El 27 de enero de 2026, el presidente Luis Abinader juramentó una comisión especial de veeduría encargada de supervisar la ejecución de RD$2,000 millones en proyectos de infraestructura deportiva financiados con recursos recuperados de actos de corrupción, monto que será gestionado mediante procesos de licitación pública coordinados por el Ministerio de Deportes y organismos técnicos.
La comisión de veeduría representa un mecanismo adicional de supervisión técnica y de transparencia en proyectos de infraestructura pública, con el objetivo de verificar el cumplimiento de cronogramas de obra, especificaciones técnicas y transparencia en la ejecución. Este esquema complementa los procesos tradicionales de fiscalización ejercidos por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, que históricamente han intervenido en la contratación estatal para obras públicas.
La implementación de veedurías en proyectos de infraestructura pública es una tendencia que responde a demandas de mayor trazabilidad en el uso de recursos, especialmente en sectores donde la inversión estatal impacta directamente al desarrollo urbano, la actividad constructiva y la confianza de los inversionistas inmobiliarios en la calidad de bienes públicos construidos.
Dato clave
Los fondos comprometidos ascienden a más de RD$2,000 millones, que serán destinados a obras de infraestructura deportiva durante 2026 mediante procesos de licitación que se publicarán el mismo día de la juramentación, según informó el Poder Ejecutivo. Estas inversiones forman parte del presupuesto de capital del Estado para infraestructura social, un componente que representa una porción significativa del gasto público anual.
“El objetivo es que estos recursos recuperados se traduzcan en obras reales, con absoluta transparencia en cada etapa del proceso”, afirmó Kelvin Cruz, ministro de Deportes y Recreación, al explicar que los proyectos se ejecutarán bajo acompañamiento permanente de la comisión de veeduría y de las entidades técnicas responsables.
Impacto directo en obras y proyectos
Las obras anunciadas incluyen el remozamiento total del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís, la reconstrucción del polideportivo de San Juan de la Maguana, la construcción de 23 techados multiuso y la rehabilitación integral del Centro Olímpico de La Vega, incluyendo piscina olímpica, pista de atletismo y una nueva arena deportiva. Este paquete de proyectos supone contratos múltiples de diseño, ingeniería, construcción civil, instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como mantenimiento especializado, lo que dinamiza la inversión inmobiliaria en infraestructura pública y el sector constructor.
De acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana, el sector construcción ha representado entre 8 % y 10 % del PIB nacional en los últimos años, y la inversión pública en infraestructura es uno de los principales motores de su actividad.
Turismo deportivo en auge
La juramentación de la comisión de veeduría para supervisar RD$2,000 millones en obras deportivas se produce en un contexto en el que República Dominicana se prepara para varios de los eventos deportivos más relevantes de 2026, que demandarán infraestructura y servicios de alto nivel. Esto incluye los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto con más de 6,000 atletas en 40 deportes y 56 disciplinas, lo que representa uno de los mayores compromisos de infraestructura deportiva en el país en décadas.
Además, el año contempla competencias de calendario nacional como la Ironman 70.3 Cap Cana (triatlón de media distancia en abril) y carreras de ruta y trail durante todo el año, así como la participación dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en marzo, un evento de gran seguimiento que involucra estructuras de entrenamiento y servicios auxiliares.
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