Mientras el país construye más viviendas, hoteles y espacios comerciales, también aumenta el consumo de energía y la dependencia del automóvil
SANTO DOMINGO. – El más reciente boletín de la ONE sobre emisiones del sector energía sugiere que la huella ambiental del desarrollo urbano se está convirtiendo en una variable imposible de ignorar.
Cuando se habla del crecimiento inmobiliario dominicano, las cifras suelen expresarse en metros cuadrados construidos, inversiones millonarias, habitaciones hoteleras o nuevas unidades de vivienda. Sin embargo, existe otra medida menos visible que rara vez forma parte de la conversación pública: la energía necesaria para sostener ese crecimiento.
El Boletín de Estadísticas Ambientales núm. 11, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en junio de 2026, revela que el sector energía concentra el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la República Dominicana.
El documento atribuye esa participación al aumento de la demanda energética, la expansión del parque vehicular, el crecimiento de la generación eléctrica y la intensificación de las actividades productivas y de servicios.
Aunque el informe no analiza de forma específica el sector inmobiliario, los factores que identifica coinciden con algunos de los principales cambios territoriales que ha experimentado el país en las últimas décadas.
Según el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 de la ONE, alrededor de 9.1 millones de dominicanos, equivalentes al 82% de la población nacional, residían en zonas urbanas. Las proyecciones de esa misma institución indican que para 2050 esa cifra alcanzará los 12.2 millones de personas, equivalente al 92% de la población estimada.
La República Dominicana de hoy consume más energía porque también es un país más urbanizado, con más edificaciones, más vehículos y una actividad económica mucho más intensa que la de finales del siglo XX.
Cada nueva torre residencial incorpora ascensores, sistemas de bombeo de agua, iluminación de áreas comunes, equipos de climatización y una creciente cantidad de dispositivos eléctricos. Lo mismo ocurre con hoteles, plazas comerciales, edificios corporativos y centros logísticos.
El resultado es una demanda energética cada vez mayor, impulsada no solo por el crecimiento económico, sino también por la expansión física de las ciudades.
El impacto de las distancias
Sin embargo, la huella de carbono del desarrollo urbano no termina en los edificios. Uno de los factores destacados por la ONE es el crecimiento del parque vehicular y el dato tiene un correlato concreto: según el Boletín Parque Vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), publicado en febrero de 2026, el parque vehicular dominicano alcanzó las 6,640,871 unidades al cierre de 2025, con 446,819 nuevas incorporaciones durante ese año, el mayor incremento absoluto registrado por la institución.
Ese crecimiento ocurrió además en un año en que la economía dominicana creció apenas 2.1%, su menor ritmo en una década, lo que evidencia una dependencia estructural del automóvil que trasciende el ciclo económico.
Para dimensionar la magnitud del fenómeno: según la ONE, el país registra 574 vehículos por cada mil habitantes, una de las tasas más altas de América Latina.
La observación abre una discusión cada vez más frecuente entre urbanistas y especialistas en movilidad: la forma en que crecen las ciudades puede ser tan determinante como la cantidad de edificaciones que se construyen.
En los últimos años, buena parte de la expansión residencial se ha desplazado hacia zonas periféricas, impulsada por la disponibilidad de terrenos y la búsqueda de viviendas más asequibles o de mayor tamaño.
La propia ONE ha documentado que el crecimiento urbano dominicano superó significativamente el ritmo de crecimiento poblacional, lo que redujo la densidad de todas las ciudades estudiadas y extendió la mancha urbana más allá de lo que la demografía por sí sola explicaría.
En Santiago, el área urbana creció un 35% entre 2001 y 2021, según un estudio respaldado por la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda del Cibao publicado en la revista Arquitexto en 2022.
La consecuencia es que miles de personas deben recorrer distancias cada vez mayores para llegar a sus lugares de trabajo, centros educativos, hospitales o espacios comerciales. Cada trayecto adicional implica más combustible, más congestión y más consumo energético.
Desde esta perspectiva, la huella ambiental de una vivienda no depende únicamente de los materiales utilizados para construirla o de la eficiencia de sus equipos. También está vinculada a la cantidad de kilómetros que obliga a recorrer a diario.
Un crecimiento que exige más recursos
Durante años, la expansión inmobiliaria ha sido presentada como una de las expresiones más visibles del dinamismo económico dominicano.
Los proyectos residenciales, turísticos y comerciales generan empleo, atraen inversión y contribuyen al crecimiento del PIB. Pero el informe de la ONE invita a observar otra dimensión del fenómeno.
A medida que las ciudades se expanden, crece también la necesidad de producir electricidad, construir infraestructuras de transporte, ampliar redes de distribución y abastecer a una población urbana cada vez mayor.
En otras palabras, el crecimiento físico del territorio tiene un costo energético que no siempre forma parte de los análisis económicos tradicionales.
La pregunta ya no es cuántas viviendas se construyen o cuánto capital moviliza el sector. También es cuánto consumo energético genera ese crecimiento y cómo impacta las emisiones nacionales.
La otra cara de la historia
El panorama no es enteramente negativo. Mientras aumentan las emisiones asociadas a la demanda energética, el país también acelera la incorporación de fuentes renovables.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, declaró ayer 8 de junio que la capacidad instalada de energías renovables no convencionales supera actualmente los 2,000 megavatios, frente a los 555 MW registrados en 2020, con una proyección de alcanzar los 2,600 MW para 2028.
Sin embargo, el desafío sigue siendo complejo. La transición energética no depende únicamente de producir electricidad más limpia, sino que también exige moderar el ritmo al que crece el consumo energético asociado a las ciudades, el transporte y las nuevas actividades económicas. En ese contexto, el debate sobre el futuro urbano del país deja de ser exclusivamente inmobiliario o económico y se convierte en una conversación sobre energía.
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