Por Francisco Tavárez
Especial para El Imobiliario
La República Dominicana tuvo un desempeño fulgurante en lo que a atracción de capital foráneo se refiere en el año recién finalizado. La Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó la cifra récord de US$5,032.3 millones, un crecimiento del 11.3 % respecto al 2025, según datos preliminares del Banco Central de la Republica Domini-cana. Este resultado consolida al país como el principal receptor de Centroamérica y el Caribe.
De ese total, el sector inmobiliario captó un significativo 15.7 %, para un monto de US$790 millones, mientras que el turístico representó el 26.3 % del total, confirmando que el sector inmobiliario dominicano es un imán para el inversor extranjero.
Sin embargo, el país afronta algunos desafíos que se ocultan tras el récord de captación de IED, lo que amerita que se ajusten distorsiones y enfrenten una serie de trabas que más temprano que tarde podrían aflorar en un escenario internacional convulso, impredecible e inestable como el actual.
Por un lado, el marco legal es sólido sobre el papel: la Ley 16-95 garantiza libre repatriación y los incentivos de CONFOTUR (Ley 158- 01) ofrecen extensiones fiscales de hasta 15 años. Pero en la práctica, el inversor se enfrenta a una burocracia lenta, permisos discrecionales y una falta de predicibilidad en los criterios tributarios.
El capital sofisticado no huye de las reglas, «huye de la incertidumbre». Un proyecto puede ser rentable, pero si los trámites se eternizan o la interpretación fiscal cambia a mitad del camino, el riesgo desalienta la llegada de más inversión. Además, muchos extranjeros descubren tarde que los beneficios locales pueden ser anulados por las haciendas de sus países si no estructuran bien su inversión considerando elementos tan trascendentales como la doble tributación.
Hoja de ruta para dar el salto
Para que el país supere consistentemente la barrera de los US$5,000 millones y consolide su liderazgo, Estado y sector privado deben actuar en dos vías: simplificar y digitalizar procesos, viabilizando una ventanilla única eficiente para permisos de construcción y acogida a incentivos. Que el inversor no tenga que peregrinar por múltiples institucio nes cumpliendo con una permisología que desincentiva y lastra el empuje inversor.
Además, es clave que las normas tributarias sean estables y predictibles, con normas claras y mecanismos de consulta vinculante sobre estructuras de inversión (fideicomisos, sociedades offshore). El inversor necesita certeza a 20 años como escenario de inversión.
Redefinir y modernizar los incentivos, extendiendo los beneficios de CONFOTUR, incluyendo iniciativas para viviendas asequibles y regeneración urbana.
Es clave mejorar la transparencia y profesionalización adoptando estándares internacionales, así como alentar el combate a la informalidad en la mano de obra. En el ámbito tributario, es importante asesoría especializada orientar la inversión considerando la doble tributación en origen. Por último, la participación en mesas de diálogo para co-diseñar soluciones de políticas públicas, allana el camino a la colaboración y cooperación pública-privada.
Con menos burocracia y más eficiencia fiscal, el siguiente salto (hacia los US$7,000 millones), está al alcance. La pregunta clave es: ¿seguiremos atrayendo inversión pese al sistema, o lograremos que sea gracias a él?
Este artículo fue publicado originalmente en El Inmobiliario impreso, edición no. 14.
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