Es la primera vez que un tribunal dominicano ejecuta un decomiso de esta escala en una sola decisión, esta vez vinculadas a una red de corrupción en el CESTUR
SANTO DOMNINGO. – 422 bienes en total, muebles e inmuebles, fueron decomisados en una sola sentencia, incluyendo propiedades, vehículos de lujo, cuentas bancarias, dinero en efectivo, armas y equipos tecnológicos, según se desprende del dispositivo de la sentencia evacuada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que será leída de manera íntegra el próximo 14 de agosto de 2026.
Los ex funcionarios Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, fueron condenados a 20 años de reclusión mayor cada uno.
La sentencia núm. 249-02-2026-SSEN-00040, expediente 062-2022-EPEN-00201, condenó a 20 personas naturales y declaró culpables a seis personas jurídicas por delitos que van desde prevaricación, desfalco y estafa contra el Estado hasta lavado de activos agravado.
Los inmuebles
Son 170 las unidades registrales, apartamentos, casas, fincas, locales comerciales, solares, naves industriales, que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ordenó decomisar a los involucrados en la red de corrupción del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
El inventario de bienes a decomisar, que ocupa 47 de las 89 páginas del dispositivo, es, por volumen y diversidad, lo que distingue este fallo de cualquier otro en la historia judicial del país:
Fincas en la Línea Noroeste. Apartamentos de lujo en Gazcue y Altos de Arroyo Hondo. Una plaza comercial entera de cuatro niveles en Los Alcarrizos. Haciendas ganaderas en San Pedro de Macorís. Condominios en Las Terrenas. Terrenos en Punta Cana. Viviendas en Jarabacoa. Propiedades en Santiago, La Vega, Monte Plata, Samaná, La Romana, Duarte y La Altagracia.
En el año 2021 al someter la solicitud de medida de coerción, se incluyó total de 119 inmuebles, ascendente a más de dos mil quinientos millones de pesos (RD$2 500 000 000.00) incautados hasta ese momento como parte de la operación, en la que habían para entonces 13 imputados, la mayoría militares. En la sentencia final el número de implicados subió a 20 personas.
En el documento de solicitud de medida de coerción, elaborado por el Ministerio Público, se establece «que dichas propiedades han sido adquiridas por los imputados con dinero proveniente de actos de corrupción».
La suma: 170 propiedades distribuidas en diez categorías
El dispositivo judicial enumera los bienes en decomiso bajo el ordinal Trigésimo Segundo, que es la parte de la sentencia donde el tribunal dispone la confiscación a favor del Estado dominicano. A partir de ese texto, el conteo da como resultado la siguiente distribución:
- Plaza comercial: 1 edificio (Plaza Randa Internacional, Los Alcarrizos, 1,960.83 m²) más 44 locales comerciales distribuidos en cuatro niveles, más 3 inmuebles contiguos que suman 3,807.13 m² adicionales. Total del complejo Plaza Randa: 48 unidades registrales.
- Apartamentos: 35 unidades en condominios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santiago, Samaná, San Pedro de Macorís y La Altagracia. Las superficies identificadas van desde 41 m² hasta 385.45 m².
- Casas y residencias: 10 propiedades. La más detallada en el dispositivo es la de Colinas del Oeste (calle Cordillera Septentrional 151, 538.10 m²), que el tribunal describe con piscina, quiosco con parrillada, gimnasio, discoteca, bar, área de DJ, paneles solares y hasta un bunker con bebidas de alta gama. El texto judicial la vincula directamente a Rafael Núñez de Aza.
- Edificios de uso mixto o industrial: 4 estructuras, incluyendo la nave de la Avenida Charles de Gaulle (entre las calles Luperón E y Pedro Henrique Ureña, Santo Domingo Este), que agrupa once inmuebles refundidos en un solo predio con construcción tipo nave de dos niveles en hierro, alucín y cristal.
- Fincas, haciendas y granjas: 15 predios, entre ellos Hacienda Kelman (San Pedro de Macorís) con 1,131 cerdos, 30 chivos y 70 ovejos; una granja avícola en Río Verde Abajo con veintiún mil gallinas ponedoras; una granja avícola/ganadera en Sabana Grande de Boyá; y la llamada Finca de los Generales en Los Botados de Yamasá (Monte Plata), de aproximadamente 500 tareas sembradas de cacao.
- Terrenos agrícolas: aproximadamente 20 parcelas. Las de mayor superficie son dos predios en la Sección Rincón Fogón, Hoyo Oscuro, Sabana de la Mar (Hato Mayor), con 1,775,752 m² y 110,143 m² respectivamente; y una finca piñera en Chirino, Monte Plata, que combina parcelas con una extensión total que supera los 23 millones de metros cuadrados.
- Terrenos urbanos: 15 solares, la mayoría en la urbanización Colinas del Oeste (Santo Domingo Oeste), con parcelas desde 302.25 m² hasta la parcela 97 del Distrito Catastral 04 con 76,908 m².
- Propiedades en Santiago y otras provincias: aproximadamente 20 inmuebles, en su mayoría a nombre de Julio Camilo de los Santos Viola y su cónyuge Angélica María Alba Trinidad, que incluyen terrenos en Las Damas, Residencial Jardines del Licey, Residencial Nicolás Vargas y la urbanización La Chiva, con superficies que van desde 167 m² hasta 31,806.09 m² en un solo predio.
- Locales comerciales sueltos: 5 unidades en plazas del Distrito Nacional: la Imprenta JM en Plaza San Martín (Villa Juana), dos apartamentos-locales en Torre Elsa (Gazcue), un local en Plaza Madelta y un local en la Plaza Gazcue conocido como Compu Help.
Lo único que tiene precio
De las 170 propiedades, el dispositivo judicial asigna valor monetario explícito a exactamente dos: las parcelas numeradas 290 y 291 en el fallo, ambas en la parcela 31-A del Distrito Catastral 08, en Monte Plata, Sabana Grande de Boyá.
La primera, de 29,003.25 m², fue valorada a razón de RD$15.00 por metro cuadrado: RD$435,048.75. La segunda, de 48,516.25 m², a RD$13.00 el metro: RD$630,711.25. Juntas suman RD$1,065,760.00.
Son dos terrenos rurales cuyo valor declarado, sumado, no alcanza el precio de a mejora en el Distrito Nacional. El resto del patrimonio decomisado, la plaza comercial, los apartamentos de lujo, las haciendas, las fincas, carece de tasación en el documento judicial y su avalúo corresponderá al Juez de Ejecución de la Pena y a la Procuraduría General de la República.
El contexto
La sentencia es el resultado de un proceso que se inició formalmente en 2022 (expediente 062-2022-EPEN-00201), aunque las medidas de coerción y los allanamientos que produjeron buena parte de las evidencias datan de abril y mayo de 2021.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, uno de los condenados, llevaba bajo arresto domiciliario desde el 5 de mayo de 2021; el tribunal calculó que a la fecha de la sentencia habían transcurrido cinco años, un mes y diez días, equivalentes a pena cumplida, y rechazó la solicitud de suspensión condicional por ese motivo.
El tribunal fue integrado por las magistradas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez (presidenta), Tania H. Yunes Sánchez (sustituta de presidenta) y Jissel Y. Naranjo Tejada (miembro). La secretaria es Pamela Corcino Polanco.
La sentencia completa, que contiene los fundamentos de hecho y de derecho, la valoración de pruebas y el análisis de cada imputado, será leída el 14 de agosto de 2026 a las 3:00 de la tarde en la misma sala del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hasta ese momento, el único texto oficial disponible es el dispositivo, que es la fuente exclusiva de este reportaje.
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