En 1979, un año después de que Antonio Guzmán llegara al poder, dos fenómenos meteorológicos en nueve días destruyeron cientos de miles de viviendas, mataron a más de 2,400 personas y dejaron al descubierto la fragilidad de cuatro décadas de política habitacional dominicana. Lo que el Estado prometió resolver en seis meses sigue sin resolverse para algunas familias casi medio siglo después
SANTO DOMINGO. – Cuando el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder en agosto de 1978, Antonio Guzmán Fernández recibió una ciudad y un país con un déficit habitacional crónico, según datos de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) citados por la doctora Natalia Ulloa Cáceres en su tesis doctoral La vivienda social en Santo Domingo.
Desde 1959 hasta 1981 más del 20% de la población del país había realizado desplazamientos entre provincias y ese flujo migratorio, que tuvo su mayor intensidad en las décadas de los sesenta y setenta, había despoblado zonas rurales y engrosado sin pausa la demanda de vivienda en la capital, generando una presión que el ritmo de las construcciones de los doce años de Balaguer no había logrado en ningún momento solucionar.
El cambio de gobierno trajo además un cambio de modelo económico: se abandonó la política de inversión pública masiva en construcción y se reorientó el gasto hacia la actividad agropecuaria.
Del 1978 al 1986, según documenta Ulloa Cáceres, el crecimiento de la ciudad se produjo fundamentalmente a través de la iniciativa privada, tanto formal como informal. El Estado cedió el liderazgo constructor justo cuando un evento externo lo obligaría a retomarlo de urgencia.
El primer golpe: huracán y tormenta
El 31 de agosto de 1979, apenas un año después de que Guzmán asumiera la presidencia, el huracán David, categoría cinco en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra entre las provincias de San Cristóbal y Peravia con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora, los más intensos registrados en suelo dominicano hasta entonces.
El ojo del ciclón entró por Punta Palenque, a unos 15 kilómetros al este de Punta Salinas, alrededor de las 4:30 de la tarde, y atravesó el territorio durante aproximadamente cuatro horas antes de salir por Montecristi y Pepillo Salcedo hacia aguas del Atlántico.
El saldo fue devastador. Según recoge Ulloa Cáceres en su tesis, el fenómeno causó la muerte de unas 2,400 personas, aunque otras fuentes de la época elevan esa cifra a 4,000. Los daños en vivienda, infraestructura y comunicaciones se concentraron principalmente en las provincias Azua, Peravia, San Cristóbal, el Distrito Nacional y parte de La Vega, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En las provincias Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago y La Vega, los daños se cebaron especialmente en los cultivos y las plantaciones. En localidades de La Vega, las lluvias llegaron a superar los 400 milímetros en pocas horas.
En comunidades de Peravia, el impacto fue total: en Sainaguá, Palenque, Sabana de Palenque, Nizao y Don Gregorio, más del 90% de las viviendas quedaron destruidas. Las crecientes de los ríos Nizao y Yubazo arrasaron comunidades enteras y causaron la muerte de centenares de personas, incluidas familias completas.
En todo el país, estimaciones de la época calcularon que más de 600,000 personas perdieron sus hogares en San Cristóbal, Baní, Azua, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Higüey, La Romana, El Seibo y Monte Plata. El 70% del sistema eléctrico colapsó, y la restauración completa de los servicios tomó meses. Los parques industriales de Haina y Herrera quedaron arruinados. Las pérdidas en el sector agropecuario superaron los mil millones de dólares.
Uno de los factores que agravó el saldo humano fue la falta de preparación de la población. La República Dominicana no había experimentado un huracán de esa magnitud desde el ciclón San Zenón de 1930, casi cincuenta años antes. Las advertencias de radio fueron mínimas, los esquemas de preparación para desastres prácticamente inexistentes, y muchos ciudadanos no tomaron en serio el peligro hasta que fue demasiado tarde.
El segundo golpe: tormenta Federico
Cuatro días después de David, cuando las labores de rescate apenas comenzaban y el país procesaba la magnitud de la catástrofe, la tormenta tropical Federico impactó el territorio siguiendo una trayectoria similar a la del huracán, con el agravante de que se estacionó sobre el territorio.
Sus seis días consecutivos de lluvias inundaron y arrasaron gran parte de las plantaciones agrícolas que David había dejado dañadas, destruyeron lo que quedaba de la infraestructura productiva en el centro y el sur del país, y causaron la muerte de miles de reses y aves de corral.
La reconstrucción de comunicaciones, redes eléctricas, viviendas, caminos y carreteras tomó entre dos y tres años.
El doble impacto tuvo una consecuencia que va más allá de las cifras materiales. A partir de ese momento, escribe Ulloa Cáceres, quedó en evidencia la necesidad de utilizar materiales y técnicas constructivas más resistentes a las amenazas a las que está expuesta una ciudad de costa y de clima tropical.
David y Federico no solo destruyeron viviendas: cambiaron la manera de pensar la construcción habitacional en el país.
La respuesta del gobierno
El presidente Guzmán declaró a la República Dominicana en situación de emergencia y estableció un toque de queda de seis de la tarde a seis de la mañana con el objetivo de evitar robos y saqueos. Las autoridades concentraron sus primeros esfuerzos en la reapertura del Aeropuerto Internacional de las Américas y la distribución de alimentos en centros de emergencia, pues los productos agrícolas se habían agotado rápidamente a causa del doble ciclón. La ayuda internacional fue de vital importancia en esa etapa inmediata.
Tras el paso del fenómeno, el presidente Guzmán ordenó un plan de reconstrucción de viviendas con bloques y concreto para sustituir las de madera. El programa respondía también a una lección aprendida a golpes: las viviendas construidas con materiales permanentes habían resistido mejor que las de madera y zinc que predominaban en las zonas rurales y en los barrios populares de las provincias afectadas.
Los albergues que se volvieron permanentes
Pero la respuesta del Estado tuvo un límite estructural que sus consecuencias harían visible durante décadas. Miles de familias desplazadas por el huracán fueron instaladas en albergues temporales con la promesa de que serían reubicadas en viviendas permanentes en cuestión de meses. Esa promesa, en muchos casos, no se cumplió.
Ciudad Alternativa, organización dominicana de derechos habitacionales, documentó en años posteriores la persistencia de esa deuda. En un reportaje publicado el 16 de octubre de 2017 con la firma de la periodista Carmen Jiménez para la agencia EFE, y reproducido en el portal de la organización, se recoge el caso del albergue de Canta La Rana, en el municipio de Los Alcarrizos.
Beatriz Báez llegó allí junto a su padre en 1979, cuando era una niña, para refugiarse de los efectos de David. Treinta y ocho años después seguía viviendo en la misma chabola de paredes de madera y techo de zinc, ahora con varios de sus hijos y nietos. Les dijeron que estarían seis meses. Mire por dónde van esos seis meses: aquí me casé, tuve 7 hijos y ya tengo 14 nietos, declaró a la periodista.
En Canta La Rana vivían para entonces 70 familias, la mayoría con toda su vida transcurrida en ese albergue pensado como solución temporal.
Ciudad Alternativa documenta también la existencia en todo el país de personas que continúan viviendo en condiciones de precariedad extrema en albergues habilitados como solución de emergencia tras David en 1979, a los que se suman los del huracán Georges en 1998, y tras las tormentas Olga y Noel en 2007.
La organización describe un patrón estructural que se repite en cada desastre: los refugios y barracones originalmente destinados a ser temporales se convierten con el paso de los años en viviendas permanentes de muy baja calidad y bajos recursos, sin servicios básicos y con escasas condiciones de habitabilidad, mientras el Estado no da seguimiento ni cumple con la promesa de reasentar a la población. En algunos casos, las familias llevan cinco, quince, e incluso treinta años esperando.
El director de Oxfam en República Dominicana, Raúl del Río, declaró en ese mismo reportaje de 2017 que, pese a la vulnerabilidad del país ante los ciclones, el Estado no había dado una respuesta adecuada al problema de la precariedad de la vivienda que afecta al 71% de la población. En todo el país, en esa fecha, unas 8,000 personas vivían en pésimas condiciones en albergues desde hacía años.
La historia de Beatriz Báez es la radiografía más precisa de lo que David y Federico revelaron sobre la política habitacional dominicana: no solo la fragilidad de las viviendas ante el viento, sino la fragilidad del Estado ante la deuda que los desastres naturales le imponen.
Fuentes: Natalia Ulloa Cáceres, La vivienda social en Santo Domingo. Oportunidades de reciclaje del parque construido, tesis doctoral, Departamento de Proyectos Arquitectónicos, septiembre 2017. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informe sobre daños del huracán David, 1979. Carmen Jiménez (EFE) / Ciudad Alternativa, «La vida bajo un techo de zinc, la otra cara del paraíso de RD», 16 de octubre de 2017, ciudadalternativa.org.do. Ciudad Alternativa, «Damnificados y Refugiados por Descuido», ciudadalternativa.org.do.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. (Capitulo XI).
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