Oscila entre el 6 y el 8% del precio total del inmueble, el monto aplicado como bono y es el equivalente al ITBIS que pagan los ingenieros durante la construcción
SANTO DOMINGO.-Vivienda de Bajo Costo es un programa creado por el Estado para motivar a familias y personas en la adquisición de su primera casa; de paso ayudarlas a llenar el vacío de un bien básico para la existencia del ser humano.
La etiqueta de «bajo costo» tiende a confundir, pues muchos creen que se trata de viviendas para el segmento más vulnerable, lo cual es un mito. El plan establecido mediante la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en República Dominicana, del 22 de julio 2011, está reservado a una porción de la población, pese a las facilidades que incluye.
La especialidad de Alleny Garabito de TimeHoms Inmobiliaria, es justamente esta área, por lo que con voz autorizada aclara el asunto. La venta de fideicomiso, no es complicada pero realmente es especial porque todo el mundo cree que puede comprar una propiedad de bajo costo y no es así. Actualmente para calificar el adquiriente debe ganar entre 80 y 100 mil pesos”.
A través de la Dirección General de Impuestos Internos, el gobierno fijó en RD$3,829,454.43 el precio tope para la venta de las viviendas de bajo costo desarrolladas por los fideicomisos, para el presente año. Sin embargo, la subida de los materiales de construcción como consecuencia del coronavirus ha provocado que el Senado apruebe una resolución que eleva a 4.5 millones, cifra que aún no ha sido oficializada, pero que es la que están utilizando los constructores de referencia.
La Ley de Fideicomiso no es exclusiva para los programas de viviendas gubernamentales. “Lo que sí tienen que ser es constructoras con arraigo, y solvencia económica. Son compañías que las fiduciarias depuran”, explica con veteranía la agente que actualmente maneja alrededor de 15 proyectos de bajo costo.
Desde la creación de la Ley, Garabito con 21 años en la industria inmobiliaria, ha estado ligada a los planes de viviendas de bajo costo. De hecho, su inmobiliaria incursionó en 2013, con uno de los primeros proyectos levantados en Villa Mella, aunque su empresa vende diversidad para los distintos públicos.
El programa no siempre resulta atractivo para los corredores de bienes raíces porque aunque amplio, es complicado. Es un negocio a largo plazo, lo que vendes ahora lo cobras hasta en un año depende del acuerdo con el constructor, dice la experta.
Oscila entre el 6 y el 8% del precio total del inmueble, el monto aplicado como bono. Es el equivalente al ITBIS que pagan los ingenieros, durante la construcción del mismo.
Está facilidad está siendo aprovechada masivamente por los dominicanos residentes en el exterior. “Porque ellos hacen los cálculos en dólares, no lo ven tan costosos pero aquí es un dineral, muchos cuando llegan al banco no califican y la situación se torna peor ahora con la subida que han registrado los proyectos”, abunda.
Se pregunta cuantos apartamentos serán devueltos en los próximos meses, de clientes precalificados por los bancos en base a sus ingresos, hoy con precios disparados hasta en un millón, en muchos casos.
“Todas las propiedades de bajo costo han subido. Algunas empezaron incrementando 400 y 500 mil, pero manejo uno que de 2.6 subieron a 3.9.millones. Hay otro que todos los días están cambiando el listado”, establece la experimentada agente.
Se queja de la poca protección que dispensan a los corredores las fiduciarias y los constructores, a pesar del rol que han jugado en la difusión del programa de fideicomiso “Las fiduciarias nunca han ido a promover y a veces siento que no nos defienden como deberían en cuanto a la forma, deberían darnos más apoyo”, dice.
Entiende que la Ley de Fideicomiso vino a revolucionar y cambiar el mercado de bienes raíces. “Es una figura que le brinda a todos los involucrados garantías tanto al que aporta el terreno como al cliente final que es el adquiriente”.
Y termina señalando que el plan ofrece un mundo de oportunidad a personas que no pensaban que tendrían una propiedad, incluyendo la exención del 3% del impuesto que pagan los inmuebles.
