SANTO DOMINGO. – El Comité Institucional Codiano (CIC), informó que intimó formalmente al Ministerio de Hacienda y Economía, y solicitó la intervención del Defensor del Pueblo y de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), al cumplirse dos meses de la promulgación de la Ley 16-26 sin que, según la organización, se haya anunciado la integración de la comisión encargada de ejecutar esa normativa.
De acuerdo con el vocero del CIC, Miguel Liberato, el pasado 1 de junio la entidad remitió una comunicación al Ministerio de Hacienda y Economía solicitando información sobre la conformación de la comisión establecida en la Ley 16-26, la cual tendría la responsabilidad de validar, depurar, reconocer y viabilizar el pago de acreencias pendientes a contratistas de obras públicas.
Intimación al Ministerio de Hacienda
Liberato explicó que, tras no recibir respuesta dentro del plazo correspondiente, el comité procedió a depositar una intimación formal para requerir el cumplimiento del deber de respuesta por parte de la administración pública.
El portavoz sostuvo que esta acción se fundamenta en el derecho de los ciudadanos a obtener respuesta de las instituciones estatales y en los principios que rigen la administración pública.
Solicitudes al Defensor del Pueblo y a la DIGEIG
El CIC informó además que solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que, en el marco de sus atribuciones, actúe ante lo que la organización considera una inactividad administrativa que afecta la ejecución de una ley vigente.
Asimismo, la entidad indicó que puso el caso en conocimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), con el objetivo de que esa institución determine si la ausencia de respuesta se ajusta a los principios de transparencia, eficacia, buena administración y atención al ciudadano.
Reclaman cronograma de ejecución
Miguel Liberato afirmó que las gestiones realizadas por el CIC han sido desarrolladas por las vías institucionales y dentro del marco legal.
«En una democracia, la defensa de los derechos ciudadanos debe ejercerse mediante los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Ese ha sido nuestro proceder desde la promulgación de la Ley 16-26», expresó.
La organización reiteró que su propósito es conocer cuándo será integrada oficialmente la comisión ejecutora y cuál será el cronograma para el inicio de sus trabajos, a fin de que la legislación pueda comenzar a aplicarse.
Contratistas esperan reconocimiento de acreencias
El Comité Institucional Codiano recordó que la Ley 16-26 está relacionada con acreencias pendientes de contratistas de obras públicas acumuladas durante décadas.
Según el CIC, entre los afectados figuran profesionales de edad avanzada y familiares de contratistas fallecidos que aún esperan el reconocimiento y pago de compromisos asumidos por el Estado.
«Cada día de retraso tiene consecuencias humanas, pues hay contratistas que esperan cobrar en vida y familias que llevan años aguardando una respuesta», concluyó Liberato.
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