En el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y que involucra a 21 empresas, el Ministerio Público asegura que el movimiento de tierra de la Nueva Victoria costó sobre los RD$1,097,472,355, «en unos terrenos que no tienen títulos y llenos de humedales».
SANTO DOMINGO.- RD$ 450,325,131.90 en cubicaciones y pagos de partidas no ejecutadas, daños al medio ambiente, planos incompletos, instalaciones deficientes como el de agua potable y drenaje sanitario; alta presencia de humedad y un terreno inadecuado, forman parte del rosario de problemas citados por el Ministerio Público, acerca de las instalaciones de la Nueva Victoria, construida en la gestión de Jean Alain Rodríguez, dentro del «Plan de Humanización», para alojar 8 mil reclusos.
En el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y que involucra a 21 empresas, el Ministerio Público asegura que el movimiento de tierra de la Nueva Victoria costó sobre los RD$1,097,472,355, «en unos terrenos que no tienen títulos y llenos de humedales».
Sostiene la acusación que en la obra donde se «malgastaron más de 10 mil millones de pesos», tuvo un impacto ambiental citando la construcción de los centros de corrección de La Nueva Victoria, de Barahona y San Juan, donde se generó un “enorme impacto ambiental”, plantea la acusación del caso Medusa.
De acuerdo a la investigación llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pecpa), en los edificios del complejo de La Nueva Victoria, ubicados en el Paraje Las Parras, sección Mata de Palma, Municipio San Antonio de Guerra, se sepultaron “varios de los cuerpos hídricos”, violentando la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sostiene que los artículos que se infringen son los 129,136, y 137 de la referida ley de medio ambiente, relativos a zonificación hidrológica, conservación y aprovechamiento forestal.
“En tal sentido se deberá ejecutar un plan de remediación para garantizar el retorno del equilibrio ecosistémico en coordinación con la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así mismo se recomienda la realización de estudios de inundabilidad con modelos hidráulicos para valorar el riesgo de inundación para la consideración de alternativas de uso para las infraestructuras, en tal sentido se recomienda la cancelación de la Licencia Ambiental Núm. 0354-19”, destaca el Ministerio Público.
Cita que el Ministerio de Recursos de Medio Ambiente realizó un informe de inspección al proyecto CCR La Nueva Victoria, eje principal del Plan de Humanización.
El sistema de abastecimiento de agua potable y de drenaje sanitario, en cada uno de los proyectos de edificaciones de las mencionadas penitenciarías, “ha sido altamente deficiente a tal punto que: fueron construida cisternas de 16,000 galones en vez de 34,000 como estaban propuestas; deficiencia de agua en el manejo de los inodoros instalados, por tener mayor consumo por el tipo de aparato sanitario; en San Juan de la Maguana fueron demolidas edificaciones debido al rediseño del edificio por falta de oficinas durante el proceso constructivo. Agrietamiento en las paredes y juntas de columnas de la edificación producto de asentamiento de los edificios de comedor, de máxima seguridad y reflexión”.
Establece el Ministerio Público, en el expediente acusatorio que “por la alta presencia de humedad las estructuras del proyecto han sido permeadas, situación que a la postre puede provocar daños irreparables en las instalaciones y poner en riesgo la salud de los internos”.
Los terrenos tampoco eran factibles para la construcción por el gasto considerable que era adaptarlo para ser construido, “por ejemplo (La Nueva Victoria, CCR Barahona y CCR San Juan), con un enorme impacto ambiental y económico.
El Plan de Humanización, puesto en marcha por la gestión del exprocurador de Jen Alain Rodríguez para dignificar la situación carcelaria del país, según el Ministerio Público, “se trató de una acción tendente a poder adquirir mobiliarios, equipos y electrodomésticos, así como obtener elevadas sumas de dinero para su provecho personal mediante la obtención de sobornos de los adjudicatarios de las obras».
