SANTO DOMINGO.– El artículo 55 de la ley que regularía la Intermediación Inmobiliaria en el país y que es objeto de estudio actualmente en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, plantea que los delitos inmobiliarios que posean «circunstancias agravantes», serán castigados con hasta 10 años de prisión y hasta 100 salarios mínimos tomando como referencia lo que se paga en el sector público.
«Las acciones punibles antes indicadas serán sancionadas con cuatro (4) a diez (10) años de prisión y multa de cincuenta (50) hasta cien (100) salarios mínimos correspondientes al sector público si concurren dos (2) o más de las condiciones siguientes». Se refiere a:
- Si hay más de diez (10) víctimas;
- Si las víctimas son particularmente vulnerable en razón de su edad, sexo, enfermedad, incapacidad, deficiencia física o síquica, siempre que esta situación sea evidente o conocida por el autor;
- Si es cometida por varias personas, actuando como autores o cómplices, sin importar que éstos formen o no una asociación de malhechores;
- Si los valores defraudados con las acciones indicadas en el artículo anterior son iguales o superiores a dos mil (2000) salarios mínimos del sector público.
El artículo 54 de la propuesta de ley para regular la intermediación inmobiliaria en la República Dominicana establece que los delitos de acción pública que no se consideren agravantes, serán sancionados con penas de dos (2) a cinco (5) años de prisión mayor, así como con el pago de multas de veinte (20) hasta cincuenta (50) salarios mínimos correspondientes al sector público.
Califica como acciones punibles las siguientes:
Las personas que a sabiendas o debiendo saber, promuevan abiertamente y capten valores del público, ya sea directamente o a través de terceros, mediante la promesa de desarrollar cualquier tipo de proyectos inmobiliarios en los casos siguientes:
Que no posea ningún tipo de derecho de propiedad sobre el inmueble donde se pretende desarrollar el mismo, ni la capacidad financiera mínimamente requerida para llevar a término el mismo.
De igual manera se considerarán acciones contrarias a la ley, las personas que utilizaran los fondos recibidos para el desarrollo o construcción de inmuebles y proyectos inmobiliarios para su provecho personal o de un fin distinto para el cual le fueron entregados los mismos, poniendo con esto en riesgo la ejecución y entrega de los inmuebles requeridos.
También aquellas que simulen la existencia de proyectos inmobiliarios inexistentes con el único fin de captar dinero o inversiones de cualquier tipo.
El anteproyecto de Ley que «regula la Intermediación Inmobiliaria», representa un nuevo intento del país por disponer de una herramienta que establezca las normas para el ejercicio de los bienes raíces en el país, un oficio que ha crecido significativamente en los últimos años en la nación dominicana.
