En doce años Balaguer multiplicó el cemento sin reducir el déficit habitacional, y la vivienda social continuó funcionando más como argumento político que como política pública
SANTO DOMINGO. – Entre 1967 y 1978, en los terrenos aledaños al Hotel Embajador, el Estado dominicano construyó el proyecto que mejor resume las contradicciones de la política habitacional del primer período de Balaguer: Jardines del Embajador.
Diseñado por el arquitecto Pedro José Borrell Brentz, este conjunto fue el primer proyecto de viviendas de promoción pública en la República Dominicana en incorporar ascensores, y sus bloques más altos alcanzaron los diez niveles.
Lo que lo distinguía del resto de la producción habitacional del período no era solo su escala sino su destino: estaba dirigido a altos funcionarios del Estado.
La calidad espacial de las unidades y la riqueza de los materiales de terminación empleados lo colocaban, en palabras de Natalia Ulloa Cáceres, en una categoría que podría considerarse lujosa en comparación con lo construido en otros proyectos.
El contraste con los barrios de vivienda obrera resultaba notorio. Mientras en Mata Hambre y en el barrio General Antonio Duvergé se experimentaba con tipologías de volumetría sencilla y ejecución económica, pensadas para trabajadores y empleados de ingresos medios y bajos, en los terrenos del Embajador se construía para quienes tenían capacidad económica para gestionarse una solución habitacional en el mercado privado.
Ulloa Cáceres es directa al señalar este punto: la política de vivienda del período no concibió programas orientados a fomentar la coexistencia entre clases sociales, como se hizo en el contexto dictatorial, sino que el modelo fue de segregación explícita, con cada tipología y cada proyecto asignado a un perfil socioeconómico diferente, y a una localización diferente en la ciudad.
Las diferencias de costo
La tesis de Marcos Prados Martín sobre la modernización autoritaria en Ciudad Trujillo recoge que la vivienda más asequible en el Ensanche Rhadamés, destinado a altos funcionarios desde la era trujillista, tenía un costo mensual de cuarenta y un pesos dominicanos, frente a los trece con setenta y cinco que costaba una vivienda en los barrios de Mejoramiento Social cercanos a la ciudad colonial.
Esa brecha, institucionalizada desde el período anterior, se perpetuó y amplió bajo Balaguer. El criterio de asignación no era la necesidad sino el perfil del beneficiario dentro de la estructura del Estado.
El sector en el que se construyó Jardines del Embajador no fue elegido al azar, ya que en los alrededores del Hotel Embajador, inaugurado en 1942 durante el régimen de Trujillo como símbolo de modernidad y apertura al turismo internacional, se había ido configurando a lo largo de los años cincuenta y sesenta como uno de los corredores de mayor valor de suelo de la capital.
La construcción de un conjunto habitacional de lujo en esa zona respondía tanto a una lógica de distinción social como a la dinámica de especulación inmobiliaria que el propio modelo de desarrollo de Balaguer fomentaba.
La ciudad se iba organizando en torno a una nueva centralidad que desplazaba hacia el oeste el eje de poder y consumo, y Jardines del Embajador formaba parte de ese desplazamiento.
Los autores reconocidos
La producción arquitectónica de la segunda generación de arquitectos dominicanos, activa en ese mismo período, refleja la diversidad de escalas y destinatarios de la construcción de los años sesenta y setenta. El arquitecto Edgardo Vega Malagón, formado en la Universidad de Santo Domingo y luego en Italia donde amplió sus conocimientos con contacto directo con las corrientes del movimiento moderno, realizó en esos años obras como la sede de la Alcoa en Cabo Rojo y la Superintendencia de Bancos, donde aplicó el concepto de planta libre que aprendió de Le Corbusier y Mies van der Rohe.
Rafael Calventi, graduado en Italia y con experiencia en los talleres de Pierre Dufau en Francia y de Marcel Breuer e I.M. Pei en los Estados Unidos, proyectó en 1974 el edificio del Banco Central de la República Dominicana, clasificado por la crítica como una de las mejores obras arquitectónicas del país.
La firma Cott y Gautier introdujo la solución de techos parabólicos para cubrir almacenes industriales y realizó el complejo Shell-Conalco de 1965, que el ensayo publicado en la revista De Arquitectura, de la UNPHU, describe como de actitud neo-brutalista en la exageración de la estructura y su desnudez.
Esos arquitectos trabajaban en paralelo a la producción habitacional de Estado, pero en circuitos y con recursos distintos. La brecha entre la arquitectura institucional y cultural del período, de indiscutible calidad técnica y formal, y la vivienda social producida masivamente por el Estado, revela hasta qué punto la política habitacional no era prioritaria como problema arquitectónico sino como un asunto político y económico y en ese contexto, algunos proyectos habitacionales del período destacan por razones opuestas a Jardines del Embajador.
Los barrios Las Caobas y Los Jardines del Norte, construidos ambos en 1978, al cierre del primer ciclo de gobiernos de Balaguer, son señalados por Ulloa Cáceres como ejemplos de desarrollos que utilizaron varias tipologías de vivienda y que se distinguen del resto por su adaptación al medio físico.
En Las Caobas, el núcleo de la escalera fue utilizado como eje en torno al cual se rotaron dos bloques de apartamentos para adaptarse a las cotas de nivel del terreno, mientras que los accesos peatonales ofrecían recorridos alternativos a las vías vehiculares.
En Los Jardines del Norte se respetaron los desniveles naturales, los cauces de las cañadas y la vegetación abundante de la zona, generando lo que Ulloa Cáceres describe como una versión local de ciudad jardín de baja altura y densidad media, sobre la cual señala que valdría la pena realizar un estudio específico.
Esos dos casos son excepciones dentro de un período dominado por la lógica de la reproducción tipológica y la velocidad de ejecución. En 1978, cuando el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder con Antonio Guzmán Fernández como presidente, la política de construcción de Balaguer llegó a su fin provisional.
Los doce años de mandato habían transformado físicamente Santo Domingo de manera irreversible, pero el déficit habitacional no había disminuido.
La ciudad había crecido sobre sí misma y hacia sus periferias, consumiendo terrenos agrícolas, desplazando comunidades y construyendo avenidas que partían barrios en dos. La vivienda social había servido, en ese proceso, más como argumento político y motor económico que como respuesta a una necesidad.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo IX).
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