SANTO DOMINGO.– Una investigación federal en Estados Unidos vincula al exsupervisor de la oficina local de la Drug Enforcement Administration (DEA), Melitón Cordero, con un presunto esquema de gestión irregular de visas estadounidenses, que habría involucrado el cobro de hasta 10 mil dólares por trámite y la aceleración de al menos 119 solicitudes.
De acuerdo con un expediente judicial citado por la Associated Press, el caso se originó tras declaraciones realizadas por un promotor artístico dominicano, cuya identidad no ha sido revelada, quien habría afirmado contar con un contacto capaz de reducir significativamente los tiempos de espera para entrevistas consulares.
Según la acusación federal, ese contacto era Cordero. Las autoridades sostienen que el exfuncionario habría recibido pagos para agilizar procesos de visado, incluyendo una transacción inicial de tres mil dólares y un segundo desembolso de siete mil dólares que, presuntamente, se realizó en efectivo dentro de un vehículo estacionado frente a la embajada estadounidense.
Utilizaba nombre de otro agente
El expediente indica además que, mientras era objeto de investigación, Cordero habría tramitado remisiones oficiales utilizando el nombre de otro agente de la DEA, describiendo a solicitantes como “contactos valiosos” en investigaciones de narcotráfico, pese a que dicha información era falsa. Funcionarios consulares calificaron la cifra de 119 remisiones como “extraordinariamente alta”.
El caso fue detectado mediante un agente encubierto que estableció contacto con el promotor artístico, lo que permitió documentar el supuesto esquema.
La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ofreció detalles sobre la acusación, señalando que los hechos representan una grave vulneración de la confianza pública.
El cierre de la DEA en RD: una acción califica de necesaria
Tras el arresto de Cordero en Washington, las autoridades estadounidenses dispusieron el cierre de la oficina de la DEA en República Dominicana. La medida fue descrita por funcionarios como una acción necesaria ante lo que calificaron como una conducta “vergonzosa” e incompatible con los estándares institucionales.
El exfuncionario quedó en libertad bajo palabra y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal mientras continúa el proceso judicial en su contra.
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