El nuevo presidente recibió un Estado en quiebra, una ciudad desbordada y una agenda habitacional dibujada por el gobierno anterior. Lo que construyó, y cómo lo financió, define uno de los períodos más complejos de la política habitacional dominicana
SANTO DOMINO.- El 16 de agosto de 1982, Salvador Jorge Blanco asumió la presidencia de la República con un diagnóstico sin eufemismos: el Estado dominicano estaba quebrado y lo advirtió en su discurso de toma de posesión.
No era simple retórica: las reservas del Banco Central estaban agotadas, el precio internacional del azúcar, que aún aportaba la mitad de los ingresos del comercio exterior, había colapsado, los mercados mineros de bauxita, ferro-níquel, oro y plata estaban en crisis, y el país no tenía recursos para pagar siquiera los intereses de su deuda externa.
Santo Domingo era también una ciudad en ebullición que pasó de 668,507 habitantes en 1970 a 1,297,892 en 1981, según los censos de la Oficina Nacional de Estadística citados por el geógrafo Christian Girault, en su artículo “Santo Domingo: La trayectoria del desarrollo urbano y la expansión metropolitana (1970-2022)”, publicado en la Revista ECOS UASD en 2024.
Eso significa que en once años Santo Domingo absorbió 629,385 personas nuevas, casi el doble de su población de 1970. El flujo migratorio interno, que el demógrafo Francisco Cáceres Ureña cifra en cerca del 50% del volumen total de migración rural-urbana del país, se dirigía esencialmente hacia el Gran Santo Domingo y las provincias del norte, las del Cibao, eran las principales expulsoras.
Ese crecimiento desbordado tenía consecuencias físicas precisas que Girault describe como una urbanización “desordenada y excluyente”: los migrantes que no podían acceder al mercado formal de vivienda ocupaban zonas marginales.
El 80% de la población de los barrios marginales era inmigrante, según los estudios sociológicos citados por el geógrafo francés y construyeron casuchas a la orilla del río Ozama y en las laderas de los ríos, en los barrios de La Zurza y Guachupita.
La zona central se densificaba con cuarterías sobrepobladas, por lo que el déficit habitacional que Jorge Blanco heredaba no era solo un problema de cifras: era además el paisaje visible de la capital.
El sector informal, según datos recogidos por Girault, representa el 58% del empleo total en el país. En 1982 esa proporción era aún mayor. Las familias que necesitaban vivienda eran, en su mayoría, familias cuyo ingreso no alcanzaba para el mercado formal de construcción.
Esa era la herencia: una ciudad que ya tenía más de un millón de habitantes y crecía a un ritmo que ningún programa habitacional había logrado acompañar.
La promesa y el mecanismo
A pesar de ese cuadro, Jorge Blanco llegó al poder con una promesa habitacional de alcance histórico. Durante su campaña, según reseñaban los medios de la época, prometió la construcción de 25,000 viviendas anuales, una cifra que ningún gobierno dominicano había alcanzado, coo se vio en la memoria del INVI.
Para ponerla en perspectiva: la Memoria de Labores INVI 1981 registra que, en todo ese año, el último del gobierno de Guzmán y el mejor de la década, se entregaron 3,224 unidades. Jorge Blanco prometía siete veces esa cifra, cada año de su gestión.
Partiendo de esa promesa, un equipo técnico diseñó el programa. Según documenta Fanny Sánchez viuda Bonilla, quien participó del proceso a través de su esposo, el ingeniero Pedro Bonilla Mejía, en una “carta al director” publicada en Acento el 10 de junio de 2020 y en El Nuevo Diario el 12 de junio de 2020, ese equipo estuvo integrado por el arquitecto Manuel Salvador Gautier, el ingeniero Francisco Méndez, el doctor Darío Fernández y el propio ingeniero Bonilla Mejía.
El programa definió diferentes tipos de unidades habitacionales según la ubicación geográfica y la capacidad de pago de los beneficiarios.
En este proyecto el mecanismo de financiamiento fue innovador: el Certificado de Crédito Impositivo. El doctor Darío Fernández y el ingeniero Bonilla elaboraron el proyecto de ley correspondiente, que fue respaldado por el entonces presidente del Senado, Jacobo Majluta, y aprobado por el secretario de Finanzas, licenciado José Rafael Abinader.
Se emitieron unos 60,000 millones de pesos en certificados, utilizados para el pago de impuestos, el intercambio de materiales de construcción con ferreteros y la dación de pago a ingenieros constructores. Las empresas Casa Hache, Hormigones Moya y Hoyo de Lima Industrial fueron algunas de las ejecutoras.
Lo que se construyó: los proyectos
El programa de Jorge Blanco tuvo un rasgo que lo diferencia de todos los anteriores en esta serie: alcance geográfico nacional. Mientras los programas de Balaguer y Guzmán se concentraron fundamentalmente en Santo Domingo, Jorge Blanco impulsó proyectos en varias provincias. Los identificados en las fuentes disponibles son los siguientes:
- Invivienda Santo Domingo: el proyecto más extenso, con 8,000 unidades habitacionales planificadas. Había sido concebido en 1978 por el arquitecto Manuel Salvador Gautier y estaba en proceso durante el gobierno de Guzmán cuando fue parcialmente paralizado. Jorge Blanco lo retomó y avanzó en su construcción.
La primera etapa se terminó completamente; otras unidades se entregaron en obra gris. El proyecto, sin embargo, no sería completado durante su mandato. Dice en “Las Marcas de la Política Habitacional” de Ciudad Alternativa, 2000-2016 que los grandes proyectos ideados originalmente quedaron pendientes de realización en más de un 80% debido a que fueron tronchados por los ajustes aplicados en este período tras el acuerdo con el FMI del año 1984. Balaguer, al retornar al poder en 1986, no programó su terminación, y sería el gobierno de Hipólito Mejía quien finalmente lo cerrara, dejando sin concluir 429 unidades que ya estaban ocupadas.
- Invivienda Santiago: 4,000 viviendas, ejecutado en su totalidad durante el período de Jorge Blanco. Es el proyecto habitacional de mayor tamaño completado íntegramente en una ciudad del interior hasta ese momento.
- Invi-CEA San Luis, en San Pedro de Macorís: 3,000 viviendas concluidas.
- Proyecto Caracol, en la provincia Monseñor Noel: ejecutado.
- Proyecto Salomé Ureña, en el Distrito Nacional: concluido e inaugurado por el propio presidente Jorge Blanco. La Memoria de Labores INVI 1981 ya lo registraba en construcción con 558 unidades, por un presupuesto de 6.66 millones de pesos.
- Proyecto Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio y proyecto Lotes y Servicios, en Santo Domingo Este: planificados con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo. Concebidos como programas de muy bajo costo para familias de escasos recursos, donde el Estado aportaba infraestructura y los propios beneficiarios participaban en la construcción.
- Viviendas económicas en Los Alcarrizos: con costos de construcción bajos y cuotas accesibles para los beneficiarios.
- Proyecto Jobo-Bonito, en San Miguel, Santo Domingo: unas 30 unidades que Balaguer, al retornar al poder, dejó sin terminar.
Fuentes: Christian Girault, “Santo Domingo: La trayectoria del desarrollo urbano y la expansión metropolitana (1970-2022)”, Revista ECOS UASD, Año XXXI, Vol. 2, Nú m. 28, julio-diciembre de 2024, pp. 111-127. Fanny Sánchez viuda Bonilla, carta al director, Acento, 10 de junio de 2020 / El Nuevo Diario, 12 de junio de 2020. Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Memoria de Labores INVI 1981, revista Invivienda núm. 3, Santo Domingo, 1981. Natalia Ulloa Cáceres, La vivienda social en Santo Domingo. Oportunidades de reciclaje del parque construido, tesis doctoral, 2017.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XVI).
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