SANTO DOMINGO.- Durante años, la difusión improvisada de flyers digitales se convirtió en la principal herramienta de visibilidad para cientos de familias dominicanas que denunciaban la desaparición de un pariente, en muchos casos enfrentando procesos lentos y una limitada capacidad de respuesta institucional durante las primeras horas, consideradas cruciales para localizar a una persona.
La preocupación ha ido creciendo a medida que aumentan los reportes de desapariciones en el país. Solo entre 2025 y los primeros meses de 2026 se contabilizaron más de 1,500 denuncias de personas desaparecidas en República Dominicana, según datos divulgados en distintos informes y reportes oficiales citados por medios nacionales.
En medio de ese escenario, ayer 27 de mayo fue aprobada en la Cámara de Diputados la ley que crea un sistema nacional de alerta para personas desaparecidas, una iniciativa que busca transformar la reacción del Estado ante estos casos mediante mecanismos de difusión inmediata y coordinación interinstitucional.
La propuesta, conocida como “Alerta RD”, pretende que la búsqueda de una persona deje de depender únicamente de publicaciones aisladas en redes sociales y pase a formar parte de un sistema oficial de emergencia con capacidad de alcance nacional.
Alertas según el nivel de vulnerabilidad
La legislación contempla distintos tipos de alertas dependiendo de las características de la persona desaparecida y el nivel de riesgo identificado por las autoridades.
Entre ellas figura la alerta Amber para menores de edad; la Silver para adultos mayores; la Azul para personas con discapacidad o condiciones especiales; y la Rosa para mujeres desaparecidas en contextos de violencia.
La intención es que cada categoría permita activar protocolos específicos de búsqueda y agilizar la movilización institucional desde las primeras horas posteriores a la denuncia.
La búsqueda ya no dependería solo de redes sociales
Uno de los cambios más importantes que plantea la normativa es la creación de un sistema de difusión oficial capaz de emitir alertas masivas a través de plataformas digitales, medios de comunicación y otros canales de información pública.
Con ello, las autoridades buscan reducir la dependencia de cadenas informales y publicaciones individuales que, hasta ahora, han funcionado como principal mecanismo de visibilidad en muchos casos de desaparición.
La ley también propone la creación de un registro nacional unificado de personas desaparecidas para centralizar información y facilitar el seguimiento de cada caso.
Coordinación entre instituciones
La propuesta contempla la participación coordinada de distintas entidades estatales, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y otros organismos vinculados a labores de búsqueda e investigación.
Además de acelerar la respuesta institucional, la aprobación de la pieza abre el debate sobre la capacidad tecnológica y operativa del país para implementar alertas masivas similares a las utilizadas en otras naciones mediante teléfonos móviles, pantallas digitales y sistemas automatizados de comunicación pública.
Un cambio impulsado por la presión social
La aprobación de la ley se produce en un contexto marcado por múltiples casos que generaron atención nacional y reclamos públicos de familiares que exigían respuestas más rápidas ante desapariciones reportadas en distintas provincias del país.
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