SANTO DOMINGO.-Diversos gremios empresariales y representantes del sector productivo nacional advirtieron que la nueva Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos representa un serio problema de sostenibilidad financiera para el país, al establecer un modelo de financiamiento que comprometería más del 75 % de los recursos recaudados sin asegurar la capacidad de inversión en reciclaje, infraestructura ni educación ambiental.
Según explicaron representantes de Ecored, Adocem y el sector turístico, la reforma aprobada en única lectura el pasado 23 de julio y que solo espera ser promulgada por el Poder Ejecutivo crea un esquema de contribución basado en los ingresos brutos de las empresas, sin considerar la cantidad de residuos generados ni los esfuerzos realizados en valorización y reciclaje.
Esto, señalaron, penaliza especialmente a mipymes con márgenes reducidos y podría empujar a muchas a la informalidad o a subdeclarar ingresos para poder sobrevivir.
“En el tema del monto, nosotros seguimos pensando que el que más ensucia más paga y que el monto esté relacionado con la cantidad de desechos que tú generas, porque eso es lo que nos va a llevar a reducir como un incentivo, digamos, a reducir la cantidad de desechos que traemos”, expresó Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).
En cambio, la presidenta interina de Ecored, Christy Luciano, advirtió que la forma y diseño de la ley representa un problema serio al sector empresarial de la República Dominicana.
“Nos preocupa profundamente que esta reforma haya sido aprobada en única lectura el pasado 23 de julio y enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, sin incorporar ajustes técnicos fundamentales ni abrir un espacio de diálogo real con los sectores involucrados”, indicó.
Además, destacó que se estima una recaudación anual superior a los 8,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 4,000 millones serían destinados a aumentar las tarifas de las empresas recolectoras, que actualmente reciben menos de 3,000 millones de pesos, y unos 2,000 millones de pesos serían transferidos directamente a los ayuntamientos.
Dijo que la reforma debilita principios de buena gobernanza y plantea riesgos de discrecionalidad al permitir la inclusión de actores con intereses particulares en roles de toma de decisión.
Además, indicó que obstaculiza la participación justa de las mipymes, amenaza el avance del modelo de economía circular que tanto “nos ha costado construir y nos llevaría a retroceder en las garantías de trazabilidad efectiva de los residuos o en la integración en la cadena de gestores, lo cual limitaría la transparencia, el control ambiental y el monitoreo de cumplimiento”.
Recomendaciones de Ecored
- Que la contribución especial esté respaldada de estudios fiscales o financieros y se determine en función de los ingresos netos y no en los ingresos brutos.
- Que se apliquen mecanismos de contratación abiertos y competitivos, conforme a la Ley de Compras y Contrataciones; y que los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados de estaciones de transferencia, rellenos sanitarios y plantas de valorización, tengan vigencia de tres (3) a cinco (5) años, y no de 10 años, como está actualmente.
- Que se establezcan veedurías obligatorias con participación de la academia, ONGs y el sector privado, para garantizar transparencia en la asignación de permisos y contratos a través de los ayuntamientos.
- Que se promueva la valorización, el reciclaje y el aprovechamiento de residuos como motores de desarrollo sostenible y transformación industrial.
- Que se incluya un representante de Codopyme en el Consejo del Fideicomiso DO Sostenible, como forma de equilibrar la toma de decisiones.
«Nuestra posición no es de confrontación, sino de advertencia responsable, porque para avanzar hacia la reforma necesaria necesitamos estar todos a bordo», explicó Luciano.
