En el actual contexto de incertidumbre económica internacional, las medidas anunciadas por el gobierno para incentivar la inversión productiva cobran especial importancia. La depreciación acelerada para las empresas, la eliminación del impuesto del 2 % a las hipotecas y la eliminación del anticipo para las microempresas constituyen herramientas que pueden dinamizar los sectores inmobiliarios y de la construcción, fortaleciendo la inversión, el empleo y el crecimiento económico en República Dominicana.
Desde una perspectiva técnica y económica, la depreciación acelerada permite que las empresas recuperen fiscalmente sus inversiones en un menor tiempo. Esto mejora el flujo de caja, libera recursos para reinversión y aumenta la capacidad de las empresas para emprender nuevos proyectos.
En construcción, donde las inversiones en equipos, maquinarias, tecnologías y activos suelen ser significativas, esta medida puede traducirse en una mayor capacidad para desarrollar proyectos de distintas escalas.
Cuando una empresa compra un activo de larga duración, por ejemplo, una grúa, una excavadora, una planta eléctrica, equipos de oficina, vehículos o incluso determinadas instalaciones productivas, la legislación fiscal normalmente no le permite deducir todo ese gasto en el mismo año.
En lugar de eso, debe distribuirlo durante varios años mediante la depreciación.
Pero con una depreciación acelerada, esa misma empresa podría deducir una mayor porción del valor del activo en los primeros años.
¿Qué efecto tiene eso?
Al tener mayores gastos deducibles en los primeros años, permite que la utilidad gravable disminuye, la empresa pague menos ISR en el corto plazo, conserve más efectivo disponible y mejore su flujo de caja.
Por otro lado, la eliminación del impuesto del 2 % a las hipotecas tiene un impacto directo sobre el mercado inmobiliario. Aunque muchas veces este costo pasa desapercibido durante el proceso de compra, representa una carga adicional para quienes adquieren una vivienda o una propiedad para inversión.
Su eliminación reduce los costos de transacción y facilita el acceso a financiamiento. Esto incentiva la compra de viviendas, apartamentos, solares, locales comerciales y propiedades turísticas, fortaleciendo la demanda y contribuyendo a la valorización de los activos inmobiliarios.
La eliminación del anticipo para las microempresas también merece una valoración positiva.
Miles de empresas vinculadas a la construcción (contratistas, suplidores, talleres, empresas de terminaciones, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, carpinterías, herrerías y múltiples servicios especializados) podrán disponer de una mayor liquidez para operar, crecer e invertir.
En lugar de destinar recursos anticipadamente al pago de impuestos, podrán utilizarlos para fortalecer sus operaciones, contratar personal, adquirir equipos o expandir sus servicios.
El efecto combinado de estas medidas puede generar un círculo virtuoso para ambos sectores. Más liquidez empresarial significa más inversión; más inversión significa más proyectos; más proyectos generan empleo, dinamizan la cadena de suministros y fortalecen la actividad económica.
Para los inversionistas extranjeros, estas señales también son relevantes. A nivel regional, donde los capitales buscan mercados estables y con reglas claras, cualquier iniciativa orientada a reducir costos, estimular la inversión y facilitar el desarrollo empresarial mejora la competitividad del país como destino de inversión inmobiliaria.
De igual manera, para el inversionista dominicano se abren nuevas oportunidades. Tanto quienes desarrollan proyectos como quienes buscan adquirir inmuebles para renta, valorización patrimonial o retiro, encuentran un entorno más favorable para tomar decisiones de inversión.
Estas propuestas llegan en un momento oportuno. Más allá de su impacto fiscal inmediato, constituyen herramientas que pueden impulsar el crecimiento, fortalecer la confianza y estimular la actividad económica en estos dos sectores estratégicos para el país.
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