Las suspensiones suelen producirse por incumplimientos como la falta de protección al personal, ausencia de comités de seguridad o condiciones de riesgo en la obra
SANTO DOMINGO.- La paralización de una obra de construcción por parte del Ministerio de Trabajo no solo frena el desarrollo de un proyecto, también abre una pregunta clave dentro del sector: ¿quién asume la responsabilidad?
¿Quién es el responsable?
No hay una única respuesta.
De acuerdo con la abogada laboral Darnetty Lugo, la responsabilidad en estos casos puede ser solidaria y dependerá de lo establecido en los contratos entre el desarrollador y el contratista. Esto implica que más de un actor puede estar obligado a responder por las fallas detectadas.
Según explicó, estas suspensiones suelen producirse por incumplimientos como la falta de protección al personal, ausencia de comités de seguridad o condiciones de riesgo en la obra. En ese contexto, las empresas deben garantizar seguridad y registrar a sus trabajadores, incluso de forma temporal, en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
El peso recae en quienes tienen control
Desde la perspectiva laboral, la carga principal recae sobre las empresas involucradas en la ejecución del proyecto. Conforme indicó la especialista, tanto el desarrollador como el contratista pueden asumir consecuencias, dependiendo de su rol y del nivel de control que ejerzan sobre las condiciones de trabajo.
Este enfoque responde a un principio claro: la responsabilidad se asigna a quienes tienen capacidad de decisión dentro de la obra.
¿Qué pasa con los trabajadores?
En este escenario, los trabajadores no son responsables de la paralización. Por el contrario, son los sujetos protegidos por la normativa laboral.
Un punto clave, según precisó Lugo, es que si la suspensión ocurre por causas atribuibles a la empresa, los empleados deben recibir su pago, aun cuando no estén laborando durante ese período.
Una responsabilidad que también alcanza lo técnico
Desde el ámbito inmobiliario, la abogada Ana Bello explicó que la determinación de responsabilidad es multidimensional y depende tanto de la cadena contractual como del tipo de incumplimiento detectado.
En ese sentido, señaló que el desarrollador mantiene una carga principal al ser quien debe garantizar condiciones seguras de trabajo, lo que puede derivar en sanciones administrativas, civiles e incluso penales en caso de incumplimiento.
Ana Bello, abogada especialista en derecho inmobiliario. (Archivo/El Inmobiliario).
Asimismo, indicó que el contratista no queda exento. Cuando la obra se ejecuta mediante terceros, existe una responsabilidad solidaria sobre las condiciones de seguridad del personal, independientemente de los esquemas de subcontratación.
A esto se suma la posible responsabilidad de los profesionales encargados de la supervisión técnica. Ingenieros y arquitectos pueden incurrir en faltas si las deficiencias están vinculadas a negligencia en sus funciones.
Una medida que va más allá de la sanción
La paralización de obras por razones de seguridad no solo implica consecuencias legales, sino que refuerza la necesidad de cumplir con las normas desde el inicio. En este escenario, la legislación dominicana prioriza la protección del trabajador y distribuye la responsabilidad entre todos los actores con poder de decisión dentro del proyecto.
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