SANTO DOMINGO.– La discusión sobre el proyecto de ley de intermediación inmobiliaria ya no gira únicamente alrededor de agentes, licencias o comisiones. Detrás de la propuesta legislativa, aprobada en el Senado y pendiente de conocimiento en la Cámara de Diputados, emerge otra preocupación de mayor dimensión: el impacto fiscal y financiero de un sector que mueve millones de pesos cada año sin un esquema integral de supervisión.
Para la abogada María Cristina Grullón, una de las principales debilidades del mercado inmobiliario dominicano ha sido precisamente la falta de controles capaces de transparentar quién vende, quién intermedia y cómo se registran las operaciones.
Durante su participación en el pódcast La Ventana del Inmobiliario, la especialista sostuvo que la ausencia de regulación ha generado una “brecha enorme” entre la actividad real del sector y los impuestos que terminan llegando al Estado.
Un mercado millonario con baja trazabilidad
Según explicó Grullón, aunque gran parte de las operaciones inmobiliarias en República Dominicana se realizan mediante agentes y agencias, muchas transacciones continúan moviéndose fuera de esquemas formales de supervisión.
La jurista señaló que actualmente existe una diferencia “abismal” entre las recaudaciones vinculadas a transacciones inmobiliarias y el verdadero volumen económico que mueve el sector.
“Se considera que mínimo el 50 % de las transacciones inmobiliarias se hacen a través de agentes inmobiliarios”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que gran parte de esa actividad no queda reflejada con claridad dentro de los mecanismos de control tributario y regulatorio.
Para Grullón, la futura legislación permitiría crear un sistema más estructurado de registro, licenciamiento y verificación sobre quienes operan de manera habitual dentro del mercado inmobiliario.
Licencias, controles y validación fiscal
De acuerdo con la especialista, quienes deseen dedicarse de forma habitual a la intermediación inmobiliaria deberán cumplir requisitos técnicos, éticos y fiscales antes de obtener autorización para operar.
Durante la entrevista, explicó que el proceso incluiría validaciones relacionadas con capacitación, antecedentes, cumplimiento tributario y obligaciones establecidas dentro de la normativa de prevención de lavado de activos.
“Va a permitir el filtro de que las personas que tengan su licencia sean las que realmente reúnan los requisitos”, indicó.
La abogada afirmó que el objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a compradores como a inversionistas, especialmente en un mercado donde muchas operaciones se realizan desde el exterior.
El foco sobre el lavado de activos
Uno de los aspectos más sensibles señalados por Grullón fue la vulnerabilidad del sector inmobiliario frente al ingreso de capitales ilícitos.
La especialista explicó que, aunque el sector está sujeto a obligaciones relacionadas con prevención de lavado, continúa siendo un área particularmente expuesta por la magnitud de dinero que moviliza y por las limitaciones actuales de supervisión.
“El sector inmobiliario es uno de los que más se permea”, sostuvo al referirse a operaciones vinculadas con corrupción, narcotráfico y lavado de activos.
Según explicó, el proyecto busca cerrar parte de esos vacíos mediante mayores mecanismos de control y trazabilidad sobre las operaciones de compra, venta y promoción de inmuebles.
En ese sentido, consideró que la regulación permitiría reducir significativamente la colocación de propiedades financiadas con recursos de origen ilícito.
Más allá de agentes y comisiones
Aunque gran parte del debate público se ha concentrado en las licencias para agentes inmobiliarios y abogados, Grullón insistió en que la propuesta busca reorganizar el ecosistema completo del sector.
La pieza incluye disposiciones para desarrolladores, promotores y agencias, además de principios generales relacionados con transparencia, buena fe y protección al consumidor.
También contempla sanciones económicas y administrativas para quienes incumplan la normativa, incluyendo multas, suspensión y revocación de licencias.
La jurista aseguró que el proyecto no pretende limitar la actividad inmobiliaria ni imponer controles excesivos, sino establecer reglas mínimas en un mercado que ha crecido aceleradamente durante los últimos años.
Un cambio con impacto económico
Para Grullón, la aprobación de la ley tendría efectos más amplios que la simple organización del sector.
A su juicio, una mayor transparencia en las operaciones inmobiliarias podría traducirse en un incremento de las recaudaciones estatales y en una mayor confianza para inversionistas nacionales y extranjeros.
“Va a haber un aumento significativo en la recaudación del Estado”, afirmó.
La especialista considera que el país enfrenta una oportunidad para fortalecer la seguridad jurídica del mercado inmobiliario en un momento donde el desarrollo de proyectos y la inversión extranjera continúan creciendo en distintas zonas del territorio nacional.
“Va a ser un antes y un después”, concluyó.
Lecturas recomendadas:
- Ley de intermediación inmobiliaria redefiniría rol de abogados en ventas de propiedades en el país, afirma María Cristina Grullón
- Estos son los tipos de licencias que plantea el proyecto ley de intermediación inmobiliaria aprobada en el Senado
- Proyecto ley de intermediación inmobiliaria contempla departamento de registro y control
