpora más contratistas
Sobre los cambios introducidos al proyecto de ley, explicó que la versión aprobada incorpora a contratistas vinculados a obras de remoción realizadas por el Ministerio de Educación (MINERD), además de incluir ajustes orientados a fortalecer la seguridad jurídica y la justicia material.
Asimismo, señaló que se definieron con mayor claridad las fuentes de financiamiento para cubrir los pagos, uno de los aspectos que había generado cuestionamientos en versiones anteriores.
Familia insistió en que el proyecto busca resolver una deuda histórica con el sector construcción, garantizando un proceso transparente y sustentado.
Cambios en la nueva ley
Mientras la anterior propuesta reconocía de forma directa un conjunto de deudas y ordenaba su pago a 571 contratistas ya identificados, el nuevo proyecto cambia el enfoque y crea una comisión que deberá revisar cada reclamación antes de autorizar cualquier desembolso.
Esta comisión, según el proyecto, tendrá la facultad de rechazar solicitudes o reducir los montos reclamados, pero no podrá incluir nuevos beneficiarios.
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