SANTO DOMINGO.– La decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que anuló los principales permisos urbanísticos del proyecto Everest Tower generó ayer viernes un pronunciamiento de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), que situó la discusión en un plano más amplio: la seguridad jurídica sobre la que descansan las inversiones inmobiliarias cuando los permisos han sido otorgados por la propia administración pública.
En un comunicado institucional, el gremio aclaró que no emitiría opinión sobre el fondo del proceso judicial, al tratarse de un asunto que corresponde a los tribunales. Sin embargo, consideró oportuno referirse a las implicaciones que puede tener para el sector la anulación de permisos y certificaciones que fueron evaluados, aprobados y renovados por las autoridades competentes durante distintas etapas de un proyecto.
De acuerdo con lo informado por la asociación, cuando esos actos administrativos son posteriormente dejados sin efecto, el escenario trasciende el caso específico y plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica que ofrece el Estado dominicano a quienes realizan inversiones dentro del marco regulatorio vigente.
Los permisos como respaldo de la inversión
El gremio sostuvo que quienes desarrollan proyectos inmobiliarios de buena fe, cumplen con los requisitos establecidos y obtienen las autorizaciones correspondientes estructuran sus inversiones sobre la confianza que generan los actos administrativos emitidos por las instituciones competentes.
Esa confianza, señaló, constituye uno de los pilares sobre los cuales se planifican proyectos que involucran importantes recursos económicos, financiamiento, contratación de personal, adquisición de materiales y compromisos con compradores e inversionistas.
En ese contexto, expresó que si bien la revisión y corrección de actuaciones administrativas forma parte del fortalecimiento institucional y del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, resulta importante procurar que sus efectos no recaigan años después sobre proyectos que ya se encuentran en ejecución.
Fortalecer el proceso desde el otorgamiento de permisos
Como parte de su posición institucional, ACOPROVI reiteró la necesidad de continuar fortaleciendo los procesos mediante los cuales las autoridades evalúan y aprueban los permisos de construcción, al considerar que la seguridad jurídica comienza desde el otorgamiento de las autorizaciones que permiten iniciar una inversión.
Asimismo, indicó que continuará atenta al estricto respeto tanto de la legalidad administrativa como del principio constitucional de seguridad jurídica, al entender que ambos constituyen elementos esenciales para preservar la confianza legítima de quienes invierten en el desarrollo inmobiliario del país.
La sentencia del TSA
La posición del gremio se produce dos días después de que trascendiera que la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo decló la nulidad de los principales permisos urbanísticos emitidos para el proyecto Everest Tower, ubicado en el sector Piantini.
La sentencia concluyó que las autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento del Distrito Nacional se apartaron de las disposiciones municipales sobre uso de suelo, densidad habitacional, altura de las edificaciones y retiros mínimos establecidos para esa zona, por lo que dejó sin efecto los certificados urbanísticos que respaldaban el desarrollo.
Tras conocerse la decisión, Grupo Choroni y Constructora Armando Toros, responsables del proyecto, informaron que la sentencia no es definitiva y aseguraron que continuarán ejerciendo las acciones legales que consideren pertinentes, al tiempo que indicaron que la obra presenta un avance cercano al 90 %.
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