SANTO DOMINGO.– La tragedia del Jet Set marcó un antes y un después en la conversación nacional sobre la seguridad de las edificaciones. El colapso del techo de la discoteca en 2025, que dejó más de 230 fallecidos y cientos de heridos, puso bajo escrutinio el estado real de las infraestructuras del país, tanto privadas como públicas. Desde entonces, nuevos incidentes en hospitales han reforzado una preocupación que ya no puede tratarse como hechos aislados, sino como señales de un problema estructural que exige respuestas institucionales claras y sostenidas.
Tras el Jet Set, el Gobierno anunció una revisión integral de los protocolos de inspección de edificaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) intensificaron las evaluaciones técnicas en centros de uso masivo. La Presidencia reiteró que la prioridad sería garantizar la seguridad de las personas, con énfasis en hospitales, escuelas, centros de entretenimiento y edificaciones gubernamentales.
El caso sigue siendo el punto de referencia más dramático. La Procuraduría General de la República mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades civiles y penales. El presidente Luis Abinader expresó que el Estado debía acompañar a las víctimas y, al mismo tiempo, asegurar que tragedias de esa magnitud no vuelvan a repetirse, fortaleciendo la fiscalización técnica y la supervisión de estructuras de alto flujo de person
Hospitales bajo presión: La presión sobre la infraestructura pública construida
San Francisco de Macorís: el Hospital Ángel Gastón en el centro de la atención.
El incidente más reciente ocurrió el martes 20 de enero de 2026, cuando se reportó un supuesto desprendimiento de plafones del techo en el Hospital Regional Ángel Gastón, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. El Servicio Nacional de Salud (SNS) aclaró que los plafones fueron retirados por disposición del director ejecutivo, Julio César Landrón, tras una supervisión realizada en el centro.
Este hospital fue inaugurado en noviembre de 2025, con su primera fase en funcionamiento desde el 15 de diciembre. La segunda etapa está prevista para el 2 de febrero de 2026 y una tercera fase para el 2 de marzo. El caso generó inquietud pública, no solo por tratarse de una infraestructura recién inaugurada, sino porque volvió a colocar la calidad constructiva y la supervisión técnica en el centro del debate.
San Cristóbal: plafones en el área de emergencias del Juan Pablo Pina
Ese mismo martes, medios nacionales informaron sobre el “colapso” del techo en el área de emergencias del Hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal. La situación llevó inicialmente a reportes de evacuaciones del personal médico y pacientes.
El director del centro, Wagner Guzmán, explicó luego que solo se desprendieron cuatro plafones del techo, sin dejar heridos ni pérdidas humanas. El SNS confirmó que brigadas técnicas fueron enviadas para inspeccionar la infraestructura y corregir las deficiencias detectadas.
Azua: colapso en una obra hospitalaria en construcción
En diciembre de 2025 también se reportó el desplome del vaciado de la losa de piso del segundo nivel del Hospital Pediátrico Materno-Infantil Simón Striddels, en Azua, durante los trabajos de ampliación y remozamiento. No hubo víctimas ni heridos.
El SNS informó mediante un comunicado que equipos de ingeniería realizarían las evaluaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad de la construcción de los tres niveles proyectados. El incidente obligó a revisar el diseño, la ejecución y los controles de supervisión de la obra.
La pregunta de fondo: supervisión, diseño y mantenimiento
Hasta ahora no se ha determinado si los incidentes recientes responden a debilidades en la supervisión de las construcciones, fallas en los controles técnicos, problemas de diseño, inexperiencia de contratistas o insuficiente capacidad de los equipos de ingeniería vinculados al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) y al SNS.
Lo que sí queda claro es que el sistema hospitalario está sometido a una presión constante que combina envejecimiento de infraestructuras, obras en ejecución, mantenimiento irregular y una demanda de servicios cada vez mayor. Mientras tanto, se espera que se agilicen los trabajos de construcción y remozamiento de hospitales clave, como el Padre Billini, en la Zona Colonial, y el hospital municipal de Dajabón.
La remodelación del Padre Billini inició en 2018, con una inversión superior a los RD$2,100 millones, y aún mantiene fuera de servicio el área de Emergencias médicas. La prolongación de estos proyectos también ha sido motivo de cuestionamientos sobre planificación, ejecución y tiempos de entrega.
Para el sector construcción e inmobiliario, estos procesos de revisión técnica tienen implicaciones directas en costos de obra, tiempos de entrega, certificaciones estructurales, seguros de construcción y estándares de calidad exigidos por inversionistas y financiadores.
Cuando la seguridad hospitalaria se vuelve política pública
La seguridad de las edificaciones hospitalarias deja de ser un asunto técnico para convertirse en un tema de salud pública, gestión institucional y credibilidad del Estado. No se trata solo de evitar tragedias, sino de garantizar que los espacios destinados a salvar vidas no se conviertan en factores adicionales de riesgo.
Después del Jet Set, la República Dominicana entró en una etapa en la que la tolerancia a las fallas estructurales es cada vez menor. El desafío ahora es pasar de la reacción puntual a un sistema permanente de inspección, certificación y mantenimiento que convierta la prevención en una política de Estado y no en una respuesta tardía ante cada nuevo incidente.
La creación de un sistema permanente de inspección estructural también se convierte en una señal para el mercado inmobiliario y de la construcción, ya que eleva los estándares técnicos exigidos para proyectos públicos y privados.
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