Mientras la COP31 coloca la adaptación, la resiliencia y el financiamiento climático en el centro de las negociaciones internacionales, República Dominicana enfrenta riesgos que atraviesan su territorio, los recursos hídricos, la infraestructura sanitaria y las condiciones de vida de la población
SANTO DOMINGO. – Aunque República Dominicana dispone de nuevos compromisos y planes de adaptación, documentos oficiales identifican limitaciones financieras, desigualdades en el acceso a servicios básicos y tareas pendientes para fortalecer su capacidad de respuesta.
La vulnerabilidad climática no comienza cuando un huracán toca tierra ni termina cuando se retiran las aguas de una inundación. También se manifiesta en los hogares con acceso irregular al agua, las comunidades asentadas en zonas expuestas y los establecimientos sanitarios que deben mantener sus servicios durante una emergencia.
El país enfrenta amenazas que van más allá de los huracanes. Su más reciente Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0), presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, identifica entre sus riesgos prioritarios las sequías prolongadas, las inundaciones urbanas, la erosión costera y las temperaturas elevadas.
Estos fenómenos afectan infraestructuras, ecosistemas, seguridad alimentaria y medios de vida. Sus consecuencias, sin embargo, no se distribuyen por igual: las condiciones económicas y sociales determinan en buena medida la capacidad de cada hogar para responder y recuperarse.
En ese contexto se desarrollará, del 9 al 20 de noviembre, la 31ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP31), en Antalya, Turquía. La agenda internacional incluye la adaptación, el financiamiento climático, la transición energética y la implementación de soluciones. Para República Dominicana, la discusión ofrece un marco para examinar no solo sus compromisos, sino también los recursos y las capacidades disponibles para cumplirlos.
Un territorio expuesto y hogares vulnerables
La NDC 3.0 reconoce la exposición del país, por su condición insular y ubicación geográfica, a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Entre las medidas que contempla figuran fortalecer la infraestructura de saneamiento en zonas turísticas, promover la regeneración urbana resiliente, gestionar las cuencas hidrográficas y restaurar ecosistemas marino-costeros.
La exposición territorial se combina con las condiciones socioeconómicas de la población. Las comunidades próximas a ríos y cañadas, los asentamientos en zonas inundables y los hogares rurales que dependen directamente de los recursos naturales enfrentan riesgos distintos. También tienen diferentes posibilidades de recuperación las familias con viviendas vulnerables, acceso irregular al agua y pocos recursos económicos.
El Índice de Vulnerabilidad ante Choques Climáticos (IVACC), desarrollado por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) con acompañamiento técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permite observar esa relación entre las condiciones de los hogares y su exposición a tormentas tropicales, sequías e inundaciones.
Los resultados, basados en el tercer Estudio Socioeconómico de Hogares del SIUBEN, realizado en 2018, identificaron 525,407 hogares con un índice de vulnerabilidad alto, equivalentes al 25.1% de los hogares registrados en las zonas prioritarias de pobreza.
Entre las provincias con mayor proporción figuraban El Seibo, con 47%; Azua, con 46%, y Hermanas Mirabal, con 43%. Las regiones de planificación Cibao Nordeste y El Valle registraban proporciones de 39% y 38.4%, respectivamente.
Estas cifras no representan la totalidad de los hogares dominicanos ni constituyen una medición actualizada a 2026. Corresponden a la población registrada en aquel levantamiento. Su valor está en mostrar cómo la pobreza y las condiciones de vida intervienen en la capacidad de enfrentar los choques climáticos.
Agua y saneamiento: brechas entre hogares
La disponibilidad de agua y los servicios de saneamiento son componentes fundamentales de la adaptación. Las sequías y las alteraciones de las precipitaciones pueden comprometer el abastecimiento, mientras que las inundaciones y la contaminación de las fuentes representan riesgos adicionales para la salud.
El Fascículo II del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en mayo de 2026, ofrece una radiografía de las condiciones de acceso a estos servicios.
Según el documento, el 62.7% de los hogares recibe agua para uso doméstico del acueducto dentro de la vivienda. La proporción alcanza el 69.8% en las zonas urbanas y desciende al 44% en las rurales.
Las diferencias también aparecen en el saneamiento. El 2.8% de los hogares declaró no disponer de servicio sanitario, proporción que sube al 6.4% en las zonas rurales, frente al 1.4% de las urbanas.
Entre los hogares que sí disponen de servicio sanitario, el 68.6% utiliza pozo séptico y el 25.2% está conectado a una red pública o alcantarillado. En las zonas rurales, la conexión a redes públicas representa apenas el 5.9%.
El censo registra, además, que el 84.3% de los hogares utiliza agua de botellón para beber, un dato que debe distinguirse de la fuente de abastecimiento para uso doméstico.
Estos indicadores no miden directamente la vulnerabilidad climática ni determinan la continuidad o potabilidad del agua suministrada, pero describen brechas de acceso a servicios básicos que pueden incidir en la capacidad de los hogares para enfrentar períodos de escasez, inundaciones y contaminación.
La salud ante los efectos del clima
El aumento de las temperaturas y las variaciones en las lluvias pueden modificar la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores, afectar la disponibilidad de agua segura y comprometer la continuidad de los servicios sanitarios durante emergencias, y revelan que el cambio climático también representa un desafío para la salud pública.
En República Dominicana, el dengue ofrece un ejemplo de la relación entre las condiciones climáticas y la vigilancia epidemiológica. El 4 de noviembre de 2026, el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales de la OMS publicó una experiencia dominicana sobre el sistema EWARS-csd, que combina registros epidemiológicos con información de precipitaciones, temperatura y humedad para anticipar riesgos de brotes hasta con 12 semanas de antelación.
La herramienta opera en nueve provincias de alto riesgo y alcanza aproximadamente a 1.88 millones de personas, una cobertura que abarca menos de un tercio de las 32 provincias. Una red de 82 funcionarios sanitarios recibe sus informes semanales y la evaluación de la OMS, al 7 de agosto de 2026, identificó señales de alerta activa en seis de las nueve provincias participantes.
El país cuenta también con el Plan Nacional de Adaptación de Salud y Cambio Climático 2025-2030, elaborado por el Ministerio de Salud Pública con asistencia técnica de la OPS y la OMS. El documento contempla fortalecer la vigilancia epidemiológica, incorporar información climática a la planificación sanitaria y adaptar la infraestructura hospitalaria.
Entre sus metas pendientes figuran crear un sistema integrado de información sobre clima y salud para 2028 y elaborar, para 2030, un atlas de vulnerabilidad del sector salud. También prevé ampliar las evaluaciones de seguridad hospitalaria a los establecimientos de segundo y tercer nivel.
El desafío del financiamiento
El propio plan sanitario reconoce una limitación importante: República Dominicana todavía no dispone de una estrategia específica de financiamiento para gestionar los riesgos de desastres asociados a impactos extremos del cambio climático.
Según su capítulo 10, el país depende principalmente de mecanismos posteriores a las emergencias, como la redistribución del presupuesto estatal, el crédito y la ayuda humanitaria. El documento advierte que los instrumentos preventivos disponibles pueden resultar insuficientes ante desastres de gran magnitud y que muchas medidas de adaptación exceden la capacidad financiera nacional y requieren fondos externos.
La advertencia pone de relieve que la preparación sanitaria no depende únicamente de planes, protocolos y sistemas de vigilancia. También requiere recursos para ejecutar medidas preventivas, proteger los establecimientos y garantizar la continuidad de los servicios cuando ocurre una emergencia.
OMS: prevenir también salva vidas
En vísperas de la COP31, la OMS publicó el informe Global benefits and costs of prioritized actions on climate change and health, que estima los beneficios sanitarios, ambientales y económicos de ampliar seis intervenciones relacionadas con el clima y la salud.
Según sus proyecciones, la aplicación de esas medidas a escala mundial podría evitar aproximadamente 1.6 millones de muertes cada año y generar US$3.9 billones en beneficios económicos, además de US$5.4 billones en beneficios fiscales anuales.
Las intervenciones incluyen sistemas de alerta sanitaria ante olas de calor, agua potable resiliente al clima, saneamiento básico, instalaciones para higiene y lavado de manos, combustibles y tecnologías más limpias para cocinar y políticas eficientes de fijación de precios a los combustibles fósiles.
La aplicación conjunta también podría evitar alrededor de 17,000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente. La OMS calcula que, en cinco de las seis intervenciones evaluadas mediante análisis de costo-beneficio, cada dólar invertido produciría aproximadamente US$24 en beneficios.
Las cifras corresponden a escenarios de ampliación mundial y no constituyen resultados garantizados ni estimaciones específicas para República Dominicana. Su relevancia para el país está en que varias de las medidas coinciden con problemas documentados en los hogares y en sus instrumentos nacionales de adaptación: agua, saneamiento, vigilancia sanitaria y protección frente a temperaturas extremas.
Los compromisos y el costo de cumplirlos
La NDC 3.0, presentada en junio de 2026, establece las metas climáticas dominicanas para los próximos años. El documento compromete al país a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 28% para 2030 y 32% para 2035, respecto al escenario tendencial.
De la reducción prevista para 2030, el 8.5% corresponde a un compromiso no condicionado, mientras que el 19.5% restante depende de financiamiento externo, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades y cooperación internacional. Las inversiones necesarias para las acciones de mitigación se estiman en aproximadamente US$11,468 millones.
En adaptación, la contribución contempla 41 medidas y 155 metas distribuidas en siete sectores prioritarios, con una inversión estimada de aproximadamente US$12,251 millones. El documento advierte que esta última cifra es una estimación mínima, pues algunas medidas no pudieron valorarse económicamente por falta de información y otras podrían requerir recursos adicionales.
En conjunto, las estimaciones para mitigación y adaptación superan los US$23,700 millones. No se trata de fondos disponibles ni de partidas presupuestarias aprobadas, sino de recursos estimados para ejecutar las acciones previstas.
El presupuesto y sus contradicciones
La ejecución presupuestaria ofrece otra perspectiva sobre la relación entre los compromisos climáticos y el gasto público.
El Informe de Ejecución Presupuestaria enero-diciembre de 2025, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), registra RD$158,845 millones ejecutados por el Gobierno Central bajo el clasificador de cambio climático.
De ese monto, RD$49,420.6 millones, equivalentes al 31.1%, correspondieron a gastos con impacto positivo, mientras RD$109,424.4 millones, el 68.9%, registraron impacto negativo. Los servicios económicos representaron el 91.7% del gasto clasificado y la protección del medio ambiente, el 7.6%.
La cifra total no significa que el Estado destinara RD$158,845 millones exclusivamente a combatir el cambio climático. El clasificador identifica gastos con efectos positivos y negativos sobre el clima y su importancia está en mostrar que dentro del presupuesto coexisten acciones relacionadas con la adaptación y la mitigación y actividades que generan impactos climáticos adversos.
De los planes a la protección efectiva
La COP31 reunirá a los países alrededor de la adaptación, el financiamiento, la transición energética y la resiliencia de las ciudades.
Para República Dominicana, la discusión tiene una dimensión concreta: el país ha actualizado sus compromisos climáticos, dispone de un plan de adaptación sanitaria y cuenta con herramientas para anticipar riesgos epidemiológicos.
Sin embargo, sus propios documentos identifican limitaciones financieras, metas que todavía tienen como horizonte 2030 y sistemas de alerta cuya cobertura no alcanza todo el territorio. Los datos censales también muestran diferencias entre hogares urbanos y rurales en el acceso al agua y al saneamiento.
La distancia entre los compromisos y la protección efectiva no puede medirse únicamente por la cantidad de planes aprobados o las metas anunciadas. También exige examinar los recursos disponibles, el avance de las medidas, la cobertura territorial y la capacidad de las instituciones para mantener sus servicios ante fenómenos extremos.
En una comunidad con abastecimiento irregular de agua, una vivienda ubicada en una zona inundable o un hospital expuesto a la interrupción de sus servicios, la adaptación climática deja de ser un concepto de negociación internacional. Se convierte en una condición para proteger la salud, los medios de vida y la seguridad de la población.
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