Esta semana, con República Dominicana como país invitado en SIMA Madrid, miles de inversionistas europeos se acercaron al mercado dominicano. Vale la pena recordar qué sostiene esa oferta: un marco constitucional y legal que ampara al inversionista extranjero con garantías expresas y, para el inversionista español, un convenio de doble tributación que protege su rendimiento
Esta semana se celebró en IFEMA Madrid una nueva edición de SIMA, la mayor feria inmobiliaria de España y una de las más influyentes de Europa, con República Dominicana como país invitado. Entre maquetas de proyectos en Punta Cana, Juan Dolio, La Romana, Santiago, Samaná y Puerto Plata, y ante delegaciones de cuarenta países, miles de inversionistas europeos se hicieron, en algún momento, la misma pregunta: ¿qué me protege legalmente si invierto en República Dominicana?
La respuesta no está en la palabra de un brochure ni en una práctica del mercado, sino en garantías constitucionales y legales expresas. Y conviene decirlo con claridad: la inversión extranjera en el país no descansa en una concesión tácita, sino en normas de la más alta jerarquía.
La Constitución como punto de partida
El fundamento de que un extranjero pueda invertir en bienes inmuebles dominicanos está en la norma suprema. El artículo 221 de la Constitución consagra la igualdad de trato entre la inversión nacional y la extranjera, garantizando a ambas las mismas condiciones jurídicas. Y el artículo 25 dispone que los extranjeros en territorio dominicano gozan de los mismos derechos y deberes que los nacionales, salvo las excepciones expresamente previstas. En materia inmobiliaria, esto significa que la nacionalidad, por sí sola, no es una barrera para ejercer el derecho de propiedad.
Del principio a la norma operativa
Sobre esa base se levanta la Ley núm. 16-95 sobre Inversión Extranjera, que traduce el principio constitucional en garantías concretas: igualdad de trato, libertad para repatriar capitales y beneficios, y protección frente a expropiaciones, salvo en los casos previstos por la ley y mediando justa indemnización. Es, en esencia, la promesa que el país le hace al capital extranjero, escrita en ley.
Una ventaja pensada para el inversionista español
Hay un dato que el inversionista español debería conocer antes de firmar, y que pocos brochures mencionan: España y República Dominicana tienen un convenio para evitar la doble imposición, firmado en Madrid en 2011 y en vigor desde 2014. No es un detalle menor. República Dominicana solo tiene dos convenios de esta naturaleza en el mundo —el otro es con Canadá—, y España es uno de ellos.
¿Qué significa en la práctica? Que las rentas derivadas de la inversión, incluidas las ganancias por la venta de un inmueble, no quedan gravadas dos veces en ambos países: el convenio reparte la potestad tributaria entre ellos. Para el inversionista español, eso se traduce en menos coste fiscal y más previsibilidad sobre el rendimiento real de su capital.
Límites claros, no sorpresas
La igualdad de trato no es absoluta, como en todo ordenamiento serio. Existen excepciones puntuales —la participación política y la adquisición de inmuebles en zonas fronterizas—, donde se privilegia el interés nacional. No son prohibiciones generales, sino reglas específicas y transparentes. Y esa transparencia es, en sí misma, una garantía: el inversionista mide el alcance de sus derechos antes de firmar.
La ley que manda sobre el inmueble
El artículo 3 del Código Civil dominicano establece que los inmuebles situados en territorio nacional se rigen por la ley dominicana, sea quien sea su propietario. Para el inversionista extranjero esto significa previsibilidad: su propiedad se regirá siempre por las mismas reglas, sin conflictos de leyes según el pasaporte del dueño.
Más que poder comprar: saber estructurar
Y aquí está el punto que la vitrina de una feria no alcanza a mostrar. Que un extranjero pueda adquirir un inmueble en República Dominicana no es lo mismo que hacerlo bien. La seguridad jurídica no termina en la posibilidad de comprar; empieza en cómo se estructura la inversión, cómo se protege el derecho adquirido y cómo ese activo se integra en una estrategia patrimonial más amplia.
Por eso insisto: la verdadera pregunta del inversionista extranjero no es si puede comprar, sino cómo estructurar su inversión para que esas garantías se traduzcan en protección real. Es una distinción que he procurado desarrollar en trabajos orientados a llevar el régimen inmobiliario dominicano a un lenguaje claro para quien invierte desde fuera.
El respaldo institucional del sector
No es casualidad que la representación dominicana en la feria estuviera encabezada por la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), con su presidente, Alberto Bogaert, y su directora internacional, Belkis Cuello, además de un stand propio. Como país invitado, la entidad ejerció la máxima autoridad gremial del sector dominicano en Madrid. Y ahí hay un mensaje para el inversionista: un mercado maduro no se reconoce solo por sus proyectos, sino por las instituciones y las reglas que lo respaldan.
La conversación que merece tener todo inversionista
El mercado que se mostró en Madrid no ofrece un simple permiso para comprar: ofrece un marco de garantías expresas, con rango constitucional y respaldo fiscal, para invertir con confianza. Pero esas garantías solo se vuelven protección real cuando se aplican con criterio.
Así que, antes de firmar por ese proyecto que lo enamoró en la feria, todo inversionista debería hacerse tres preguntas. ¿Conozco las garantías constitucionales, legales y fiscales que amparan mi inversión, o confío en la palabra de un folleto? ¿Estoy estructurando mi compra para que esas garantías me protejan de verdad, o solo firmando para no perder la oportunidad? ¿Tengo a mi lado asesoría que conozca el régimen dominicano, o navego un sistema extranjero a ciegas?
Entender el marco jurídico que ampara la inversión es el primer paso. Aplicarlo con la asesoría adecuada es lo que separa una simple compra de una inversión verdaderamente segura.
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