De nuevo cursa en el Congreso Nacional un “Proyecto de Ley que regula los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje”, en el país, una iniciativa de la diputada Lourdes Aybar de Serulle, de la circunscripción dos del Distrito Nacional; con el apoyo de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) y otras instancias vinculadas al sector.
La pieza legislativa se encuentra actualmente en proceso de revisión y a través de la Comisión de Justicia de la cámara baja, están convocando a los diversas actores con incidencia en el tema, para que hagan sus aportes y enriquezcan la propuesta.
Desde que tuvo conocimiento del documento, El Inmobiliario ha estado publicando algunos de los contenidos del proyecto y seguirá informando los temas tratados en el mismo, de manera que los sectores involucrados puedan ilustrarse y conocer sus alcances. Igualmente lo hemos subido a nuestra a https://inmobiliario.do/ para que agentes e interesados lo descarguen.
Se trata de una interesante propuesta , cuyo propósito según establece el documento es “ proteger la relación jurídica entre el proponente y el corredor de bienes raíces o sus agentes y la confianza del mercado inmobiliario, derivado del negocio jurídico que surge con motivo de la intermediación de los corredores de bienes raíces o sus agentes”.
Y es que a pesar del significativo crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en República Dominicana, cuyos números certifican que es uno de los más pujantes de la economía nacional, las políticas para guiar el trabajo de los agentes y las agencias inmobiliarias se mantiene en pañales, sin normas ni protocolos que dirijan sus prácticas.
Ciertamente en el sector existen representaciones de alto nivel, con corredores con excelente manejo en su desempeño, profesionales con probada capacidad que asesoran e informar eficazmente a los potenciales clientes que buscan satisfacer la demanda de uno de los bienes fundamentales de la vida, como lo representa la obtención de una vivienda.
Tanto la AEI como emprendedores particulares mantienen programas educativos permanentes para apoyar la labor de enseñanza de los agentes nóveles que incursionan en el oficio de bienes raíces; incluso con certificaciones como la que expide la AEI, que ofrece el programa formativo más completo con 20 horas continuas para que los nuevos agentes despeguen con los conocimientos básicos, además de ofrecer una segunda certificación donde los estudiantes completan su ciclo formativo.
Sin embargo, el sector adolece de un instrumento legal que proteja dichos programas y disponga directrices para el ejercicio de los servicios inmobiliarios, por lo que se deja al libre albedrío la profesionalización de quienes llevan en sus hombros la venta y comercialización de la vivienda en el país.
Esta situación provoca que manos improvisadas asuman el rol de corredores inmobiliarios de manera ligera y sin nada ni nadie que los frene, convirtiéndose en una amenaza para el sector, para los inversionistas y adquirientes que en muchas ocasiones reciben erradas asesorías en la adquisición de sus propiedades.
Los corredores que han dedicado horas a prepararse para desempeñar el oficio, con experiencia observan con recelo la cantidad de «agentes» que proliferan en el país, algunos independientes, otros a los que algunas agencias no les exigen ni certificado de bachiller para ingresarlos a sus filas.
La de agente inmobiliario es una de las carreras a las que con mayor facilidad ingresan personas desempleadas, otras aprovechando oportunidades de cercanos y familiares y hasta «buscones», que juegan al oficio y estafan, a través de la venta y los alquileres de inmuebles.
En meses pasados El Inmobiliario publicó un trabajo https://inmobiliario.do/asesoras-inmobiliarias-alertan-sobre-estafas-en-alquileres-de-viviendas/ denunciando prácticas fraudulentas en el alquiler de varias propiedades en sectores exclusivos de la capital dominicana, de personas que haciéndose pasar como corredores de bienes raíces, estafaron a varias familias; prácticas que disminuirían si el país contara con mecanismos de control y regulación en el ejercicio.
Hacemos votos para que esta vez prospere en el Congreso Nacional este anhelado instrumento de fiscalización que velaría porque en República Dominicana se profesionalice la industria y se mejore la calidad de sus servicios, lo que repercutirá en una fortaleza para el sistema y sus protagonistas.
