SANTO DOMINGO.– La decisión que envió a juicio de fondo a Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Canaán y los demás implicados en el denominado caso Intrant ha reavivado el interés sobre el alcance de las acusaciones que pesan sobre los imputados.
De acuerdo con el Ministerio Público, los cargos retenidos por el tribunal podrían exponer a varios de ellos a penas de hasta 20 años de prisión en caso de ser hallados culpables durante el juicio.
Así lo afirmó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, luego de que el pasado viernes 5 de junio la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitiera un auto de apertura a juicio contra los principales acusados del expediente.
La magistrada acogió gran parte de la acusación presentada por el Ministerio Público, aunque excluyó la calificación jurídica de terrorismo planteada inicialmente por el órgano acusador.
¿Por qué el Ministerio Público habla de hasta 20 años?
Según explicó Camacho, la posibilidad de que los acusados enfrenten condenas de hasta dos décadas de prisión no está vinculada a un único delito, sino al conjunto de infracciones que el Ministerio Público sostiene que fueron cometidas dentro de una estructura que presuntamente operó para beneficiar intereses particulares mediante contrataciones públicas.
El funcionario destacó que, pese a que el tribunal descartó la imputación de terrorismo, mantuvo otras figuras penales que forman parte del expediente, entre ellas sabotaje, lavado de activos, corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, falsificación de documentos y delitos de alta tecnología.
“La calificación jurídica que retiene el tribunal incluye el lavado de activos, lo que significa que en este caso puede haber penas que lleguen, incluso, a los 20 años de reclusión”, expresó Camacho al valorar la decisión judicial.
El representante del Ministerio Público sostuvo además que la exclusión del cargo de terrorismo no debilita la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje”, afirmó.
Del contrato millonario a los tribunales
El origen del caso se remonta a junio de 2023, cuando el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) adjudicó a la empresa Transcore Latam S.R.L. un contrato valorado en más de RD$1,317 millones para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Desde el inicio, varias empresas participantes cuestionaron la adjudicación al alegar presuntas irregularidades en el proceso y deficiencias en la capacidad técnica de la compañía seleccionada.
Las denuncias provocaron una investigación de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que suspendió el contrato y posteriormente anuló la licitación tras identificar irregularidades en la documentación presentada por la empresa adjudicataria.
La licencia de Hugo Beras
La controversia también tuvo consecuencias políticas y administrativas.
En medio de las investigaciones sobre el proceso de contratación, Hugo Beras solicitó una licencia de sus funciones como director del Intrant mientras avanzaban las pesquisas relacionadas con el proyecto de semaforización inteligente.
Lo que inicialmente parecía un conflicto administrativo derivado de una licitación cuestionada terminó convirtiéndose en una investigación penal de gran alcance que involucró a funcionarios públicos, exservidores estatales, empresarios y varias compañías privadas.
Operación Camaleón: cuando el caso escaló
El expediente alcanzó uno de sus momentos más relevantes en octubre de 2024, cuando el Ministerio Público ejecutó una serie de allanamientos y arrestos como parte de la denominada Operación Camaleón.
Entre los detenidos figuraban Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
De acuerdo con las autoridades, la operación buscaba desmantelar una estructura que habría utilizado procesos de contratación pública para favorecer empresas vinculadas entre sí y obtener control sobre sistemas tecnológicos estratégicos del Estado.
Las investigaciones también incorporaron acusaciones relacionadas con el presunto sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo, un episodio que provocó importantes trastornos en la movilidad de la capital.
Lo que sostiene el Ministerio Público
Según la acusación presentada por la Pepca, los imputados formaban parte de una organización integrada por funcionarios públicos, exservidores estatales y particulares que habrían utilizado sociedades interpuestas, prestanombres y documentación presuntamente falsa para garantizar la adjudicación irregular del contrato de semaforización.
El Ministerio Público sostiene que la estructura logró obtener el control del proceso licitatorio y favorecer empresas vinculadas al empresario José Ángel Gómez Canaán.
Asimismo, la acusación señala que mediante contratos y convenios con compañías como Transcore Latam, Dekolor, PagoRD Xchange y Aurix se habría creado un esquema destinado, presuntamente, a desviar recursos públicos, ejecutar operaciones de lavado de activos y obtener acceso privilegiado a infraestructuras tecnológicas consideradas estratégicas para el Estado.
Lo que ocurrirá ahora
La apertura a juicio emitida el pasado viernes no implica una condena ni determina la culpabilidad de los acusados.
La decisión judicial únicamente establece que existen elementos suficientes para que el expediente sea conocido en un juicio de fondo, donde el Ministerio Público y las defensas presentarán sus pruebas y argumentos ante el tribunal.
Será durante esa etapa cuando la justicia dominicana determine si las acusaciones formuladas por el Ministerio Público pueden ser probadas y si procede o no la imposición de las penas que, según ha sostenido el órgano persecutor, podrían alcanzar hasta 20 años de prisión para algunos de los implicados.
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