Haití y República Dominicana aunque comparten una isla siempre han vivido relaciones tensas y complejas. Para ambos gobiernos, en nuestro caso el dominicano, sin importar bandera, el tema haitiano representa un desafío a la hora de colocarse la banda presidencial.
No pasa mucho tiempo sin que el tema domínico-haitiano acapare las portadas de los diarios nacionales, por distintas causas, a veces razonables y otras por los grupos que de uno y otro bando provocan en forma permanente, desacuerdos entre los países vecinos.
Nuevamente los haitianos han ocupado la agenda nacional en las últimas dos semanas, esta vez por un hecho ocurrido en el complejo habitacional Ciudad Juan Bosch, localizado en Santo Domingo Este; donde presuntamente nacionales haitianos encabezaron hechos violentos contra miembros de la Dirección General de Migración, organismo que ha procedido a repatriar masivamente a trabajadores de la construcción que laboraban allí y a todos los haitianos residentes en la zona
El Gobierno, a través del Consejo Nacional de Migración (CNM), emitió en septiembre pasado una declaración pública en la que otorgó un plazo de tres meses para que las empresas y empleadores que han contratado a extranjeros de forma irregulares lo hagan acorde a los estatutos basados en la Ley 285-04 o Ley General de Migración.
El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, advirtió para entonces, que Interior y Policía y el Ministerio de Trabajo vigilarían los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establece la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados (80 % dominicanos y hasta un 20 % de extranjeros) por una empresa o persona en particular.
Es de rigor que las autoridades dominicanas fortalezcan los instrumentos migratorios para tener mejor control sobre el ingreso y estadía de los trabajadores haitianos, toda vez que se hace necesario asumir inspecciones rigurosas sobre la contratación de mano de obra extranjera, en cuanto a su proporción en relación con los dominicanos y su condición legal.
Pero también las autoridades están en la obligación de que dichos procesos se lleven a cabo sin que se incurran en violaciones a dichos inmigrantes, asegurando la plena garantía de sus derechos ciudadanos, y sin que medie abuso de poder ni discriminaciones.
La mano de obra haitiana en las construcciones dominicanas constituye una realidad, y aunque el Código de trabajo establece una 80% de contratación dominicana y 20% extranjera, lo cierto es que en lo referente a dicho sector esta proporcionalidad es inversa.
Dominicanos y haitianos estamos en la obligación de propiciar relaciones armoniosas y detener las pasiones de odio y rencor que por lo regular tienden a desatar estos episodios, en aras de preservar la paz y evitar nuevos hechos violentos.
