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Tres meses después de la Ley 16-26, contratistas denuncian retrasos y falta de información sobre los pagos

El CIC asegura que la implementación de la normativa avanza con lentitud, cuestiona la falta de reuniones de la Comisión Ejecutora y reclama un cronograma público para el desembolso de los recursos

SANTO DOMINGO.– A tres meses de la promulgación de la Ley 16-26, creada para viabilizar el pago a contratistas de obras del Estado con acreencias pendientes desde hace años, el Comité Institucional Codiano (CIC) advirtió ayer jueves que la ejecución de la normativa avanza con «preocupante lentitud» y denunció la ausencia de información oficial sobre el calendario de trabajo y el inicio de los desembolsos.

La organización sostuvo que, pese a las expectativas generadas con la entrada en vigor de la ley, cientos de contratistas continúan sin conocer cuándo serán revisados sus expedientes ni cuándo podrían comenzar los pagos contemplados en la legislación.

Reclaman mayor transparencia

El vocero autorizado del CIC, ingeniero Miguel Liberato, afirmó que la Comisión Ejecutora había anunciado reuniones ordinarias cada 15 días; sin embargo, señaló que han transcurrido más de tres semanas desde el primer encuentro sin que se haya informado públicamente si la siguiente sesión fue realizada, cuáles decisiones se adoptaron o qué avances existen en el proceso de depuración de expedientes.

A juicio del dirigente, la falta de comunicación oficial comienza a generar incertidumbre entre los beneficiarios de la ley.

Asimismo, cuestionó que los veedores establecidos en el artículo 16 de la Ley 16-26 todavía no hayan sido incorporados formalmente a las reuniones de la Comisión Ejecutora, pese a que su participación fue prevista para fortalecer la supervisión y la transparencia durante la implementación del proceso.

«La veeduría fue creada por el legislador para garantizar seguimiento permanente, no para permanecer al margen mientras se toman decisiones de enorme trascendencia para cientos de familias», expresó Liberato.

Gestiones sin respuesta

El Comité indicó que, antes de hacer pública su preocupación, agotó diversas vías institucionales para obtener información sobre el avance de la implementación.

Según explicó, remitió comunicaciones con observaciones y propuestas a la Comisión Ejecutora, solicitó el acompañamiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), del Defensor del Pueblo y del Congreso Nacional, además de realizar recientemente una manifestación pacífica frente al Ministerio de Hacienda para reclamar información sobre el inicio del proceso.

Para el CIC, la ausencia de respuestas oficiales, el aparente incumplimiento de la frecuencia de reuniones anunciada y la falta de incorporación de los veedores son elementos que generan preocupación sobre el desarrollo de la ley.

Una deuda que sigue afectando a cientos de familias

Liberato sostuvo que el retraso en la ejecución mantiene en incertidumbre a numerosos contratistas que esperan desde hace años una solución definitiva a sus acreencias con el Estado.

Indicó que entre los afectados existen profesionales de edad avanzada, personas con enfermedades graves, contratistas con discapacidad y familiares de ingenieros fallecidos que aún aguardan el pago correspondiente por obras ejecutadas.

«Cada día sin resultados verificables aumenta la percepción de que el proceso podría entrar en una dinámica de dilaciones, mientras continúa agravándose la situación humana de quienes llevan años esperando una respuesta», manifestó.

Piden un cronograma oficial

Ante ese escenario, el Comité Institucional Codiano exhortó a la Comisión Ejecutora de la Ley 16-26 a informar públicamente el estado actual del proceso, convocar a los veedores contemplados en la normativa, retomar la periodicidad de las reuniones anunciadas y publicar un cronograma con fechas específicas para la revisión de expedientes y el inicio de los primeros pagos.

La organización reiteró que continuará dando seguimiento al proceso de implementación de la ley y afirmó que utilizará los mecanismos institucionales disponibles para exigir el cumplimiento de los plazos y garantizar la transparencia en la ejecución de la normativa.

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