Dos leyes firmadas en 2004 y 2006 rediseñaron el aparato estatal que sostenía la política habitacional, justo cuando Leonel Fernández regresaba a la presidencia
SANTO DOMINGO. – Cuando Leonel Fernández asumió la presidencia por segunda vez, en agosto de 2004, encontró un aparato institucional de vivienda construido, en buena parte, durante los ocho años anteriores. La serie ya documentó los decretos de Hipólito Mejía, que colocaron al Instituto Nacional de la Vivienda, INVI, al frente del sector, y al Banco Nacional de la Vivienda, BNV, como su socio financiero natural.
Pero ese diseño empezó a cambiar tan temprano como e l mismo año 2004, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley 6-04, que transformó al Banco Nacional de la Vivienda en el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción.
Un cambio no solo de nombre, pues la nueva entidad ampliaba su radio de acción hacia el financiamiento de actividades productivas en general, más allá de la vivienda, convirtiéndose en lo que la jerga bancaria llama una institución de segundo piso, es decir, un banco que presta a otros bancos y no directamente al público.
Años más tarde, en 2015, la Ley 126-15 completaría esa transición al convertir a la entidad en el actual Banco de Desarrollo y Exportaciones, Bandex, ya sin ninguna referencia a la vi vienda en su nombre.
Dos años después, el 28 de diciembre de 2006, el Congreso aprobó otro par de leyes que reordenaron el cerebro de planificación del Estado: la Ley 496-06 creó la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo, sustituyendo al antiguo Secretariado Técnico de la Presidencia y la Ley 498-06, aprobada el mismo día, que estableció el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Esa secretaría, rebautizada Ministerio con la reforma constitucional de 2010, es hoy el Ministerio de Hacienda y Economía, la misma institución que, años después, desarrollaría su propia metodología para calcular el déficit habitacional del país.
El resultado de estos dos movimientos, uno financiero y otro planificador, dejó a la política de vivienda sin el banco de desarrollo dedicado que había tenido durante buena parte del siglo veinte, aunque el Instituto Nacional de la Vivienda continuó operando como el ejecutor principal de los proyectos habitacionales del Estado, según documentó Ciudad Alternativa en su investigación sobre el período, pero sin su socio financiero exclusivo que multiplicara sus recursos mediante créditos de largo plazo.
La investigación de Ciudad Alternativa, al repasar el marco legal vigente hasta 2012, describe la situación con una frase que resume bien el fenómeno: durante todo el período posterior a la reforma, la política habitacional se mantuvo caracterizada por la dispersión institucional y por la ausencia de un sistema de financiamiento de vivienda claramente delimitado.
El vacío que dejó la reconversión del BNV no fue llenado por ninguna otra entidad hasta 2011, cuando una nueva ley intentaría resolverlo por una vía distinta, la de los fideicomisos privados, qu e esta serie abordará en una entrega posterior.
Fuentes: Ley No. 6-04 (2004), que transforma el Banco Nacional de la Vivienda en Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción. | Ley No. 126-15 (2015), que crea el Banco de Desarrollo y Exportaciones de la República Dominicana (Bandex). | Ley No. 496-06 y Ley No. 498-06, ambas del 28 de diciembre de 2006. | Ciudad Alternativa, “Las Marcas de la Política Habitacional: Vivienda, Derechos Humanos y Fiscalidad en República Dominicana, 2000-2016” (Santo Domingo, septiembre de 2017), Capítulo I, apartado sobre compendio de marco normativo vigente.
Historia de la Vivienda Social en la República Dominicana 2004-2012.
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