SANTO DOMINGO.- La propuesta de ley sobre intermediación inmobiliaria que actualmente cursa en el Congreso Nacional establecería una separación más precisa entre el ejercicio legal de los abogados y las funciones propias de los agentes inmobiliarios, en un intento por organizar uno de los sectores de mayor crecimiento en República Dominicana.
Durante su participación en el pódcast La Ventana del Inmobiliario, María Cristina Grullón, socia fundadora de López-Grullón, Abogados y Consultores, S. R. L., explicó que la iniciativa no busca excluir a los abogados del mercado inmobiliario, sino regular las actividades de intermediación que durante años se han desarrollado sin un marco normativo integral.
“La pieza es clara respecto a lo que regula cualquier tipo de intermediación”, afirmó la especialista en derecho inmobiliario al referirse al proyecto legislativo, que ya fue aprobado en el Senado y espera ser conocido en la Cámara de Diputados.
Según explicó, la propuesta reconoce una diferencia entre la asesoría jurídica dentro de una operación inmobiliaria y la intermediación habitual de propiedades. En ese sentido, indicó que un abogado podrá continuar representando clientes, administrando bienes mediante poder o participando en procesos contractuales sin necesidad de una licencia especial.
Sin embargo, aclaró que aquellos profesionales del derecho que se dediquen de manera constante a captar clientes, promover inmuebles o gestionar operaciones de compra y venta como actividad comercial deberán someterse al mismo esquema regulatorio que los agentes inmobiliarios.
“Si ese abogado pretende dedicarse a la intermediación o promoción del sector inmobiliario, evidentemente va a tener que buscar una licencia”, expresó.
La jurista sostuvo que el proyecto persigue establecer reglas comunes para todos los actores vinculados al sector, incluyendo agentes, agencias, desarrolladores y promotores inmobiliarios, con el objetivo de fortalecer la transparencia y elevar la seguridad jurídica de las operaciones.
Más controles y menos informalidad
Grullón explicó que la propuesta contempla distintos tipos de licencias, requisitos mínimos de formación y procesos de capacitación obligatoria, cuyo desarrollo sería establecido posteriormente mediante reglamento.
La iniciativa también incorporaría mecanismos de validación relacionados con cumplimiento fiscal, prevención de lavado de activos y verificación de antecedentes, como parte de un modelo que busca reducir la informalidad dentro del mercado inmobiliario.
“Se tiene que proteger al consumidor”, señaló al referirse a las personas que depositan inversiones de alto valor en intermediarios que, en muchos casos, operan sin controles ni supervisión.
La especialista indicó que el proyecto surge tras múltiples intentos fallidos de regulación y luego de analizar tanto la realidad dominicana como modelos internacionales aplicados en otros mercados inmobiliarios.
A su juicio, la ausencia de reglas claras ha permitido durante años conflictos vinculados a malas prácticas, incumplimientos y operaciones realizadas sin los niveles mínimos de preparación técnica requeridos.
Protección para inversionistas y dominicanos ausentes
Durante la entrevista, Grullón destacó que uno de los principales objetivos de la pieza legislativa es generar mayor confianza dentro del mercado, especialmente entre dominicanos residentes en el extranjero e inversionistas que realizan operaciones desde fuera del país.
Explicó que muchas de estas personas entregan la gestión de sus propiedades o inversiones a terceros sin contar con herramientas que permitan validar competencias, licencias o antecedentes de quienes participan en las transacciones.
La propuesta también delimitará el alcance de actuación de los agentes inmobiliarios. En operaciones donde existan dudas sobre titularidad, procesos sucesorales o conflictos legales asociados a un inmueble, el intermediario estaría obligado a recomendar asesoría jurídica especializada antes de continuar con la negociación.
“No se está diciendo que la transacción no se pueda hacer, sino que se están creando reglas mínimas de protección”, puntualizó.
Para Grullón, la eventual aprobación de la ley representaría “un antes y un después” para el sector inmobiliario dominicano, debido al crecimiento sostenido que ha experimentado la actividad en los últimos años y al volumen cada vez mayor de inversiones vinculadas al mercado inmobiliario nacional.
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