PGR ordena investigación sobre posibles fraudes inmobiliarios en 134 espacios protegidos, por sospechas de entramados criminales, corrupción administrativa, falsificación documental e irregularidades registrales.
SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dio un giro al enfoque de la persecución de los delitos ambientales al ordenar una investigación penal amplia sobre la emisión de títulos y posibles fraudes inmobiliarios dentro de áreas protegidas, en un contexto marcado por una reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo que impacta al Parque Nacional Jaragua.
El fallo del TSA ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales actualizar el catastro oficial del parque, lo que podría implicar la modificación de la delimitación administrativa de parcelas situadas en la zona costera.
La disposición del Ministerio Público instruye a fiscales especializados a indagar, no solo ocupaciones físicas, sino también los actos jurídicos, administrativos y registrales que hayan derivado en la expedición de títulos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, que agrupa 134 espacios bajo protección estatal.
Entre las zonas señaladas figuran el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino, además de la zona de Bucanyé.
La Quinta Sala del TSA evacuó la sentencia núm. 0030-1643-2025-SSEN-00786, acogiendo una acción de amparo interpuesta por particulares, vinculados a terrenos ubicados dentro del polígono del Parque Nacional Jaragua.
Un giro inesperado
En ese escenario, la Procuraduría General dispuso la creación de una fuerza de tarea especializada para investigar posibles entramados criminales, corrupción administrativa, falsificación documental o irregularidades registrales que hayan facilitado la titulación de terrenos dentro de los parques nacionales y otras categorías con protección, que además son territorios estratégicos para la seguridad hídrica y la conservación de biodiversidad.
Según la nota oficial de la Procuraduría General de la República, el reenfoque implica tratar los delitos ambientales con la misma rigurosidad que el crimen organizado, debido a su impacto estructural y muchas veces irreversible.
La coincidencia temporal entre la sentencia del TSA y la orden de investigación penal coloca el debate ambiental en el centro de la agenda institucional, en un momento en que se discute el alcance de la protección legal sobre uno de los parques nacionales más extensos, ecológicamente más sensibles del país y en el ojo de las inversiones turísticas e inmobiliarias.
Fuerza de tarea especializada
Para conducir el proceso fue designada una fuerza de tarea coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, acompañado de un equipo integrado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa; Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
También forman parte Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria, y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
Alcance de la investigación
Los fiscales deberán determinar si existieron entramados criminales, actos de corrupción, falsificación documental o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural, y deberán elaborar un informe detallado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos ambientales en las áreas que conforman el SINAP, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo con la comunicación oficial, la conservación de estos espacios resulta estratégica para la protección de las fuentes hídricas y para garantizar los servicios ambientales que sostienen actividades productivas y el abastecimiento de agua potable en el país.
Contexto acumulado
Entre los espacios bajo escrutinio figuran el Parque Nacional Jaragua, el Parque Nacional Valle Nuevo, las Dunas de Baní y la Sierra de Bahoruco, todos con antecedentes de conflictos por ocupaciones, agricultura ilegal o proyectos inmobiliarios cuestionados, según reportes públicos y decisiones administrativas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales registradas desde la década de 2000, tras la entrada en vigencia de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04:
* En Valle Nuevo, las autoridades han ejecutado operativos de desalojo de cultivos agrícolas dentro de su zona núcleo desde hace más de dos décadas.
* Jaragua mantiene disputas territoriales previas a la promulgación de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, particularmente en zonas costeras.
* Las Dunas de Baní han enfrentado ocupaciones y litigios por uso de suelo desde la década de 1990.
* Sierra de Bahoruco ha registrado históricamente conflictos vinculados a tala, agricultura y asentamientos humanos dentro de áreas protegidas.
También han trascendido controversias sobre deslindes y certificaciones en terrenos ambientalmente protegidos, lo que ha generado debate público y cuestionamientos sobre posibles fallas en los controles registrales y administrativos.
Es en ese contexto acumulado que la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruye una investigación integral que no se limita a ocupaciones físicas ni al Parque Nacional Jaragua, sino que se extiende a los actos jurídicos y administrativos que pudieron haber dado apariencia de legalidad a apropiaciones de patrimonio público natural.
Reacciones y cuestionamientos
El Ministerio de Medio Ambiente rechazó la decisión del TSA y anunció recursos legales, al considerar que los límites de un parque nacional están definidos por ley, entre ellas la Ley 64-00 y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04 y por disposiciones constitucionales que establecen su carácter de interés público, por lo que cualquier modificación requeriría intervención legislativa.
En el debate público intervino Francisco Domínguez Brito, exministro de Medio Ambiente y exprocurador general, quien advirtió que la decisión judicial podría sentar un precedente que debilite la integridad del régimen de áreas protegidas.
También se pronunciaron los ambientalistas Luis Carvajal y Yolanda León, integrantes de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, quienes sostienen que la sentencia introduce inseguridad jurídica en territorios que la Constitución declara de alto interés público.
El parque Nacional Jaragua
Este parque, ubicado en la provincia Pedernales, forma parte de la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y abarca más de 1,300 kilómetros cuadrados, incluyendo áreas terrestres y marinas, así como extensas franjas de playa de alto valor ecológico, entre ellas la apetecida Bahía de las Águilas.
Cualquier alteración de sus límites impacta territorio terrestre, litoral y zonas de amortiguamiento ambiental.
La sentencia del TSA dispone revisar la cartografía oficial del área protegida, en función de los reclamos de Inversiones del Sur, S.R.L., que invoca derechos adquiridos sobre terrenos alegada y previamente titulados, incluidos originalmente en el Parque Nacional Jaragua, que debían quedar excluidos del área protegida porque, tras la vigencia de la Ley 266-04, esos mismos terrenos fueron clasificados como Polo Turístico.
En su particular criterio, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no actualizó el Catastro Nacional de Áreas Protegidas para reflejar ese cambio legal y por ese motivo interpusieron la acción de amparo.
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