SANTO DOMINGO- El anteproyecto de Ley de Alquileres y Desahucios, ha recibido interés por parte del sector legal dominicano, especialmente los vinculados al derecho inmobiliario. Aunque valoran su intención de modernizar el sistema de renta en República Dominicana, los abogados Israel López y Luz Del Alba Rodríguez coinciden en que el proyecto aún necesita mejoras sustanciales antes de convertirse en ley.

Para López, la propuesta legislativa representa un paso positivo. “En términos generales, califico este proyecto de ley como un avance en nuestra legislación para el comercio de propiedades en alquiler en la República Dominicana”, expresó el jurista, quien valoró que la iniciativa busca “acabar con la burocracia, el litigio temerario y la mora judicial” que afectan a propietarios e inquilinos por igual.

De su lado, Rodríguez, quien además es agrimensora, ve con preocupación varias disposiciones. Por ejmplo, sobre las sanciones penales de 3 a 5 años de prisión para propietarios que desalojen sin agotar el proceso legal, opinó que “la pena resulta excesiva”.

A juicio de la profesional , se trata de una medida desproporcionada. “No se trata de un hecho violento o una agresión física, hablamos de omisiones de carácter procesal, de actuaciones por desesperación”, señaló, y advirtió que no se contempla ningún castigo para los inquilinos que incumplen con la entrega del inmueble.

López, por otro lado, consideró que esas penalizaciones no son nuevas y tienen un fundamento: “Esto no es algo nuevo, es algo que se impuso por ley desde el 2019. Y es que ninguna persona tiene la autoridad para hacer justicia por su propia cuenta”, declaró.

Otro de los puntos de debate es el tratamiento que la ley da a los  agentes inmobiliarios. López defendió el artículo que establece que el pago del corretaje debe ser asumido por quien contrate al agente: “Me parece justo… quien lo necesita es quien lo contrata”. Rodríguez, en cambio, lamentó que el proyecto reduzca el rol del agente: “Se ha perdido una gran oportunidad para regular su figura, su capacitación y su remuneración. El agente inmobiliario es un eslabón clave en el alquiler legal”.

También expresan posturas distintas respecto a la creación de un juzgado especial para temas de alquileres. López valoró positivamente esta propuesta: “Me parece grandioso… Ojalá se apruebe este proyecto para que termine de una vez y por todas la confusión y la dilación en estos procesos”. Por el contrario, Rodríguez fue enfática al rechazarla: “No estoy de acuerdo. La mora procesal no se combate con más estructuras, sino con el fortalecimiento real del sistema existente”.

El anteproyecto continúa su curso legislativo en el Congreso Nacional, en medio de discusiones técnicas y jurídicas que ponen sobre la mesa la necesidad de una legislación más clara, justa y funcional para el actual mercado de alquileres de la República Dominicana.

Entre 2020 y 2024, la entidad desembolsó más de 30,123 millones de pesos en financiamiento para la adquisición de viviendas e inmuebles.

SANTO DOMINGO.-El Banco de Reservas anunció la noche del martes el inicio de Expo Hogar Banreservas 2025, una feria inmobiliaria que se llevará a cabo durante el mes de julio en todo el país, ofreciendo tasas de financiamiento desde 7.84 % fija por seis meses.

De acuerdo a los detalles ofrecidos, los clientes tendrán la oportunidad de acceder a una amplia gama de opciones de financiamiento para la adquisición de viviendas, así como propiedades comerciales en los diversos destinos del país.

En la edición del presente año, la opción de las tasas disponibles incluyen desde 10.84 % a un año; 12.84 % a tres años; 13.84 % a cinco años; y 14.84 % a diez años. Para los locales comerciales, regirá un 12.84 % a un año.

Al ofrecer los pormenores, Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, destacó que esta iniciativa busca apoyar los sueños de los dominicanos, brindándoles la oportunidad de adquirir su casa propia o un local comercial para el desarrollo de sus negocios.

“Nuestra misión es servirles, por lo que cada persona interesada puede acercarse a nosotros para ser dueños de su vivienda o local comercial. Este esfuerzo contribuirá al crecimiento de nuestra economía, al desarrollo de la industria de la construcción y a la generación de empleos”, expresó Pereyra.

El presidente de Banreservas también recordó el impacto positivo del banco en el sector inmobiliario, revelando que entre 2020 y 2024, la entidad desembolsó más de 30,123 millones de pesos en financiamiento para la adquisición de viviendas e inmuebles, respaldando la compra de aproximadamente 6,871 propiedades en todo el país.

El lanzamiento se realizó en el local de la Coopera Banreservas, ubicado en la avenida John F. Kennedy del Ensanche Kennedy, con la presencia de agencias inmobiliarias y ejecutivos de la entidad bancaria y sus empresas filiales.

Condiciones de financiamiento

En la versión actual de Expo Hogar, Banreservas ofrecerá financiamiento de hasta el 90 % del valor de viviendas terminadas, con plazos de hasta 20 años para pagar, incluyendo impuestos y gastos legales.

Para los locales comerciales, la opción es de hasta el 80 % y un plazo de hasta 10 años, mientras que para los solares el financiamiento cubre hasta el 70 % y siete años para su pago.

En cada edición de la Expo Hogar, participan desarrolladores y agentes inmobiliarios con viviendas terminadas y otros espacios habitables. Los interesados, tanto residentes en el país como en el exterior, pueden acercarse a las oficinas de Banreservas o gestionar el préstamo a través de agencias inmobiliarias asociadas.

SANTO DOMINGO.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) externó este martes su preocupación sobre algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, por considerar que podrían generar «efectos adversos», si no son corregidas y precisadas de manera adecuada.

En un comunicado la entidad señala una serie de observaciones al proyecto aprobado la pasada semana, en primera lectura por la Cámara de Diputados y que busca regular las obligaciones entre inquilinos y propietarios.

«Consideramos indispensable reformular aspectos sustantivos y procedimentales que afectan la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial», indicó Finjus. 

Destaca varios puntos que a su entender, deben ser reconsiderados antes de su aprobación definitiva.

Finjus resaltó la necesidad de un tratamiento diferenciado para los distintos tipos de alquileres, apuntando que uno de los aspectos esenciales que debe corregirse es la falta de diferenciación entre los alquileres de uso habitacional y aquellos destinados a fines comerciales, industriales o turísticos. «Tratar estos regímenes de forma homogénea puede afectar negativamente al dinamismo económico, en particular a la inversión y a la libertad contractual», observa Finjus.

La normativa aplicable a alquileres comerciales debe descansar principalmente en la autonomía de la voluntad, dado que estos contratos son firmados entre partes con mayor capacidad de negociación y distinto nivel de riesgo

«Se recomienda que la legislación se enfoque en el alquiler de viviendas, entendidas como espacios de morada fija para fines familiares o personales, y que se excluyan de su ámbito de aplicación los arrendamientos con fines comerciales, industriales o de corta estadía, los cuales deben seguir regulados por el Código Civil y las reglas generales del derecho privado».

Autonomía de la voluntad y cargas contractuales

El proyecto introduce una serie de disposiciones que reducen innecesariamente el margen de negociación entre las partes. Por ejemplo, el artículo 4 impone de forma anticipada el destino del inmueble, restringiendo la posibilidad de pactar libremente su uso. Igualmente, se establece un límite obligatorio para el reajuste de la renta, imponiendo un índice oficial en ausencia de acuerdo expreso, lo que puede desincentivar el arrendamiento formal y desincronizar los contratos con la realidad económica.

También se observan disposiciones que colocan cargas excesivas al arrendador, como la obligación de ofrecer el inmueble en venta al inquilino sin un pacto previo o que atribuyen derechos sin base legal clara, como obligaciones no jurídicas que el inquilino debe llevar a cabo. Este tipo de medidas deben ser objeto de reconsideración, ya que alteran el principio de libertad dispositiva que rige en materia contractual.

Vacíos conceptuales y ambigüedades jurídicas

El proyecto incurre en omisiones y ambigüedades que podrían generar inseguridad jurídica. Un ejemplo de ello es el artículo 12, que menciona el concepto de «abandono» sin definirlo con precisión, lo que puede generar conflictos interpretativos y abrir la puerta a litigios innecesarios.

Asimismo, incluso cuando las partes han pactado un término fijo para el contrato, la finalización del arrendamiento depende de una denuncia expresa. Esta disposición contradice el principio general según el cual el vencimiento de un plazo determinado debe producir la extinción automática del contrato, salvo que medie una prórroga expresa o una tácita reconducción.

Aspectos procesales y de ejecución

Se introduce un régimen procesal distinto para arrendamientos de viviendas y comerciales sin ofrecer una justificación técnica clara, lo que podría provocar desigualdades de tratamiento ante la ley y una carga administrativa adicional para el sistema judicial.

Un punto crítico que permanece sin regulación adecuada es la prelación de embargos y la protección de la garantía entregada por el arrendatario. El proyecto no es claro respecto a qué derecho prevalece cuando una cuenta está sujeta a embargo retentivo tras la orden de devolución del depósito.

«Este vacío normativo debe ser subsanado mediante la incorporación de un procedimiento uniforme que establezca reglas claras sobre la ejecución de la garantía», concluye.