La Dirección General de Contrataciones Públicas otorgó un plazo de diez días hábiles a la operadora estatal para justificar la legalidad del proceso adjudicado a CK Trans-Motors, S.R.L
SANTO DOMINGO. — El Ministerio de Hacienda y Economía, a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), inició una investigación de oficio sobre la licitación convocada por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para la adquisición de autobuses urbanos, luego de identificar preliminarmente varias debilidades sustanciales y posibles irregularidades en el procedimiento.
La decisión está contenida en una comunicación oficial fechada el 21 de octubre de 2026, identificada con el número DGCP44-2026-004370 y dirigida al administrador general de la OMSA, Onéximo Antonio González. El documento cuenta con la firma digital del director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán.
El expediente bajo revisión corresponde al procedimiento OMSA S.A.-CCC-LPN-2026-0005, cuya adjudicación recayó sobre la empresa CK Trans-Motors, S.R.L., mediante un acta emitida el 16 de octubre de este año.
DGCP detecta cuatro puntos que requieren revisión
En el documento, la entidad explica que dispuso la apertura de la pesquisa en virtud de las atribuciones que le confiere su condición de órgano rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. El propósito es comprobar que las actuaciones desarrolladas durante la licitación se ajusten al marco legal vigente.
En ese sentido, uno de los aspectos señalados está relacionado con los términos y condiciones establecidos para el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), aplicable a la importación de los bienes contemplados en el pliego de condiciones.
De igual manera, el organismo identificó una presunta evaluación irregular de las propuestas económicas presentadas por los oferentes. A esto se suman posibles deficiencias en los estudios previos que sirvieron de fundamento para la contratación, así como la falta de publicación de documentos del expediente administrativo en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
No obstante, la DGCP precisó que estos señalamientos tienen carácter preliminar. Por consiguiente, deberán ser examinados durante el proceso investigativo antes de establecer si hubo incumplimientos de las disposiciones que regulan las compras estatales.
OMSA dispone de diez días hábiles para presentar sus argumentos
Como parte de las diligencias, Contrataciones Públicas requirió a la operadora estatal la presentación de un informe justificativo sobre la legalidad de las actuaciones ejecutadas en cada fase del procedimiento.
Para cumplir con este requerimiento, la institución concedió un plazo máximo de diez días hábiles, computados a partir del día siguiente a la notificación de la comunicación.
Asimismo, la revisión tomará en cuenta las disposiciones de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, y las políticas emitidas por el órgano rector.
Además de verificar los señalamientos iniciales, la investigación permitirá determinar el alcance de las situaciones advertidas y examinar otros elementos que pudieran surgir durante la evaluación del expediente.
Solicitan bloquear el registro del contrato y los pagos
Mientras avanzan las indagatorias, la DGCP solicitó a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar el contrato derivado de la licitación y de autorizar desembolsos a favor de la empresa beneficiada con la adjudicación.
En consecuencia, la medida cautelar impide que las partes suscriban o ejecuten el acuerdo contractual hasta que concluya la revisión y se adopten las decisiones correspondientes.
Por otra parte, la comunicación advierte que, si la OMSA deja vencer el plazo otorgado sin presentar su escrito de defensa, Contrataciones Públicas podrá emitir un acto administrativo tomando como base los elementos preliminares recopilados hasta ese momento.
Finalmente, el procedimiento deberá establecer si la licitación se desarrolló conforme a las normas aplicables y si las situaciones identificadas ameritan la adopción de medidas administrativas. Hasta tanto se emitan conclusiones definitivas, los señalamientos mantienen su carácter preliminar.
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