SANTO DOMINGO.- A la abogada Reyna Echenique la idea de las Casas Transitorias sugeridas por el Ministerio de la Vivienda para que se incluya dentro de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, le parece un desatino porque generaría un problema social mayor, pues muchos inquilinos podrían aprovecharse y permanecer más tiempo de lo estipulado en el contrato de renta con el objetivo de declararse en quiebra.
¿De dónde van a sacar las Casas Transitorias?, quien las va a construir?, el Estado con el dinero de los impuestos?, se preguntó la especialista, tras sostener que los inquilinos esperarían una casa que quien sabe cuándo le entregarían.
El Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), sugirió a la Cámara de Diputados cambiar algunos aspectos de la Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios aprobada el pasado mes de mayo en primera lectura por la Cámara Baja. El planteamiento busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.
Sobre no discriminar a los inquilinos por raza o condición, como lo establece el proyecto de ley, la también asesora inmobiliaria aplaude la idea, considerando que actualmente se está dando mucho esa situación, no solo por propietarios sino también por administradores de condominios.
“Independiente de raza, nacionalidad, etnia o sexo, cada ser humano necesita su techo y si tiene los recursos para pagar un alquiler porque de momento no puede comprarlo. ¿Por qué negarle esa oportunidad?”.
La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI ) se unió a las instituciones que solicitaron enmiendas al proyecto como aquel que sugiere que se aumente el precio cuando se hagan mejoras a la vivienda, pero que no exceda del 20%.
“Considero que se debe aumentar aunque no existan mejoras, pues existe la inflación y esta no avisa. Cada año la inflación aumenta y el valor del pago del alquiler para cada propietario se “achica” por la misma”, responde Echenique.
Observa que el proyecto que hoy 27 de junio, va a vistas públicas en el Congreso Nacional, tiene algunas debilidades y zonas con vacíos legales que hay que fortalecer para atraer más las inversiones inmobiliarias.
“Tanto el propietario que necesita la seguridad jurídica en su derecho de propiedad y que como tal no se afecten, así como el inquilino que tiene un derecho de uso del bien, se sientan protegidos y haya una equidad justa para ambas partes y se puedan hacer más y mejores negocios que al final dinamizan la economía del país, fomenta la construcción de inmuebles para esos fines y promueve la inversión inmobiliaria tanto por locales como por extranjeros”, plantea la experta.
