ADOTUR, ADAVIT, OPETUR y ASOTURE solicitaron una mesa técnica junto al Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, Medio Ambiente y la DGII, al considerar que el cobro sobre la facturación bruta no refleja los reducidos márgenes ni el bajo volumen de residuos que genera la intermediación turística
SANTO DOMINGO. – Cuatro asociaciones del sector turístico solicitaron ayer martes al Gobierno una mesa técnica para revisar el mecanismo de cobro de la contribución especial para la gestión de residuos sólidos, en el tercer pronunciamiento del sector en menos de un mes contra la forma en que se aplica la Ley 225-20 a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de intermediación turística.
Ninguno de los tres pronunciamientos, sin embargo, ha hecho referencia a un cambio que el Congreso Nacional ya incorporó a la ley una semana antes de la rueda de prensa de ayer: un tope especial de RD$675,000 para las empresas que operan como comisionadas o comisionistas, sin importar cuánto facturen.
El planteamiento fue presentado en una rueda de prensa conjunta de la Asociación Dominicana de Operadores de Turismo (ADOTUR), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT), la Organización de Profesionales del Turismo (OPETUR) y la Asociación de Tour Operadores Receptivos (ASOTURE).
Las cuatro entidades sostuvieron que el esquema vigente no reconoce la naturaleza operativa de las empresas, que actúan como intermediarias dentro de la cadena de comercialización turística.
El presidente de ADOTUR, Bladimir Monegro, habló en representación de los cuatro gremios y explicó que las agencias de viajes, tour operadores y mayoristas turísticos manejan altos volúmenes de facturación por cuenta de terceros, pero operan con márgenes reducidos y generan una cantidad mínima de residuos sólidos, por lo que consideran injusto que la contribución se calcule sobre la facturación bruta.
“Somos MiPymes turísticas, somos intermediarios y somos comisionistas. No podemos ser medidos igual que una industria, un gran establecimiento comercial o una actividad que genera altos volúmenes de desechos”, afirmó Monegro.
Las asociaciones advirtieron además que un mismo servicio turístico puede quedar gravado varias veces dentro de la cadena: una agencia minorista compra a un mayorista, éste contrata hoteles, transporte o excursiones, y cada uno de esos actores puede volver a pagar la misma contribución.
Por esa razón, pidieron al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conformar una mesa técnica que revise la aplicación de la norma sin comprometer los objetivos ambientales de la ley.
Tres llamados en un mes
La rueda de prensa de ayer es la tercera vez que el sector turístico se pronuncia sobre este mismo punto en menos de treinta días, y la primera en que lo hace de forma unificada. Dos semanas antes de la aprobación final de la reforma en el Senado, un bloque liderado por la Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), junto a Aderes, Adecor, ADAVIT, Andri e Inverotel, pidió, a través de su vicepresidenta ejecutiva, Aguie Lendor, que la contribución “respondiera a criterios objetivos y guardara una relación proporcional con la generación real de residuos”.
El 6 de julio, un día antes de la rueda de prensa conjunta, ADOTUR emitió un comunicado individual en el que su gerente, Danni Osoria, llamó a las autoridades a “abrir un espacio de diálogo con el sector turístico” para revisar la aplicación de la normativa.
Lo que cambia es el nivel de formalidad del reclamo: de comunicados y llamados a diálogo, el sector pasó a solicitar explícitamente la conformación de una mesa técnica de trabajo, con la participación nombrada del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Un tope que ya existe
El reclamo llega apenas ocho días después de que el Senado de la República aprobara, el 30 de junio, la versión final de la reforma a la Ley 225-20, que ahora espera la promulgación del Poder Ejecutivo.
Esa reforma incorporó tres párrafos nuevos al artículo 36 de la ley, y uno de ellos fija, de manera expresa, un aporte máximo de RD$675,000 para las empresas que operen como comisionadas o comisionistas, aunque sus ingresos superen los RD$700 millones anuales.
Esa disposición responde, en el papel, al mismo argumento que hoy repitieron ADOTUR, ADAVIT, OPETUR y ASOTURE: que una empresa que factura por cuenta de terceros no debería tributar como si esos ingresos fueran propios. Ninguno de los cuatro gremios se refirió este martes a ese artículo ni explicó si lo consideran insuficiente, mal aplicado o si simplemente no resuelve el reclamo de fondo sobre la múltiple tributación en la cadena de intermediación.
Tampoco lo aclaran los dos pronunciamientos previos. El de Asonahores, dos semanas atrás, sí citó el monto de RD$675,000, pero como el techo general de la escala aplicable a cualquier empresa de mayores ingresos, no como una condición especial para comisionistas, ya que esa figura todavía no existía en el texto legislativo. El de ADOTUR, del 6 de julio, no mencionó cifras ni el artículo ya aprobado.
El resultado es que la solicitud de mesa técnica se formalizó en un momento en que parte de lo reclamado, un trato diferenciado para las empresas comisionistas, ya quedó recogido en la ley que espera la firma del Presidente, sin que los gremios hayan precisado públicamente si ese cambio responde a su reclamo o si consideran que el tope de RD$675,000 sigue sin ajustarse a la realidad operativa del sector.
Los cuatro gremios reiteraron que respaldan los objetivos ambientales de la Ley 225-20 y pidieron mayor transparencia sobre los fondos recaudados hasta ahora mediante la contribución especial, incluyendo información sobre los proyectos ejecutados y los mecanismos de supervisión utilizados en la gestión de los residuos sólidos.
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