SANTO DOMINGO.- El proceso judicial que investiga un presunto fraude millonario en la empresa Comercial Barra Payán podría extenderse más allá del período ya auditado. Así lo advirtió Yarissa de los Santos, abogada de los querellantes, al explicar que la auditoría forense que sustenta el expediente solo cubre los años 2019 al 2022, dejando abiertos otros períodos que aún no han sido examinados por peritos independientes.
Según explicó la jurista en entrevista con El Inmobiliario, el caso llegó a su conocimiento cuando ya existía un informe técnico elaborado por un auditor independiente designado conforme a los procedimientos del Colegio Dominicano de Contadores Públicos Autorizados. Dicho informe determinó un desfalco de RD$39.7 millones durante la gestión administrativa de ese período. “El caso llega a mis manos ya con una auditoría forense que estableció un desfalco de 39.7 millones de pesos entre 2019 y 2022”, precisó De los Santos.
Investigación preliminar y posibles nuevos hallazgos
La abogada explicó que, tras la auditoría inicial, se activaron diligencias investigativas ante el Ministerio Público para identificar a los posibles responsables. A partir de esas actuaciones, la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó órdenes de arresto contra los administradores de hecho y de derecho de la empresa, así como contra el gerente financiero, con el objetivo de judicializar el proceso.
No obstante, De los Santos subrayó que el expediente se encuentra todavía en una fase preliminar. “Lo que se tiene hasta ahora es preliminar; después de la medida de coerción es que inicia formalmente la etapa investigativa como tal”, señaló, dejando claro que el alcance del caso aún no está cerrado y que las conclusiones definitivas dependerán del avance de las pesquisas.
En ese contexto, la defensa de los querellantes advirtió que existen períodos posteriores que no han sido auditados, particularmente entre 2023 y 2025, en los cuales podrían detectarse nuevas irregularidades. “Esos años no han sido auditados por un perito independiente, por lo que podrían encontrarse otros montos y otras irregularidades”, afirmó la jurista, al explicar que la investigación podría ampliarse conforme se incorporen nuevos elementos probatorios.
Debate judicial y curso del proceso
De los Santos rechazó los argumentos de la defensa técnica de los imputados, quienes han intentado presentar el conflicto como un asunto de herencia entre hermanos. Aclaró que el proceso no gira en torno a particiones patrimoniales, sino a una presunta administración desleal y al ocultamiento del destino de los fondos de una empresa que, según indicó, lleva varios años sin distribuir dividendos a sus socios.
Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se fije la audiencia de medida de coerción, la cual fue aplazada tras una recusación presentada contra la jueza originalmente apoderada del expediente. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene a los imputados detenidos de manera preventiva, en tanto se decide la medida que garantizará su comparecencia durante el proceso judicial.
De acuerdo con la abogada, se trata de un expediente complejo que podría extenderse en el tiempo. “No estamos debatiendo culpabilidad todavía, sino garantizando que los imputados comparezcan mientras se investiga y se judicializa el caso”, concluyó.
Contexto: qué se investiga en el caso Barra Payán
El expediente judicial gira en torno a un presunto fraude superior a RD$39.7 millones dentro de la empresa Comercial Barra Payán, entidad que opera los conocidos establecimientos Barra Payán y Panadería Payán. Según la investigación del Ministerio Público, las irregularidades habrían ocurrido principalmente entre 2019 y 2022 y estarían vinculadas al manejo administrativo de la sociedad.
Entre los imputados figuran Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, este último identificado como gerente financiero. Las autoridades sostienen que los acusados habrían desviado fondos de manera sistemática aprovechando su condición de socios y administradores.
La acusación se apoya en una auditoría forense que detectó discrepancias entre las ventas reportadas y los depósitos realizados en las cuentas de la empresa, así como transferencias a personas sin funciones administrativas. El Ministerio Público tipifica los hechos como abuso de confianza, conforme al artículo 408 del Código Penal dominicano.
El proceso se encuentra en una fase inicial de judicialización. Tras las órdenes de arresto, el tribunal deberá decidir la medida de coerción que garantice la presencia de los imputados durante la investigación, mientras familiares y socios afectados figuran como querellantes en un caso que podría ampliarse si nuevas auditorías confirman irregularidades adicionales.
El Inmobiliario intentó contactarse con el abogado defensor Francisco Dominguez Abreu pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.
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