Entre urgencia, votos oficialistas y un documento de 99 páginas sin lectura, la Cámara Baja revive una deuda histórica con contratistas, marcada por tragedias humanas, objeciones constitucionales y décadas de pagos pendientes
SANTO DOMINGO. – En el hemiciclo de los Diputados, la escena se repitió ayer con una mezcla de prisa y silencios incómodos: un proyecto voluminoso, introducido el día anterior, declarado de urgencia, liberado de lectura y aprobado en primera discusión sin debate profundo.
Así, la Cámara de Diputados dio paso ayer martes a una ley que busca resolver una deuda vieja, pero también abrir una discusión nueva: ¿puede el Estado pagar lo que nunca formalizó?
Pese a las protestas de los bloques opositores el proyecto de 99 páginas, sometido por Alfredo Pacheco, diputado por el Distrito Nacional y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), actual presidente del hemiciclo, fue aprobado sin lectura previa ni estudio en comisión.
Lo que dice el papelito
La pieza autoriza, de manera “excepcional y por única vez”, el reconocimiento, validación y pago de obras ejecutadas sin contrato formal, incluyendo ampliaciones no documentadas y trabajos adicionales realizados en obras al margen de los procesos legales ordinarios.
Para ello, los legisladores crearon una comisión encabezada por Hacienda, junto a Presupuesto, Contraloría y Contrataciones Públicas, que tendrá la tarea de verificar obras, depurar expedientes y autorizar pagos.
En lo formal, la ley intenta ordenar el caos. En lo político, lo acelera.
Regreso por la puerta de atrás
El proyecto no es una novedad ni mucho menos. Se trata de la segunda versión de una iniciativa que ya había recorrido el Congreso y que fue devuelta completa por el Poder Ejecutivo en enero pasado.
Aquella ley, aprobada también de urgencia, fue observada por el presidente por entender que incurría en violaciones a principios constitucionales, no estaba sustentada en una provisión de fondos, amén de la falta de certeza sobre la deuda a pagar.
El nuevo texto, según sus proponentes, incorpora sugerencias del Ejecutivo, pero, además de incluir las obras ya contempladas en la versión anterior, añade otras, principalmente vinculadas al sector educativo.
Sin embargo, mantiene el corazón del problema: legalizar “ex post facto” obligaciones que nacieron fuera del marco contractual del Estado.
La oscura deuda detrás del papel
Más allá del procedimiento legislativo, el tema tiene un trasfondo que trasciende lo jurídico.
Durante años, contratistas, en su mayoría pequeños ingenieros, han denunciado que construyeron obras para el Estado sin recibir pago, algunos casos que incluso se remontan a la década de 1990.
Ese atraso no solo generó litigios, sino que dejó un rastro más oscuro. En 2015, el suicidio del ingeniero David Rodríguez García, dentro de la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, destapó una trama de deudas, presiones y corrupción.
Agobiado por compromisos financieros derivados de una obra estatal, el profesional se quitó la vida, detonando uno de los mayores escándalos administrativos de la época.
Más recientemente, en 2026, un ingeniero denunció que al menos 19 profesionales se han suicidado y otros han muerto sin ver el pago de trabajos realizados para el Estado, en medio de deudas acumuladas y colapso económico personal.
Y se observa un patrón: obras entregadas, cuentas impagas, vidas quebradas.
Entre la justicia y el riesgo
Para el oficialismo, la ley es un acto de justicia tardía, mientras la oposición vislumbra un precedente peligroso.
Los críticos, desde el propio sector construcción y la clase política, advierten que la iniciativa no define con claridad el monto total a pagar, abre la puerta a validar deudas sin suficiente respaldo y puede comprometer fondos públicos sin controles estrictos.
Las advertencias no son abstractas. El vocero del Comité Institucional Codiano (CIC), creado para agilizar el cobro de la vieja deuda, Emiliano Familia, denunció que el Estado mantiene deudas millonarias con cientos de contratistas y reclamó un mecanismo formal de pago, advirtiendo sobre el impacto económico y humano de esos atrasos.
En el plano político, la exdiputada Guadalupe Valdez fue más allá al vincular directamente la falta de pagos, las deudas y las prácticas irregulares en obras públicas con esquemas de corrupción estructural, señalando que estos mecanismos empujaban a contratistas a endeudarse en condiciones insostenibles.
El propio historial del proyecto refuerza esas dudas: la versión anterior ya había sido cuestionada por ordenar pagos sin garantías de disponibilidad presupuestaria.
Urgencia, votos y páginas sin leer
La imagen que deja la sesión es contundente: una ley extensa, introducida de un día para otro, aprobada sin lectura, sin debate amplio y con la oposición en contra. Una ley que intenta cerrar una deuda histórica, pero que abre la interrogante institucional de si el Estado, en lugar de corregir sus fallas pagando con retraso, solo las legitima.
Porque detrás de cada cubicación pendiente no hay solo cifras. Hay historias, algunas de las cuales, incluso, interrumpidas demasiado pronto.
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