Tras el huracán de 1930, el régimen prohibió la madera y el zinc como materiales de construcción, una decisión ideológica presentada como una medida técnica
SANTO DOMINGO. – Antes del huracán San Zenón, Santo Domingo ya enfrentaba un problema habitacional desde hacía mucho tiempo.
El investigador Marcos Prados Martín, en «From bohíos to social housing» (Culture & History Digital Journal, 2025), documenta que desde finales del siglo XIX existían intentos por restringir la construcción de bohíos en la capital, sin éxito.
El barrio de San Carlos, por ejemplo, anexado a la capital en 1910, era un conjunto de bohíos, construidos con madera que llegaba desde las zonas rurales y por el río Ozama.
El bohío, según describe Prados Martín, era una estructura construida con técnicas heredadas de los taínos, adaptada con elementos españoles y africanos: tablas de palma, techo de yaguas, planta cuadrada o rectangular, un solo ambiente que servía de vivienda a una familia extensa o a varias.
La cocina y los espacios de trabajo cotidiano estaban en el exterior. Era, hasta mediados del siglo XX, el tipo de vivienda más extendido del país y el ciclón de 1930 le dio al régimen la justificación que necesitaba.
Prados Martín señala que la causa principal del colapso de las viviendas populares fue su fragilidad estructural, pero que el gobierno respondió prohibiendo la madera como material de construcción, dejando el concreto como única opción.
La medida fue tan radical que incluyó la prohibición temporal de los techos de zinc, pero tuvo que ser abandonada rápidamente por impracticable.
La Ley 142 del 1 de junio de 1931, citada por el mismo autor, prohibió explícitamente la construcción de «bohíos de tablas de palmas, de cajones de mercancías y teja maní» y mandató la demolición de los existentes en un plazo de seis meses y la decisión no era exclusivamente técnica.
Prados Martín documenta que el discurso nacionalista del régimen asociaba el bohío con la influencia africana y haitiana sobre la población campesina dominicana. Joaquín Balaguer, ideólogo del régimen, vinculó en sus escritos la arquitectura popular con el atraso racial, según cita el mismo autor.
El pueblo de Jimaní, en la provincia de Barouco, fue demolido porque estaba compuesto de viviendas que, según un documento oficial citado por Prados Martín, no estaban «acordes con el nivel de cultura y civilización que, como imperativo patriótico, el Gobierno se ha impuesto llevar a toda la región fronteriza».
Las consecuencias para los habitantes fueron documentadas en el Archivo General de la Nación.
Prados Martín también cita la carta de Blasina Ramírez, fechada el 9 de septiembre de 1933, dirigida a las autoridades: «Vivo en Puerto de la Caridad, en una pequeña casa que construí después de que el huracán San Zenón me dejó en la más completa y devastadora pobreza. Vivo allí con mis cinco hijas, de quienes soy el único sostén. El Departamento de Salud ha ordenado la destrucción de estas casas, declarándolas una molestia pública».
Tres años después del huracán, una madre de cinco hijas que había construido su propia vivienda provisional enfrentaba una segunda demolición por orden del Estado.
La prohibición del bohío, según Prados Martín, debe entenderse en el marco de lo que el autor describe como una política «negativa»: orientada más a la prohibición que a la creación. Durante los años treinta, el régimen priorizó la consolidación simbólica del poder político en la capital, no la solución del problema habitacional de la población desplazada por el ciclón.
Serie: Historia de la vivienda social en República Dominicana. Capítulo II.
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