El Ministerio Público presentará elementos probatorios contra ocho personas y cinco empresas, en una investigación que involucra a más de 426 afectados por un supuesto fraude inmobiliario
SANTO DOMINGO.- A un año y ocho meses del inicio de la Operación Guepardo, el Ministerio Público se dispone a depositar una acusación penal sustentada en más de 1,660 elementos de prueba contra ocho personas y cinco sociedades comerciales señaladas por su presunta vinculación con un esquema de fraude inmobiliario, estafa electrónica y lavado de activos.
El expediente será presentado este viernes 16 de octubre ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana. Según las informaciones difundidas sobre el proceso, las pesquisas documentan presuntas afectaciones a más de 426 personas, entre dominicanos y extranjeros, que habrían entregado dinero para adquirir propiedades en desarrollos habitacionales que no se ejecutaron conforme a las condiciones ofertadas.
La presentación de la acusación representa un nuevo avance en el proceso judicial iniciado en febrero de 2025, cuando las autoridades desplegaron allanamientos, arrestos e incautaciones de bienes relacionados con la presunta estructura delictiva.
¿Cuándo comenzó la Operación Guepardo?
El Ministerio Público puso en marcha la Operación Guepardo el 7 de febrero de 2025, mediante un operativo coordinado por la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el respaldo de organismos de investigación.
Durante esa primera fase, las autoridades ejecutaron 11 allanamientos en distintos puntos del país y ocuparon inmuebles, vehículos de alta gama, equipos electrónicos, documentos societarios y otras evidencias que, según las pesquisas, estarían relacionadas con las actividades investigadas.
Las indagatorias se originaron a partir de denuncias de compradores que aseguraron haber realizado pagos para adquirir apartamentos en complejos promocionados por empresas vinculadas a Novasco Real Estate SRL.
Entre los desarrollos mencionados figura Romana Victoriana Residences, anunciado como un complejo residencial con apartamentos y penthouses en la zona de Cumayasa, en la carretera San Pedro de Macorís-La Romana. Asimismo, las investigaciones hacen referencia al proyecto Bávaro Victoriana Residences.
De acuerdo con los testimonios recogidos durante las pesquisas, los adquirientes efectuaron avances, transferencias y otros desembolsos con la expectativa de obtener las viviendas. Sin embargo, estas no se materializaron conforme a las condiciones ofrecidas.
En febrero de 2025, las primeras informaciones sobre el expediente señalaban que había 122 afectados y que la presunta estafa superaba los 18 millones de dólares. Para octubre de 2026, la cantidad de personas perjudicadas reportada en relación con la acusación anunciada supera las 426.
¿Quiénes son los imputados en el caso?
La acusación que prepara el Ministerio Público está dirigida contra ocho personas identificadas como Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
En el expediente también aparecen cinco sociedades comerciales: Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24 SRL.
Según las autoridades, los señalados habrían desempeñado distintas funciones dentro de la presunta estructura, desde la promoción y comercialización de los proyectos residenciales hasta la administración de compañías, la firma de contratos y el manejo de los recursos económicos recibidos.
Las pesquisas apuntan, además, a que las empresas habrían servido para desarrollar las operaciones comerciales bajo investigación y canalizar los fondos entregados por los compradores.
No obstante, la inclusión de estas personas y entidades en el expediente no establece por sí misma su responsabilidad penal. La culpabilidad de los acusados deberá determinarse a partir de las pruebas y las decisiones que adopten los tribunales competentes.
¿Qué ha ocurrido con los principales señalados?
Tras el despliegue inicial de la operación, las autoridades arrestaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. Posteriormente, también fue detenido Yves Alexandre Giroux, luego de que el Ministerio Público informara que se había sustraído del operativo inicial.
El órgano persecutor identificó a Giroux entre los principales señalados en el caso. Asimismo, las indagatorias incluyeron a Loany Lismeiry Ortiz Nova, vinculada al expediente y cuyo procedimiento de extradición desde Colombia ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades dominicanas.
En octubre de 2025, una jueza de la Instrucción de La Romana ratificó la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Giroux, Nova Nolasco y Rodríguez de Moya.
Por otro lado, las informaciones difundidas antes de la presentación de la acusación, prevista para octubre de 2026, indicaban que las autoridades dominicanas aguardaban una respuesta de Colombia sobre las solicitudes de extradición relacionadas con Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi.
Cabe destacar que la situación procesal de cada señalado debe examinarse de manera individual, debido a que las medidas de coerción y los procedimientos de extradición constituyen actuaciones distintas de una sentencia condenatoria.
¿Qué implica presentar más de 1,660 elementos de prueba?
La entrega de las evidencias representa un paso relevante en el procedimiento, debido a que el Ministerio Público debe exponer ante el tribunal los hechos que atribuye a los imputados, detallar la participación que adjudica a cada uno y sustentar sus señalamientos con los materiales recopilados.
El conjunto probatorio podría incluir documentos, contratos, registros financieros, testimonios, peritajes y otros materiales obtenidos durante las pesquisas. Sin embargo, el contenido específico de las más de 1,660 evidencias anunciadas deberá comprobarse en el expediente formal.
El volumen de pruebas no determina automáticamente el desenlace del proceso. En ese sentido, el juez de la instrucción deberá examinar los argumentos de la acusación y las objeciones que presenten las defensas, además de establecer si existen fundamentos suficientes para disponer la apertura a juicio.
Conforme al procedimiento penal dominicano, después de depositada la acusación corresponde desarrollar la etapa preliminar, durante la cual las partes pueden debatir los señalamientos y la admisibilidad de los elementos aportados. Al concluir esa fase, el tribunal podrá ordenar la apertura a juicio, disponer las correcciones que correspondan o adoptar otra decisión conforme a la ley.
Por tanto, la presentación de las evidencias no significa que haya comenzado el juicio de fondo ni que se haya declarado culpables a los imputados. Su finalidad es respaldar los cargos y procurar que el proceso avance a la siguiente etapa judicial.
¿En qué etapa se encuentra el caso Guepardo?
Al 15 de octubre de 2026, el Ministerio Público había anunciado que depositaría la acusación formal al día siguiente ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana.
En consecuencia, el expediente se encuentra en la transición de la fase investigativa hacia la etapa intermedia, a la espera de la presentación formal del documento anunciado por las autoridades. La confirmación del depósito y las decisiones posteriores del tribunal definirán los próximos pasos del procedimiento.
Durante la audiencia preliminar, las partes podrán debatir los fundamentos de los cargos y los elementos probatorios aportados. Si el juez determina que existen méritos suficientes para continuar, podrá ordenar la apertura a juicio, fase en la que se examinarán las pruebas conforme a las reglas del proceso penal.
Finalmente, la Operación Guepardo busca esclarecer las presuntas maniobras de fraude inmobiliario, estafa electrónica y lavado de activos denunciadas por cientos de compradores, así como establecer las responsabilidades individuales y empresariales que puedan demostrarse ante la justicia.
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