SANTO DOMINGO.- El comunicador y empresario Sergio Carlo denunció ayer martes 4 de agosto que personal del hotel Dreams Macao Punta Cana le exigió mover su sombrilla en Playa Macao, primero «más hacia el borde» y luego «más abajo», para despejar el área destinada a una supuesta boda privada y una sesión de fotos y video.
Según documentó el propio Sergio Carlo en un video que acompaña su denuncia, los empleados que lo abordaron, identificados como Andri y Manuel, le confirmaron que actuaban por instrucciones del hotel.
Carlo argumenta que invocó la ley que declara dominio público marítimo-terrestre la franja de 60 metros desde la línea de pleamar, y pidió al Ministerio de Medio Ambiente una investigación formal, el cese de la práctica y sanciones administrativas en caso de reincidencia.
La denuncia se produce exactamente un día después de que el Ministerio de Turismo anunciara, el 3 de agosto, la creación de una mesa interinstitucional, con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, para, en palabras del ministro David Collado, «fortalecer la seguridad jurídica» en torno al acceso a las costas.
Ese anuncio fue la respuesta institucional a otro caso, ocurrido pocos días antes en Juan Dolio, donde, el 30 de julio, el vocalista de Aljadaqui, Mariano Lantigua, denunció que personal de seguridad de un hotel le impidió permanecer con una silla en la orilla de la playa, alegando que el espacio estaba reservado para socios del club adyacente.
Un video del incidente circuló ampliamente y Collado respondió entonces, aparentemente contrariado: «Ese tema de Juan Dolio con el integrante de Aljadaqui nos avergüenza», y agregó: «Las playas son del pueblo y son de la gente… las playas son para todos los dominicanos y para los turistas también».
El fundamento legal citado en los casos de Juan Dolio y Playa Macao, es el mismo: el artículo 15 de la Constitución, la Ley 305-68 sobre la franja de 60 metros, la Ley 64-00 y la sentencia TC/0751/23 del Tribunal Constitucional, que prohíbe a particulares obstruir el acceso a las playas.
En resumen: entre finales de julio y el 4 de agosto, la prensa dominicana registró dos denuncias de restricción de playas públicas por parte de hoteles, en dos polos turísticos distintos, Juan Dolio, en el sur-este, y Punta Cana, en el este. La segunda ocurrió apenas un día después de que el propio Ministerio de Turismo anunciara la mesa de trabajo creada específicamente a raíz de la primera.
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