El Registro Inmobiliario establece tarifas de RD$4,000 para la primera solicitud y RD$6,500 para las posteriores, además de requisitos documentales y un plazo de respuesta de 30 días hábiles
SANTO DOMINGO.– La pérdida o destrucción de una certificación de registro de derechos reales puede representar un gasto de entre RD$4,000 y RD$6,500 para quienes necesiten obtener un nuevo ejemplar, según las tarifas establecidas por la Dirección Nacional de Registro de Títulos de la República Dominicana.
El procedimiento permite sustituir el documento extraviado o deteriorado por otro de igual naturaleza que acredite el mismo derecho real previamente registrado, sin que esto implique la creación de una nueva titularidad.
De acuerdo con la información oficial del Registro Inmobiliario, el trámite requiere una declaración jurada, una solicitud motivada y la publicación de un aviso en un periódico de amplia circulación nacional, entre otros documentos que deben presentar los interesados.
¿Cuánto cuesta reemplazar la certificación?
La institución establece una tasa de RD$4,000 por cada certificación expedida cuando se trata de una primera solicitud por pérdida o destrucción.
Sin embargo, para las solicitudes posteriores, el monto asciende a RD$6,500, lo que representa un incremento de RD$2,500 respecto al costo inicial.
A estos valores pueden sumarse otros pagos, dependiendo de las características del expediente y la modalidad utilizada para depositarlo.
Entre ellos figura un cargo de RD$130 por cada acto notarial, conforme a la Ley núm. 140-15 del Notariado, así como RD$50 por contrato notarizado, de acuerdo con la Ley núm. 3-2019 del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuando corresponda.
Por otra parte, quienes utilicen el servicio de depósito remoto deberán pagar RD$300 en el Centro de Atención al Usuario (CENAU) del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, mientras que para las demás localidades la tarifa es de RD$800.
En cuanto a la ventanilla exprés, el documento establece una tasa de RD$4,000 o RD$6,500 por cada certificación, según corresponda.
Las tarifas señaladas no incluyen necesariamente todos los gastos asociados a la preparación de los documentos requeridos.
Declaración jurada y publicación en periódico
Uno de los principales requisitos consiste en presentar una declaración jurada suscrita por el beneficiario del derecho real accesorio, en la que se haga constar la pérdida o destrucción de la certificación.
Además, el solicitante deberá indicar si ha realizado alguna operación utilizando el documento extraviado, información que forma parte de las comprobaciones exigidas durante el proceso.
Esta declaración puede instrumentarse ante un notario público mediante acto auténtico o ante un registrador de títulos que disponga de los medios electrónicos necesarios para verificar la calidad de las partes.
Asimismo, se exige una solicitud debidamente motivada y firmada por el beneficiario, acompañada de una publicación en un periódico de amplia circulación nacional que informe sobre la pérdida o destrucción del documento.
Dicho aviso deberá estar certificado por el medio de comunicación utilizado.
En cambio, la presentación de una copia de la certificación original es opcional, de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad.
Requisitos para personas físicas y empresas
Para las personas físicas, el expediente debe incluir copias legibles de ambos lados de las cédulas de identidad de las partes involucradas, según corresponda.
En el caso de extranjeros, se requiere el pasaporte y una identificación nacional o del país de origen como segundo documento oficial.
De igual manera, cuando el procedimiento sea realizado mediante un representante, deberá presentarse el poder que autorice esa actuación. También se contemplan documentos específicos para situaciones relacionadas con menores de edad o personas sujetas a interdicción.
Por su parte, las personas jurídicas deberán depositar la identificación de su representante, el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), una copia del registro mercantil vigente conforme a las condiciones del trámite y la documentación que acredite la representación de la entidad.
Esta última puede consistir en un acta de asamblea o estatutos societarios visados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
El proceso puede tardar 30 días hábiles
Según la Dirección Nacional de Registro de Títulos, el tiempo de respuesta establecido para este servicio es de 30 días hábiles, aunque el plazo puede variar de acuerdo con la fecha de compromiso otorgada por la institución al momento de realizar la solicitud.
En cuanto a las vías disponibles, los interesados pueden acudir presencialmente a una oficina de Registro de Títulos, utilizar el servicio de depósito remoto o realizar el procedimiento mediante la Oficina Virtual del Registro Inmobiliario.
No obstante, quienes opten por la modalidad electrónica deberán adjuntar los documentos requeridos y completar la entrega de los originales en la oficina correspondiente, según las indicaciones institucionales.
Los pagos de las tasas por servicios pueden efectuarse en el Banco de Reservas o mediante tarjetas de crédito y débito a través de la plataforma digital del Registro Inmobiliario.
Mientras tanto, los pagos correspondientes a la Ley núm. 3-2019 se realizan ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Importancia de conservar los documentos inmobiliarios
La reposición de una certificación de derechos reales accesorios implica no solo el pago de las tasas correspondientes, sino también el cumplimiento de formalidades destinadas a documentar las circunstancias en que ocurrió su pérdida o destrucción.
En ese sentido, la declaración jurada, la identificación del beneficiario y la publicación del aviso constituyen parte de los requisitos administrativos establecidos para tramitar la sustitución.
Aunque el procedimiento permite obtener un nuevo ejemplar que respalde el derecho registrado, su realización supone gastos adicionales y un período de espera que los interesados deben considerar.
Por esta razón, la conservación adecuada de las certificaciones y demás documentos vinculados con operaciones inmobiliarias resulta importante para evitar trámites de reposición y desembolsos innecesarios.
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