Los Barrios de Mejoramiento Social de los años cuarenta no fueron solo vivienda: fueron infraestructura política, y cuando Balaguer llegó al poder en 1966, la lógica de construir para controlar no solo siguió intacta, sino que sería la base de su propia política habitacional
SANTO DOMINGO. – Cuando Joaquín Balaguer asumió el poder en 1966, Santo Domingo era una ciudad que cargaba con casi cuatro décadas de promesas incumplidas y con una deuda urbana que ningún gobierno de transición había querido saldar. La ciudad que heredó no era la misma que Trujillo había pretendido modelar: era una capital fragmentada, desbordada por la migración interna y marcada por la memoria reciente de la Guerra de Abril de 1965.
En el régimen trujillista se fijaron las tipologías, las primeras instituciones y, sobre todo, la lógica clientelista que gobernaría la política habitacional por décadas y los primeros programas reconocibles como vivienda social en la República Dominicana se remontan a los años cuarenta del siglo pasado, cuando el régimen construyó los llamados Barrios de Mejoramiento Social.
El primero de ellos, el Barrio Mejoramiento Social, conocido como BAMESO, fue diseñado por el arquitecto Henry Gazol e inaugurado en 1940. Le siguieron el Barrio Obrero en 1944 y el Barrio María Auxiliadora en 1945, que además contó con hospital, colegio y escuela de artes manuales.
Estas primeras unidades eran viviendas unifamiliares modestas: sala, comedor, dos dormitorios y un cuarto de baño, construidas con materiales simples pero que representaban, según documenta la investigadora Natalia Ulloa Cáceres en su tesis doctoral sobre la vivienda social en Santo Domingo, un salto importante respecto a la vivienda popular predominante en la época.
Lo que el régimen presentaba como política social era, en realidad, un mecanismo de control, según el historiador Marcos Prados Martín, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un organismo público español adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (CSIC). Prados Martín documentó, en su estudio sobre la modernización autoritaria en Ciudad Trujillo, que la vivienda pública fue concebida como infraestructura económica, con el objetivo de sostener las industrias bajo control del dictador Trujillo y permear el proceso de asignación.
Las listas de beneficiarios incluían recomendaciones personales de altos funcionarios y familiares del régimen. Una carta de una mujer que solicitaba una vivienda, conservada en el Archivo General de la Nación, ofrece la imagen más nítida de esa lógica: la peticionaria le ruega a la esposa del dictador que interceda en su favor, apelando a la maternidad compartida como argumento.
La arquitectura también servía al discurso, según Prados Martín. El hormigón fue el material emblemático de la reconstrucción de Santo Domingo tras el huracán San Zenón de 1930, y el régimen prohibió el uso de madera y zinc en la capital, asociando estos materiales a la arquitectura del bohío, que a su vez la dictadura identificaba con la herencia haitiana y la supuesta degeneración racial de la población campesina.
La prohibición del bohío en el perímetro urbano no fue solo una decisión técnica sino un acto de política cultural: borraba del paisaje de la capital la arquitectura de los pobres y obligaba a los migrantes internos a adaptarse a formas de vida que el Estado consideraba modernas y ordenadas.
Cuando Trujillo fue ajusticiado en 1961, el país entró en una etapa de transición que duró hasta la Guerra Civil de 1965. Esos cuatro años fueron, en términos habitacionales, un período de parálisis institucional y aceleración del problema.
Prados plantea que la caída del régimen liberó terrenos que habían sido propiedad de la familia Trujillo y que pasaron a manos del Estado, pero esa liberación también facilitó la ocupación ilegal de parcelas en las que surgieron nuevos asentamientos informales.
La margen occidental del río Ozama, por ejempo, empezó a poblarse de manera irreversible durante ese período: La Ciénaga, La Zurza, Guachupita y Los Guandules comenzaron a consolidarse entonces como los barrios marginados más densos de la capital.
En materia institucional, el gobierno de Juan Bosch, iniciado en 1963, fortaleció el Banco Nacional de la Vivienda, que había creado el Consejo de Estado con la Ley 5894 de mayo de 1962, y abrió la posibilidad real de financiamiento hipotecario a largo plazo. La Constitución de ese mismo año fue la primera en la historia dominicana en reconocer el derecho de cada familia a poseer una vivienda propia, consagrándolo en su artículo 26 como de interés público.
Pero el gobierno de Bosch duró apenas siete meses y lo que siguió fue una combinación de crisis política, intervención extranjera y guerra civil que dejó el sector vivienda completamente paralizado.
Al comenzar 1966, Santo Domingo tenía una extensión aproximada de trece kilómetros cuadrados y una población que crecía a un ritmo que ningún programa habitacional había logrado absorber.
Las migraciones internas de los años sesenta y setenta, producto del desbalance regional en las inversiones públicas y de la concentración de la actividad económica en la capital, alimentaban un déficit que se acumulaba sin respuesta.
Y fue sobre esa ciudad, con esa herencia, que Balaguer construyó su política de varilla y cemento.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo VI).
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