Repensar el vínculo entre pensiones y vivienda es, en esencia, una decisión de política pública
Por Francisco Tavárez
Especial para El Inmobiliario
El sistema dominicano de pensiones administra más de RD$1.3 billones, producto del ahorro de millones de trabajadores. Sin embargo, ese volumen de recursos convive con una realidad preocupante: el creciente déficit habitacional del país, estimado entre 1 y 1.2 millones de viviendas, y el progresivo deterioro del acceso a un techo digno para quienes generan ese ahorro ante el incremento de los insumos y materiales de la construcción, el precio del suelo y otros factores.
La paradoja es evidente. Mientras los fondos de los trabajadores contribuyen a financiar sectores de la economía, incluidos desarrollos inmobiliarios, una gran parte no puede acceder ni siquiera a viviendas de bajo costo que la DGII estimó para 2026 en RD$5.4 millones. Con salarios promedio de unos RD$34 mil en el sector formal, según datos de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la adquisición de una casa se ha vuelto, en muchos casos, una meta inalcanzable.
Este escenario plantea una pregunta impostergable: ¿puede el sistema de pensiones aportar beneficios, sin comprometer su rol futuro? La respuesta, desde la experiencia internacional, es sí. Y el punto de convergencia es claro: la vivienda social.
Promover el acceso a vivienda asequible no solo tiene un impacto social evidente, sino que representa una poderosa palanca económica para impulsar el crecimiento. El sector construcción aporta cerca del 14 % del PIB y posee uno de los mayores encadenamientos productivos internos. Impulsar la inversión en ese renglón no es solo política social; es desarrollo que influye en las capas sociales medias y bajas, así como en el tejido empresarial de la construcción y subsectores conexos.
Es posible articular iniciativas concretas que alineen el ahorro previsional con soluciones habitacionales: 1- La creación de un fondo especializado para vivienda de trabajadores, financiado con una fracción moderada de los recursos administrados por las AFP. Este fondo permitiría desarrollar proyectos con criterios sociales claros.
2- El establecimiento de fideicomisos de vivienda con mandato social. Aunque el instrumento financiero ya existe, su uso podría orientarse hacia proyectos con precios regulados, vinculados a los ingresos de los trabajadores y con acceso prioritario para afiliados al sistema. 3- La emisión de bonos de vivienda social, donde el Estado podría canalizar recursos de largo plazo hacia proyectos habitacionales, ofreciendo rendimientos estables a los fondos de pensiones y ampliando la oferta de viviendas a menor costo.
Finalmente, se puede considerar el uso parcial y regulado del ahorro individual para facilitar el acceso a la primera vivienda, ya sea como inicial o garantía. Este mecanismo contribuiría a reducir uno de los principales gastos del hogar y mejoraría el bienestar a lo largo del ciclo de vida.
El impacto de estas medidas sería múltiple: reducción del déficit habitacional, mejora del salario real al disminuir el peso de la vivienda, dinamización de la economía y fortalecimiento de la legitimidad del sistema de pensiones.
No se trata de desnaturalizar el sistema previsional, sino de modernizar su enfoque. El ahorro de los trabajadores debe contribuir no solo a garantizar su futuro, sino también a mejorar sus condiciones de vida en el presente.
Repensar el vínculo entre pensiones y vivienda es, en esencia, una decisión de política pública. Y, sobre todo, una oportunidad para alinear el desarrollo económico con el bienestar social.
El autor es académico e investigador UASD. Profesor de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES).
Contenido publicado originalmente en la edición 15 de El Inmobiliario impreso.
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