Tres meses de reclamos del sector chocan con un protocolo que no garantiza fecha de pago y que además les cobra el precio de renunciar a los intereses acumulados por años de mora
SANTO DOMINGO. – Ochenta y cinco días separan la promulgación de la Ley 16-26, el 1 de mayo, de la aprobación del protocolo que debía ponerla en marcha, el pasado 7 de julio y en ese tiempo, el sector de la construcción documentó con nombres y cifras el costo de la espera,
El ingeniero Manuel Inoa advirtió, apenas veinte días después de promulgada la ley, que al menos 18 profesionales vinculados a reclamaciones por obras públicas habían fallecido en los últimos años sin ver resuelta su deuda y el protocolo, ya aprobado, responde a esa urgencia con un documento técnico que no resuelve la pregunta que más le importa a un contratista: cuándo cobrará.
Según el texto del protocolo, una vez aceptada y validada la documentación de un expediente, el pago procederá «siempre y cuando existan las condiciones presupuestarias». Si el Ministerio de Hacienda y Economía no puede cubrirlo dentro del ejercicio fiscal en curso, la obligación reconocida simplemente pasa a la fila del próximo Presupuesto General del Estado.
Para un contratista que ya esperó una, dos o tres administraciones distintas, la validación de su expediente no equivale, todavía, a una fecha de pago.
A esa incertidumbre se suma un costo adicional que el protocolo sí deja claro: antes de recibir un peso, el beneficiario deberá firmar un documento de descargo y finiquito legal, de carácter irrevocable, mediante el cual renuncia expresamente a reclamar intereses, astreintes, daños y perjuicios, costas u honorarios derivados de la mora acumulada.
Es decir, el contratista que cobre después de una década de espera lo hará por el monto original de la obra, sin compensación por el tiempo ni por el deterioro financiero que esa espera le haya causado.
Una queja previa
El Comité Institucional Codiano (CIC), que agrupa a buena parte de los reclamantes, había advertido desde junio que la celeridad con que el Congreso aprobó la ley contrastaba con la lentitud de su implementación.
El coordinador general del CIC, arquitecto Emiliano Familia, señaló entonces que habían transcurrido 48 días desde la entrada en vigencia de la Ley 16-26 sin que se anunciara siquiera la integración de la comisión encargada de ejecutarla.
El reclamo insistía en un punto que el protocolo, meses después, solo resuelve a medias: la prioridad para los expedientes de contratistas de edad avanzada, con la salud deteriorada o con el patrimonio familiar comprometido por la espera.
El protocolo sí incorpora una veeduría, a cargo del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y de la Asociación Nacional de Productores de Asfaltos (ANPRAS), con acceso pleno a la información que produzca la comisión.
Pero apenas unos días antes de que el documento se hiciera público, el propio CIC había reclamado la incorporación de más veedores al proceso, en un pedido que sugiere que, para el sector, la fiscalización prevista todavía no cierra el círculo de confianza que la ley necesita para funcionar.
El fondo, sigue sin resolver
El protocolo tampoco despeja la controversia que acompañó a la ley desde que era un proyecto en el Congreso. El diputado Danilo Díaz, del Partido de la Liberación Dominicana, cuestionó en mayo que la pieza, concebida originalmente para aliviar a pequeños ingenieros y suplidores, terminara incorporando también a grandes empresas constructoras, lo que a su juicio diluyó el carácter social de la iniciativa: «Cuando tú ves grandes empresas, eso descalifica el carácter social que tenía ese proyecto», afirmó entonces.
La lista de 856 contratistas beneficiarios que hoy maneja la comisión no distingue, al menos públicamente, entre el pequeño suplidor que espera saldar una deuda personal y la empresa con capacidad de absorber la demora.
El propio ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, había intentado acotar el alcance de la ley semanas antes de la aprobación del protocolo, precisando que esta no ampara obras ejecutadas sin ningún tipo de contrato, sino aquellas cuya documentación de soporte se perdió o nunca existió por razones cronológicas, dado que los rigurosos estándares actuales de la Contraloría General de la República, no regían hace diez o quince años.
Esa aclaración, sin embargo, no aparece desarrollada con el mismo detalle en el protocolo finalmente aprobado, que deja en manos de la comisión la evaluación caso por caso.
Con el protocolo ya aprobado, el reloj vuelve a correr para un sector que aprendió, a lo largo de casi tres meses, que la velocidad con que se legisla no siempre se traduce en la velocidad con que se paga.
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