SANTO DOMINGO.- Comprar una villa frente al mar, adquirir un apartamento para alquiler turístico o invertir en un proyecto residencial son decisiones que cada vez atraen a más compradores extranjeros hacia República Dominicana. Sin embargo, detrás de una operación que puede parecer sencilla existe un proceso legal que, según especialistas, resulta determinante para proteger la inversión.
Aunque muchos potenciales compradores desconocen el alcance de sus derechos dentro del mercado dominicano, la legislación permite que un extranjero adquiera bienes inmuebles en condiciones muy similares a las de un ciudadano nacional.
La abogada Massiel Martínez explica que una persona extranjera puede comprar apartamentos, villas, solares y propiedades comerciales, registrarlas a su nombre o a nombre de una empresa, alquilarlas, venderlas e incluso acceder a financiamiento local en determinadas entidades financieras.
«En República Dominicana, un extranjero puede comprar una propiedad con los mismos derechos que un ciudadano dominicano», señala la profesional.
Seguridad jurídica como punto de partida
Más allá del atractivo turístico o del crecimiento que experimenta el sector inmobiliario, Martínez considera que uno de los principales elementos que favorecen la inversión extranjera es la seguridad jurídica que ofrece el sistema registral dominicano.
Explica que el país opera bajo el sistema Torrens, un modelo mediante el cual el Estado garantiza los derechos inscritos sobre los inmuebles.
Esto significa que una propiedad debidamente saneada y registrada cuenta con un Certificado de Título respaldado por el Estado dominicano, documento que acredita la titularidad y proporciona mayor certeza a quienes realizan una inversión.
La especialista entiende que esta estructura jurídica constituye una de las herramientas más importantes para generar confianza entre compradores locales e internacionales.
Los documentos que suelen solicitarse
El proceso de compra inicia, en la mayoría de los casos, con la presentación de un pasaporte vigente. Sin embargo, la documentación requerida puede variar dependiendo del tipo de operación y de las exigencias de las entidades financieras involucradas.
Entre los documentos que frecuentemente son solicitados figuran estados de cuenta bancarios, evidencias de ingresos, declaraciones de impuestos, cartas de trabajo y certificaciones relacionadas con el estado civil del comprador.
A esto se suman los procedimientos establecidos por la normativa de prevención de lavado de activos, que obligan a verificar el origen de los fondos utilizados en la transacción.
Según Martínez, estos mecanismos forman parte de los controles habituales dentro de las operaciones inmobiliarias y buscan garantizar la transparencia de las inversiones.
Cuando la emoción supera la verificación
A pesar de las garantías que ofrece el sistema, la especialista identifica un error que se repite con frecuencia entre algunos inversionistas extranjeros.
«El error más frecuente es enamorarse de la propiedad antes de verificar la parte legal», afirma.
De acuerdo con la profesional del derecho, en ocasiones los compradores se enfocan en la ubicación, el diseño o el potencial de rentabilidad del inmueble y dejan en segundo plano aspectos que pueden resultar decisivos para la seguridad de la operación.
Entre las situaciones que recomienda revisar se encuentran la existencia de hipotecas, embargos, litigios, restricciones de uso o cualquier otra condición que pueda afectar la propiedad.
También señala que algunos inversionistas aceleran decisiones por temor a perder oportunidades de mercado, reduciendo el tiempo destinado a las verificaciones legales previas.
Para Martínez, una inversión inmobiliaria debe sustentarse en información verificable y no únicamente en expectativas de negocio.
La revisión que debe hacerse antes de firmar
Antes de entregar dinero o formalizar cualquier acuerdo, la profesional recomienda realizar una debida diligencia completa sobre el inmueble.
El proceso incluye verificar la identidad del propietario, revisar el Certificado de Título y solicitar una certificación de estado jurídico para confirmar que la propiedad no se encuentra afectada por cargas, gravámenes o conflictos legales.
Asimismo, aconseja validar que las obligaciones fiscales relacionadas con el inmueble se encuentren al día.
Cuando se trata de proyectos en construcción, entiende que la revisión debe extenderse a los permisos correspondientes, los antecedentes del desarrollador y las condiciones contractuales vinculadas a pagos, plazos de entrega y posibles penalidades.
A su juicio, estas comprobaciones permiten reducir riesgos y ofrecen al comprador una visión más clara sobre la operación que está realizando.
El papel del abogado en la transacción
Martínez considera que la participación de un abogado no debe limitarse a la elaboración o revisión de contratos.
Explica que su función consiste en acompañar todo el proceso de compra, verificar la situación jurídica del inmueble, identificar riesgos potenciales y supervisar la documentación necesaria hasta el registro definitivo de la propiedad.
«Especialmente para un extranjero que no conoce la legislación ni los procedimientos locales, contar con una asesoría legal independiente brinda tranquilidad y evita errores que pueden resultar costosos», sostiene.
Para la especialista, el acompañamiento profesional adquiere un valor aún mayor cuando el comprador realiza la inversión desde el exterior o tiene un conocimiento limitado del funcionamiento del mercado inmobiliario dominicano.
Invertir con información
República Dominicana continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión inmobiliaria en la región. No obstante, Martínez entiende que el éxito de una compra depende tanto de la calidad del inmueble como de la información disponible antes de concretar la operación.
Por ello, recomienda a los compradores extranjeros rodearse desde el inicio de profesionales de confianza, incluyendo agentes inmobiliarios y asesores legales independientes.
«La emoción nunca debe sustituir la verificación legal», enfatiza.
A su juicio, una decisión respaldada por análisis, documentación y asesoría especializada permite que una inversión inmobiliaria se convierta en una herramienta de crecimiento patrimonial y no en una fuente de conflictos futuros.
«Una buena propiedad puede generar patrimonio, rentabilidad y tranquilidad; pero una mala decisión puede convertirse en un problema. Por eso, la clave siempre será comprar con información, con asesoría y con seguridad jurídica», concluye.
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