Buena parte de sus planteamientos se dirigen a los países en desarrollo, a los importadores de combustibles fósiles y a los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, grupos de los que forma parte la República Dominicana
Santo Domingo. – António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, propuso ante la Cumbre de Líderes de la COP31, celebrada en Antalya, Turquía, un Pacto de Justicia Climática basado en cuatro pilares: una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, la protección de las personas, un financiamiento suficiente y asequible, y la cooperación frente a la fragmentación.
En su discurso el ejecutivo afirmó que las emisiones de 2025 alcanzaron máximos históricos y que los últimos cuatro años han sido los más calurosos registrados. Señaló que la ciencia considera ya inevitable que el calentamiento supere el límite de 1.5 grados fijado en el Acuerdo de París, y que el mundo conserva la capacidad de decidir cuán alto, cuán prolongado y cuán dañino será ese exceso.
Países importadores de combustibles
El secretario general indicó que tres cuartas partes de la humanidad viven en países que importan combustibles fósiles, expuestos a choques de precios que no provocaron ni pueden controlar. A su juicio, los conflictos recientes demuestran que esa dependencia conduce a una inseguridad crónica y a crisis del costo de la vida.
Sostuvo que la energía limpia es hoy la fuente más barata de nueva electricidad en la mayor parte del mundo.
Recordó que hace diez años la energía solar generaba el 1% de la electricidad mundial y que el año pasado cubrió casi tres cuartas partes del crecimiento de la demanda global, e indicó que, de cada cien automóviles vendidos hace una década, uno era eléctrico, y que este año la proporción se acercará a uno de cada tres.
Transición energética
Con base en el Informe sobre la Brecha de Emisiones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Guterres planteó que para 2035 la capacidad renovable mundial debe al menos triplicarse respecto de 2025 y que la generación con carbón sin captura de emisiones debe reducirse en al menos 75%. Para 2040, agregó, ese carbón debe estar prácticamente eliminado y el consumo de petróleo y gas debe caer alrededor de un tercio.
Pidió a cada gobierno alinear sus políticas, inversiones y planes de infraestructura con esas metas, comenzando por hojas de ruta nacionales para la transición que protejan a los trabajadores y las comunidades afectadas.
Mencionó expresamente: ningún nuevo proyecto de carbón, ninguna nueva infraestructura de petróleo y gas que aleje aún más la meta de 1.5 grados, reducción de las emisiones de metano, expansión acelerada de renovables, redes, almacenamiento y electrificación limpia, y protección de bosques, océanos y biodiversidad.
Costo del dinero para los países en desarrollo
Guterres señaló que las economías emergentes y en desarrollo, excluida China, albergan casi dos tercios de la humanidad, pero reciben menos de una quinta parte de la inversión mundial en energía limpia, y que la mayoría paga entre dos y tres veces más por endeudarse.
Advirtió que, si estos países no acceden a energía limpia asequible, los combustibles fósiles ocuparán ese espacio y fijarán emisiones durante décadas.
Sobre el financiamiento, pidió a los países desarrollados encabezar la entrega de al menos 300,000 millones de dólares anuales para 2035 y presentar planes concretos, con metas intermedias, para al menos triplicar en ese plazo el financiamiento destinado a la adaptación. Reclamó que la meta de 1.3 billones de dólares se convierta en recursos que lleguen efectivamente a los países en desarrollo.
Instó a los bancos multilaterales de desarrollo a superar el compromiso asumido en Bakú de 120,000 millones de dólares anuales hacia 2030, prestar más, movilizar inversión privada, asumir más riesgo y utilizar instrumentos innovadores adaptados a las necesidades de los países en desarrollo vulnerables.
Pidió además a los donantes una reposición ambiciosa del Fondo Verde para el Clima y del Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños, e incluyó la cooperación Sur-Sur como vía para ampliar el acceso a tecnología y financiamiento.
Impuesto a las ganancias petroleras
Guterres afirmó que en el último trimestre las nueve mayores compañías petroleras obtuvieron 95,000 millones de dólares en beneficios, mientras que el Fondo de Pérdidas y Daños ha recibido alrededor de 600 millones, cifra equivalente a lo que esas empresas ganan en unas 14 horas.
Propuso que los gobiernos graven esas ganancias extraordinarias y destinen los recursos a la recuperación de los países vulnerables. «Quien contamina debe pagar», dijo.
Adaptación y alertas tempranas
El secretario general afirmó que, con el aumento de las temperaturas, la adaptación es una cuestión de supervivencia. Pidió una nueva generación de planes nacionales de adaptación con respaldo de la comunidad internacional a los países en desarrollo, y que cada persona del planeta esté cubierta por un sistema de alerta temprana y cada comunidad protegida frente a inundaciones, sequías y el aumento del nivel del mar. Cuando la adaptación llegue a su límite, añadió, el apoyo por pérdidas y daños debe ser rápido y accesible.
Mensaje a los pequeños estados insulares
Guterres cerró su intervención con un mensaje a quienes están en la primera línea de la acción climática: jóvenes, científicos, pueblos indígenas, sociedad civil y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, a quienes llamó «la conciencia de esta lucha».
Anunció que a partir del próximo año dejará de ser secretario general y aseguró que seguirá acompañando esa causa como defensor y aliado.
Bitácora de RD frente al cambio climático
El país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático, establecida mediante el Decreto 269-15, y con un Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático 2015-2030, cuya coordinación corresponde al Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono (CNCCMC), que preside el mandatario Luis Abinader y su vicepresidente ejecutivo es Max Puig.
La República Dominicana no tiene todavía una ley general de cambio climático; un análisis de Participación Ciudadana fechado en junio de 2025 identificó cinco iniciativas legislativas sobre la materia, ninguna aprobada.
En su contribución nacional de 2020, el país se comprometió a reducir en 27% sus emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para 2030; de ese total, 7 puntos debían cubrirse con recursos nacionales y el resto dependía de apoyo externo.
En septiembre de 2025, Max Puig informó en Nueva York que el esfuerzo nacional había logrado una reducción cercana al 11% de las emisiones proyectadas, por encima de la porción asumida con fondos propios.
En junio de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dirige Paíno Henríquez, presentó la actualización de ese compromiso, conocida como NDC 3.0: una reducción de 28% para 2030, de la cual 8.5% se cubrirá con recursos nacionales y 19.5% estará condicionada al financiamiento internacional, y de 32% para 2035.
El documento estima inversiones superiores a US$23,719 millones e incluye 41 medidas de adaptación en siete sectores prioritarios.
En energía, Joel Santos, ministro de Energía y Minas, informó en mayo de 2026 que hay más de 25 proyectos en desarrollo que sumarán más de 1,000 megavatios renovables, con la meta de que estas fuentes aporten el 30% de la generación eléctrica en 2030.
En marzo de ese año pidió al Congreso aprobar el proyecto de ley de eficiencia energética. En transporte, el país firmó en la COP30 de Belém una declaración ministerial para descarbonizar el sector, cuya meta es reducir en 25% su consumo de energía para 2035, y en mayo de 2026 asumió en Leipzig la copresidencia de esa iniciativa en representación del Sur Global, a través de Sara González Troncoso, directora técnica del CNCCMC.
En adaptación, el Ministerio de Salud Pública, encabezado por Víctor Atallah, lanzó en marzo de 2026 el Plan Nacional de Adaptación de Salud y Cambio Climático, elaborado con apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud y financiamiento de la Unión Europea.
En abril, Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), anunció un sistema, desarrollado con las compañías telefónicas, para enviar alertas meteorológicas directamente a los celulares de la población.
En el ámbito multilateral, Carol Franco, asesora del Ministerio de Medio Ambiente, asumió en junio de 2026 la presidencia del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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