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Tres proyectos, un déficit sin fondo: la política habitacional de Antonio Guzmán (1978-1982)

Con la economía reorientada hacia lo agropecuario, una ciudad golpeada por los huracanes y recursos insuficientes, el gobierno de Guzmán produjo tres proyectos habitacionales en Santo Domingo. Dos quedaron inconclusos. El más ambicioso fue paralizado. Lo que se construyó, sin embargo, definió tipologías que se repetirían por décadas

SANTO DOMINGO. – A la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al poder en agosto de 1978, se produjo un giro en la política económica oficial que afectó directamente al sector vivienda y el Estado tuvo que ceder el liderazgo constructor que había caracterizado los doce años de Balaguer y el crecimiento de la ciudad se produjo principalmente a través de la iniciativa privada, tanto formal como informal.

Según documenta la doctora Natalia Ulloa Cáceres en su tesis doctoral “La vivienda social en Santo Domingo. Oportunidades de reciclaje del parque construido”, a partir de 1978 se puso en práctica la política económica de la «demanda inducida», lo cual redujo considerablemente las inversiones en infraestructura por parte del Estado, enfatizando el gasto público a través del incremento del empleo y los salarios.

Sin embargo, la combinación de ese cambio de modelo con las consecuencias devastadoras de los huracanes David y Federico en 1979 obligó al gobierno de Guzmán a mantener una presencia habitacional pública, aunque limitada.

Lo que se construyó en ese período fue poco en volumen, pero significativo en términos tipológicos: las soluciones adoptadas sentaron precedentes que se repetirían en administraciones posteriores.

Tres proyectos que definieron una política

Las dos investigaciones académicas más rigurosas disponibles sobre la vivienda social dominicana, la tesis de Ulloa Cáceres y la tesis de maestría de la arquitecta Evelyn Vanessa González Mueses, “Sobre la vivienda social dominicana en el siglo XX: Caso de Santo Domingo”, identifican tres grandes proyectos habitacionales producidos durante el mandato de Guzmán, todos en Santo Domingo.

No hay documentación académica accesible que registre proyectos habitacionales estatales en el interior del país durante este período, aunque ambas autoras señalan que el programa de vivienda del Estado tuvo alcance nacional en períodos anteriores.

Si ese alcance se extendió al período de Guzmán, y en qué forma respondió la política habitacional a la destrucción de viviendas en provincias como San Cristóbal, Peravia y Azua, queda pendiente de documentación en fuentes primarias.

Conjunto habitacional Juan Pablo Duarte

Conjunto de bloques multifamiliares que marcó una tipología repetida en la vivienda social dominicana. (Fuente: AGN).

Ubicado en Santo Domingo Este, a la derecha del río Ozama a la altura del Puente Duarte. Diseñado por el arquitecto José Tomás Hernández, uno de los profesionales con mayor participación en la política habitacional de los gobiernos de Balaguer, según documenta Ulloa Cáceres en una nota al pie de su tesis.

La tipología dominante es el bloque multifamiliar y la tesis lo documenta con fotografías aéreas y de edificio publicadas en la Revista AAA. La misma planta en H que caracterizó este conjunto fue la que se continuó utilizando en otras etapas del proyecto Invivienda y en otras localidades del país, lo que convierte a Juan Pablo Duarte en un referente tipológico del período.

Las investigaciones consultadas no registran el número total de unidades ni el área de cada apartamento.

Invivienda Santo Domingo

Es el proyecto más extenso del período y el más documentado. Fue proyectado en 1978 por el arquitecto Manuel Salvador Gautier y Ulloa Cáceres lo describe como el proyecto con mayor número de viviendas planteado hasta esa fecha en la República Dominicana.

Se diseñó un sector de trama reticular con manzanas ocupadas por edificios multifamiliares de planta en H, construidos habitualmente con cuatro niveles y se ubica en la parte oriental de la ciudad.

Debido a los reajustes económicos del país y a una falta de planificación de los recursos, fue paralizado en 1984, ya bajo la administración del presidente Salvador Jorge Blanco. En 1987 fue reiniciado por la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, que finalizó una primera etapa de 560 apartamentos con servicios básicos de infraestructura.

En 1988 pasó de nuevo al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para su ejecución y administración continuada. En su estado actual, el conjunto combina bloques residenciales de tres y cuatro niveles, viviendas unifamiliares de un nivel y dúplex de dos niveles. La morfología urbana consiste en una malla cuadriculada de supermanzanas.

Ulloa Cáceres documenta además cómo sus habitantes han transformado el conjunto con el tiempo: la adición de terrazas y balcones se ha convertido, según la arquitecta Natalia Ulloa, en un elemento transformador no solo de las fachadas sino del espacio de transición entre los edificios y la calle, interpretable como el reflejo de un marcado interés de hacer vida fuera de la vivienda o la búsqueda de espacios intermedios pero delimitados.

Lotes y Servicios en Sabana Perdida

Modelo de vivienda progresiva donde el Estado entregaba terrenos con servicios básicos. (Fuente: AGN).

El tercer proyecto del período fue el de Lotes y Servicios en Sabana Perdida, en la zona norte de la capital. Concebido bajo una modalidad de menor intervención estatal que los anteriores: en lugar de entregar unidades terminadas, el programa dotaba a las familias de lotes con infraestructura básica para que construyeran sus propias viviendas.

El proyecto fue inaugurado en 1989 por el presidente Balaguer, en su tercer mandato, pero con una profunda diferencia respecto a lo planificado durante el período de Guzmán: se había proyectado para 1,020 viviendas y solo se entregaron 455. De esas, 323 eran adosadas y 122 correspondían a la tipología denominada vivienda progresiva, con dos dormitorios.

Esta modalidad entregaba la unidad construida parcialmente para que la familia la fuera ampliando según su propio ritmo de inversión, reconociendo explícitamente que el Estado no podía completar lo que había prometido.

Lo que guzmán heredó y no resolvió

Para entender la magnitud de lo que Guzmán recibió, y la escala de lo que no pudo resolver, Ulloa Cáceres ofrece un dato de contraste. El último gran proyecto estatal concluido durante los doce años fue Jardines del Embajador, construido entre 1967 y 1978 y diseñado por el arquitecto Pedro José Borrell Brentz.

Fue el primer proyecto habitacional de promoción pública en la República Dominicana en incorporar ascensores, pues sus bloques más altos alcanzaban los diez niveles. Otro detalle es que estaba dirigido a altos funcionarios del Estado y eso se notaba en la calidad espacial de sus unidades y la riqueza de los materiales de terminación empleados.

En palabras de Ulloa Cáceres, este proyecto estaba en una categoría que podría considerarse lujosa en comparación con lo construido en otros proyectos del mismo período y rompía con el esquema de la vivienda social desarrollado hasta entonces. Su construcción, que inició en 1967 se extendió hasta 1978, año de la transición, aunque no está claro bajo cuál de los dos gobiernos se realizó la entrega final.

Ese contraste, entre el lujo con que el Estado había construido para sus funcionarios y la precariedad con que respondía a las familias que perdieron sus viviendas en un huracán categoría cinco, resume la herencia habitacional que Guzmán recibió y que su gobierno no logró superar.

El diagnóstico estructural

Ulloa Cáceres tiene una tesis política que recorre toda su investigación y que aplica con igual fuerza al período de Guzmán que a los anteriores: desde la época de Trujillo en adelante, la producción y asignación de viviendas por parte del Estado dominicano estuvo más vinculada a una estrategia clientelista del partido de turno que a garantizar el cumplimiento y la protección de un derecho fundamental.

La autora entiende que las políticas habitacionales, tanto en su concepción, planeamiento, construcción y otorgamiento de viviendas, estuvieron condicionadas por su rendimiento en la política partidista. Por esto, sostiene que la debilidad institucional puede ser un factor que haya impedido que se aborde el problema de la vivienda social de manera sistemática y continua.

La investigadora concluye cuestionando si a día de hoy (2017, fecha de su tesis), en realidad existe una política habitacional como tal en la República Dominicana. La historia del período de Guzmán, con tres proyectos iniciados, uno paralizado, uno entregado con menos de la mitad de las unidades proyectadas, y miles de familias décadas después todavía esperando en albergues de emergencia, es la ilustración más precisa de ese diagnóstico.

Fuentes: Natalia Ulloa Cáceres, La vivienda social en Santo Domingo. Oportunidades de reciclaje del parque construido, tesis doctoral, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, septiembre 2017. Evelyn Vanessa González Mueses, Sobre la vivienda social dominicana en el siglo XX: Caso de Santo Domingo, MAAPUD 5, tesis de maestría. Ciudad Alternativa / Carmen Jiménez (EFE), «La vida bajo un techo de zinc, la otra cara del paraíso de RD», 16 de octubre de 2017, ciudadalternativa.org.do. Ciudad Alternativa, «Damnificados y Refugiados por Descuido», ciudadalternativa.org.do.

Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XII).

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Solangel Valdez
Solangel Valdez
Periodista, fotógrafa y relacionista. Aspirante a escritora, leedora, cocinadora y andariega.
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