La vivienda es un bien básico y como tal forma parte de los derechos humanos. Uno de los anhelos universales de toda persona es adquirir su casa, de hecho lograrlo se asume como un escalón importante dentro de los planes de vida.
No importa bajo que estatus usted se encuentre, todos y todas deseamos contar con un espacio propio para disfrutarlo y sentirnos en libertad. Es parte de la independencia humana que da seguridad y garantía de bienestar, que trasciende a nuestras familias y cercanos.
La COVID-19 nos confinó por un prolongado período, poniéndonos a todos en estado reflexivo sobre la vida y sus prioridades. Sin lugar a dudas estar resguardados puso en evidencia que contar con un techo no debe posponerse, y si podemos planificar adquirir uno propio, mucho mejor.
En pleno fervor de la pandemia, cuando la economía mundial se tambaleaba por el cierre de las grandes corporaciones que obligó la pandemia, en la industria inmobiliaria, se replanteaban planes y como en todos los sectores, abundaban los análisis y teorías sobre sus perspectivas.
Con la población más adaptada a la época de pandemia, el mundo intenta levantarse y entre altas y bajas, todos los sectores luchan desde sus estadios por salir a camino y recuperarse del aluvión.
En RD las cifras sobre el renglón construcción aparentan esperanzadoras, llegando a reportarse en los indicadores del Banco Central, como el segmento de mayor crecimiento de la economía en los primeros siete meses del presente año.
Sin embargo, un repaso con los actores del sector descuadran las emociones y nos plantean un panorama de cuidado ante las alzas descontroladas de los materiales. Nuestro país importa más del 80% de los insumos que utiliza para la construcción, lo que nos deja sin mayores opciones nacionales.
El elevado costo de los fletes ha disparado las alarmas. De un lado el incremento de los precios, del otro los aprovechadores que viven al acecho para especular; y el gobierno al que el sector acusa de cobrarle los aranceles e impuestos con sobreprecio.
Es necesario que representantes y gobierno lleguen a un acuerdo sobre el estado de esta situación y detengan el alza indiscriminada que amenaza el sagrado derecho de los dominicanos y dominicanas, en su lucha por lograr una vivienda; y poner freno en uno de los segmentos más pujantes de la economía nacional.
