SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados conocerá este martes dos proyectos de ley vitales para el sector inmobiliario de la República Dominicana: la que buscar regular los servicios inmobiliarios y el contrato de corretaje y la de alquileres de bienes inmuebles y desahucios.
Ambas iniciativas serán introducidas durante la sesión ordinaria número 2 correspondiente a la Primera Legislatura Ordinaria 2025, que fue inaugurada el pasado 27 de Febrero.
En la agenda legislativa colgada en la web de la Cámara Baja, se establece que los proponentes del proyecto que propogna por normatizar la intermediación inmobiliaria en el país, son los diputados Braulio de Jesús Espinal Tavárez, Charles Noel Mariotti Paz y Edward Enrique Cruz Asunción.
La propuesta que regularía el ejercicio de los agentes inmobiliarios, consta de nueve capítulos y 79 artículos y dentro de sus considerandos destaca la importancia que representa el oficio de los bienes raíces como impulsor del desarrollo económico del país.
Añade que por dichas razones el Estado debe fomentarla, así como regular y transparentar el negocio de las ventas y alquileres inmobiliarios en la República Dominicana, y adecuarlo a los estándares internacionales para tener un instrumento legal que permita controlar y supervisar el mercado inmobiliario.
Detalla que los organismos competentes en materia de intermediación inmobiliaria serían el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Jurisdicción Inmobiliaria, los ayuntamientos, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO CONSUMIDOR) y el Ministerio de la Vivienda, Habitad y Edificaciones (MIVHED), en cuya responsabilidad recaerían crear las condiciones legales y reglamentarias por las que se debe regir la intermediación inmobiliaria en el país.
Ley de alquileres
El proponente del proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios es el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y se propone regular las relaciones, condiciones y obligaciones jurídicas que se originen en el alquiler de bienes inmuebles destinados a viviendas, comercios o cualquier actividad lícita en la República Dominicana.
No aplicaría sin embargo, para terrenos urbanos y suburbanos, que tengan vocación agrícola, las fincas rurales, las pensiones y hospedajes que acrediten su registro ante la autoridad competente, las ocupaciones temporales de espacios y puestos en mercados y ferias o con ocasión de festividades, los parques o empresas de zonas francas que operan bajo la Ley No.8-90 del 15 de enero de 1990, sobre el Fomento de Zonas Frances, los alquileres de casas y apartamentos, cuyo periodo sea inferior a los 30 días, alquiler de estacionamientos, espacios publicitarios, bienes del estado dados en alquiler y cualquier actividad comercial regida por ley especial.
Dispone de 17 capítulos y 60 artículos y busca de dotar al país de un instrumento actualizado, ajustado a las necesidades actuales del mercado.
