SANTO DOMINGO.– La comisión creada mediante la Ley 16-26 aprobó el protocolo que permitirá iniciar el proceso de revisión y posterior pago de las deudas que mantiene el Estado con contratistas de obras públicas, un paso que pone en marcha la aplicación de una legislación esperada por cientos de ingenieros, constructores y suplidores con reclamaciones pendientes.
La información fue dada a conocer este martes por la Presidencia de la República, que explicó que durante la primera sesión de trabajo de la comisión se establecieron los procedimientos, criterios técnicos y requisitos que regirán la evaluación de los expedientes para reconocer las obligaciones contempladas en la ley.
La Ley 16-26 fue promulgada el pasado 25 de mayo para crear un mecanismo extraordinario que permita revisar y reconocer reclamaciones económicas de contratistas que ejecutaron obras para distintas instituciones públicas y cuyos pagos permanecían pendientes, en algunos casos debido a la ausencia de contratos formalizados o a procesos administrativos inconclusos.
El protocolo, que será de conocimiento público, busca unificar las reglas para revisar las reclamaciones y garantizar que el proceso se desarrolle bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y rendición de cuentas.
Expedientes en revisión tendrán prioridad
De acuerdo con la entidad, como parte de las primeras decisiones, la comisión acordó dar prioridad a los expedientes que ya se encontraban bajo revisión en la Contraloría General de la República al momento de entrar en vigencia la Ley 16-26, con el propósito de agilizar el inicio de los pagos.
Asimismo, el protocolo será remitido a los veedores y a las instituciones incluidas en la normativa para asegurar una aplicación uniforme de los procedimientos establecidos.
Ley busca regularizar deudas acumuladas
La comisión reiteró que uno de sus principales objetivos es crear las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para comenzar, en el menor tiempo posible, el pago de las deudas reconocidas por la legislación.
El organismo está integrado por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien lo preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Lecturas recomendadas:
